Fuera de la carrera electoral del próximo 8 de junio en Misiones, el Partido Justicialista en la provincia sigue inmerso en una crisis entre la intervención ordenada por Cristina Fernández de Kirchner y la resistencia de las autoridades desplazadas a esa medida.
Hay un doble camino judicial. El primero, iniciado por la intervención encabezada por Máximo Rodriguez y Gustavo Arrieta, para que el Consejo Provincial saliente que presidía Myrian Comparin entregue los bienes, documentaciones y otras documentaciones.
En ese caso, se produjo la novedad del viernes: los interventores revelaron que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas con Competencia Electoral dictó una resolución en la que ordenó la constatación por parte del Oficial de Justicia sobre el estado de ocupación del inmueble sito en Avenida López y Planes 2964 de la ciudad de Posadas.
También informó que se «corrió vista del expediente al Fiscal para que determine si la conducta de Comparín puede encuadrarse dentro del delito de desobediencia a la autoridad, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 239 del Código Penal«.
El otro tema judicializado por el apoderado de Comparin fue la suspensión del acto de intervención, al considerar que no había condiciones ni era el Consejo Nacional de CFK el habilitado para hacerlo, dado que la Carta Orgánica establece esa potestad al Congreso partidario.
Un tema que deberá definir si acepta el amparo la misma jueza Federal con competencia electoral de Posadas, Verónica Skanata, que se encontraba en uso de licencia y era subrogada por su par de Eldorado, Miguel Guerrero.
