Los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas radicaron una presentación contra el decreto 2084/24 anunciado el pasado 22 de septiembre, por el que fueron expulsados de la fuerza, los 7 policías y el retirado Ramón Amarilla, que están detenidos por supuesta “sedición” y “conspiración”.
La destitución de los ocho policías que eran referentes de la Mesa de Diálogo de la fuerza, que fueron acusados de “sedición” y “conspiración”, sumó otro capítulo judicial este lunes, con la presentación de un amparo contra el decreto 2084/24 que exoneró y expulsó a los mencionados, que permanecen detenidos en el marco de la causa que instruye el juez de instrucción N° 3 Fernando Verón.
Esta destitución fue anunciada el 22 de septiembre pasado, en una conferencia de prensa del gobernador junto a las autoridades de los tres poderes del Estado provincial y por tal motivo, en el amparo promovido por los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas, halan del estado de indefensión de los expolicías detenidos y de la totalidad de los ciudadanos misioneros, al coincidir en una misma medida, de dudosa legalidad, al gobernador Hugo Passalacqua, al presidente de la Legislatura Oscar Herrera Ahuad y la presidente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rossana Pía Venchiarutti. También estuvo presente en el anuncio, el jefe político de las fuerzas de seguridad, el Ministro de Gobierno Marcelo Pérez.
“Tenemos por mandato y exigencia de todo el pueblo de Misiones el compromiso de hacer que la vida de los misioneros y las misioneras transcurra en paz”, había expresado en ese momento Passalacqua, uno de los que firmó el decreto 2084/24.
Este lunes, los abogados Rivas y Paredes presentaron el amparo judicial contra el decreto que aún no fue publicado en el Boletín Oficial de Misiones. En el escrito, argumentan que la situación de los policías detenidos representa “una vulneración de derechos fundamentales” y “una grave afectación del debido proceso”.
Asimismo, Paredes y Rivas consideran que la destitución es una “represalia” del poder político en Misiones, por el rol de los policías como delegados en negociaciones salariales en el marco de la Mesa de Diálogo. Pese a ser reconocidos como representantes en la mesa de diálogo paritaria, ahora se los acusa de sedición de “manera arbitraria”, dejándolos en “absoluta indefensión”.
“La detención y posterior cesantía han generado un impacto negativo en sus vidas y en las de sus familias, llevándolas a una situación de indigencia”, subrayaron en el amparo, de acuerdo con El Diario Ar. El escrito ya está en conocimiento de los ministros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, que avalaron la destitución y pérdida del estado policial de los detenidos que están acusados de “sedición” y “conspiración”.
Ahora, la justicia provincial deberá evaluar ahora la medida cautelar solicitada y determinar si se le hace lugar hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El escrito brinda los datos de los ocho policías dejados cesantes, el Oficial Ayudante Diego Hernán Correa; Oficial Ayudante Horacio Ezequiel Coutto; Suboficial Ayudante Iván Ezequiel Arrieta; Sargento Ramón Alejandro Arrieta, Sargento Lisandro Ramón Canteros; Sargento Joaquín Alejandro Orrego; Cabo primero Adolfo Basilio Guirula y el Suboficial Mayor (retirado) Ramón Oscar Amarilla, y de sus hijos, quienes fueron los más perjudicados por la destitución con tintes de persecución política, por tratarse de delegados de la mesa de diálogo de la policía.
“En el carácter invocado venimos a interponer acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y del 16 de la Constitución de la Misiones, como así la LEY XII – N.° 2 (Antes Decreto Ley 368/67) contra el (poder ejecutivo de la provincia) por la manifiestamente arbitraria e ilegal cesantía decretada en contra de los suscriptos, violando el debido proceso, el derecho de defensa, afectando con ello los derechos de quienes han sido alcanzados por la resolución de la autoridad máxima del poder ejecutivo expresada a través del Decreto 2084/2024 sino también a nuestras familias, especialmente a nuestros hijos menores y personas a cargo”, puntualizaron en el amparo, los representantes de los expolicías.
“En base a ello se requiere la nulidad del decreto por violación del debido proceso, previa medida cautelar que devuelva a los suscriptos su situación de revista y el derecho a percibir los haberes de acuerdo a las condiciones en las que actualmente se encuentran, circunstancia que entre otras cosas permitirá que todas las personas que están a cargo nuestro –hijos-esposas-madres- muchos de los cuales además requieren atención especial por condiciones de salud, accedan a los beneficios de la obra social, asignaciones familiares y demás recursos vitales para la subsistencia misma de nuestras familias”, sostiene el amparo que llegó a la redacción de www.radioup.com.ar.
“En tal sentido, deberá declarar la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta e insanable del decreto de cesantía y como consecuencia retrotraer la situación hasta el momento previo, garantizando a los suscriptos todos los derechos que nos caben como ciudadanos y como funcionarios policiales según las normas constitucionales, convencionales y legales vigentes”, advirtieron los abogados Paredes y Rivas.
El amparo recalca que todos los detenidos y dejados cesantes de la fuerza formaron parte del “Cuerpo de Delegados del Personal Policial y Penitenciario, en el caso del Sr. Amarilla desde hace más de 10 años”. “Este nuevo Cuerpo de Delegados ha logrado el acuerdo paritario del 29 de Mayo 2024 y participo de dos audiencias paritarias, una en Julio y la 2da en Septiembre de este año, sin que se alcance acuerdo con la patronal provincial”, describe el amparo.
“Presumimos que ante la no aceptación de las propuestas se han dado estas respuestas sancionatorias y persecutorias de la patronal. Es sabido que la situación de no sindicalización de las fuerzas policiales, implica siempre la creación de modalidades de representación sui generis, pero plenamente legales bajo el amparo del art. 14 bis de la Constitución Nacional, a los fines de llevar los reclamos colectivos al empleador y peticionar ante las autoridades, y en esta tarea nos hemos involucrado la totalidad de los que hoy nos encontramos cesanteados”, detalla el amparo presentado por los abogados Rivas y Paredes, en representación de los uniformados detenidos.
En un tramo saliente del escrito, se hace referencia a la causa que instruye el juez Fernando Verón, que por estar en esa etapa, está lejos de determinar responsabilidades penales y condenas por el supuesto plan de sedición. “En el marco de dicha causa y previendo tal vez el gobierno provincial (…) la posibilidad de otra movilización y medida de fuerza como las que se sucedieron en el mes de mayo de este año, con amplia trascendencia nacional, comienzan una serie de acciones de persecución y hostigamiento, impulsando la causa penal y terminan con nuestra detención en fecha 19 de Septiembre”, describe el amparo.
“Estando detenidos se nos notifica en un mismo acto y acta como consta tanto de la instrucción de un sumario interno como del decreto que ordenaba nuestra cesantía”, se advierte en el amparo,
Y agrega el escrito: “De tal expediente administrativo –sumario interno- no hemos tenido nunca vista ni oportunidad alguna real, concreta y con debido asesoramiento letrado de descargo y /o ejercicio de nuestro derecho de defensa, al punto que se han salteado las normas del procedimiento administrativo al ser resuelta por la ultima autoridad del proceso administrativo quien debía eventualmente hacerlo en carácter de última instancia de revisión administrativa”.
“No es un dato menor que este decreto no se dicta en el marco de una condena firme y ejecutable de quienes hoy nos vemos afectados por el instrumento, sino en el marco de una investigación penal en etapa de instrucción, es decir, con todas las posibilidades que nuestros ordenamiento jurídico –constitucional y convencional- de obtener una falta de mérito, sobreseimiento y o absolución, es decir se ha decretado nuestra cesantía por la máxima autoridad del proceso administrativo, tomando como cierto hechos delictivos –sin condena penal- vedando nuestro derecho al recurso y con ello todas las garantías constitucionales y convencionales que nos alcanzan”, plantea el amparo.
“No solo no hemos tenido oportunidad de ejercer nuestro derecho de defensa, sino ante el hecho de que la sanción ha sido dictada por la máxima autoridad del ejecutivo se restringe gravemente la posibilidad de acceder a las vías jerárquicas del recurso y con ello cualquier posibilidad de que nuestra situación sea revisada en tiempo oportuno, con la consecuente afectación de derechos de naturaleza alimentaria”, indica el escrito presentado este lunes, ante la Justicia provincial.
Por otra parte, “de lo expuesto precedentemente surge manifiesta la violación al debido proceso administrativo dada las formas y tiempos en que fueron resueltas las sanciones, las que por su gravedad debieron observar con mayor especificidad las garantías de defensa en juicio entre otros principios constitucionales y convencionales. Esto surge también de las formas en que estando todos detenidos hemos sido notificados en horas nocturnas, sin ningún tipo de asesoramiento letrado el día anterior al dictado del decreto, es decir cuando ya la decisión del Poder Ejecutivo estaba tomada, de la supuesta existencia de un expediente administrativo, sin ninguna posibilidad real de ejercer nuestro derecho de defensa”, precisa el amparo.
Por otra parte, “la gravedad institucional de la medida tomada por el ejecutivo, materializada en el decreto 2084/24 cobra mayor relevancia en la forma en que es presentada públicamente dando cuenta de su arbitrariedad y de la explicita limitación y vulneración de todos nuestros derechos”, resalta el amparo, sobre la presentación conjunta de las cabezas de los poderes del Estado misionero, cuando informaron sobre la firma del decreto 2084/24.
“Este es técnicamente significa explicitar que nuestra condición ante el estado de la provincia es de absoluta indefensión en consideración a la asimetría de facultades que enmarca la relación del administrado con el administrador, máxime cuando todo esto no puede entenderse ni interpretarse fuera del contexto de nuestros roles de delegados que han llevado adelante reclamos salariales en mesas paritarias, donde fuimos reconocidos por el propio estado como tales, hasta que arbitrariamente invierten nuestros roles pasando de ser quienes reclamamos en nombre de nuestros sectores a sediciosos”, denunciaron los abogados Paredes y Rivas, en representación de los uniformados cesanteados.
“Insistimos, no es nuestra intención aquí ahondar en la cuestión penal, pero si es necesario comprender que todos lo que estamos sufriendo, las extremas represalias están vinculada a nuestra actividad representativa”, manifiestan los uniformados expulsados de la fuerza, que actualmente siguen detenidos.
