Lo planteó la abogada Roxana Rivas, que asesora a los referentes del FTEL y otros sectores de estatales que fueron imputados por el juez Balor por el supuesto delito de daños a la Cámara de Representantes. “Hay casos en los que ni siquiera estuvieron en esa marcha” donde se produjeron los daños, “pero sí están perfectamente representados (con las imputaciones) todos los sectores que están coordinando esta protesta docente”
La imputación del juez de instrucción 6 Ricardo Balor, contra los doce referentes del FTEL, del Polo Obrero y de los trabajadores de Salud Pública por el supuesto delito de daños al edificio de la Legislatura provincial fue calificada de “descabellada” por la abogada Roxana Rivas, quien asesora a algunos de los imputados a los que les impusieron una prohibición de acercamiento a la Cámara de Representantes, que viola varios derechos constitucionales.
Para la abogada, esta decisión del juez que deberá probar que los imputados efectivamente estuvieron en la marcha del jueves 23 de mayo a la legislatura y que causaron daños al edificio, pretende “ir desanimando marchas y movimientos”, pero además, “es la materialización del protocolo antipiquetes” que impuso la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al que el gobierno de la provincia adhirió al sumarse al Comité de Crisis en mayo, en el marco de la protesta salarial de policías y penitenciarios.
Para la abogada, esta decisión del juez que deberá probar que los imputados efectivamente estuvieron en la marcha del jueves 23 de mayo a la legislatura y que causaron daños al edificio, pretende “ir desanimando marchas y movimientos”, pero además, “es la materialización del protocolo antipiquetes” que impuso la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al que el gobierno de la provincia adhirió al sumarse al Comité de Crisis en mayo, en el marco de la protesta salarial de policías y penitenciarios.
“La causa por la que eventualmente fueron imputados, pero no hay muchos datos, es por daños en la legislatura. Lo que se notificó a la mayoría ayer, es una orden de restricción de acercamiento a la legislatura. Técnicamente están notificados por lo que no podrían acercarse bajo pena de incurrir en desobediencia judicial”, explicó la abogada que es asesora legal de ATE Misiones y pertenece al área de género y derechos humanos de la CTA Autónoma.
Según Rivas, esta medida del juez Balor es una de las “estrategia para ir desanimando marchas y movimientos. Son parte de las prácticas que se aplican sobre los dirigentes, porque se los selecciona de una manera bastante subjetiva sin que puedan acreditar que hayan sido ellos, eventualmente, los autores de cualquier eventual daño”.
“Hay casos en los que ni siquiera estuvieron en esa marcha (donde se produjeron los daños el jueves 23) Pero sí están perfectamente representados (con las imputaciones) todos los sectores que están organizando y coordinando esta protesta docente”, enfatizó la abogada, fortaleciendo su planteo que apunta a que la medida judicial es persecutoria.
Sin embargo, Rivas fue más allá al vincular la orden del juez Balor con el protocolo anti-piquetes que instauró la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Es la materialización del protocolo anti-piquetes cuya inconstitucionalidad venimos denunciando desde diversos organismos de derechos humanos, inclusive con un dictamen afín de la ONU (Organización de Naciones Unidas)
Consultada sobre los alcances de la prohibición, Rivas explicó que “es una herramienta que tiene el poder (político) y si los ven (a los dirigentes) en el área de restricción los pueden detener. La idea es no generar ningún inconveniente. Se plantearán las defensas, se pedirá que se levanten las medidas y demás: estamos hablando de 12 personas que (según la imputación) representan evidentemente un gran un riesgo para la Legislatura, que es un edificio que está defendido por las fuerzas de seguridad, hoy plenamente en actividad”, ironizó Rivas, poniendo de relieve lo absurdo de considerar que un inmueble está en riesgo por el accionar de un puñado de dirigentes que reclaman salarios dignos.
Las de prohibición de acercamiento, “son medidas que tienen más fundamentación si se quiere cuando lo que se protege es una persona, y no a un edificio. En un marco de 200 metros donde no podrían acercarse. Inclusive, algunos podrían vivir en esa zona”, acotó la abogada.
“Es descabellado pensar que se protege, si esa es la intención, el edificio restringiendo la entrada de 12 personas”, sentenció Rivas, aclarando que no hay antecedentes como este. “Tenemos varias causas que vamos defendiendo, pero es la primera vez que me entero de una medida cautelar de esta naturaleza, en el marco de protestas sociales”, sostuvo.
Por otra parte, Rivas fue enfática al señalar que este tipo de medidas judiciales, que violan derechos constitucionales, son las que habilita el protocolo anti-piquetes del gobierno nacional. “No podemos dejar de ver que esto es la aplicación del protocolo antipiquetes que está resuelto, que está vigente y al que se adhirió la provincia a partir de la convocatoria al comité de crisis que lideran junto a Bullrich. Así que los pasos que parecen extraños son los que se ajustan a los procedimientos que establece el protocolo”, advirtió la abogada.
Dejando en claro que no está representando a los 12 dirigentes perseguidos por la orden del juez Balor, la abogada recalcó que “lo urgente es la medida cautelar que está limitando a los trabajadores de ingresar en esa zona, casi que están expulsados de Villa Sarita. Esa es la preocupación principal. Tendrá que probar el poder judicial que ellos son los autores de los daños y que si los hubo, fue en el marco de un desborde que también es responsabilidad del Estado, por no haber garantizado la seguridad de los manifestantes”, sentenció Rivas.
“Esa es la función que tiene el juzgado de instrucción penal, acreditar la autoría del daño y que el mismo fue doloso”, amplió la abogada, quien se mostró más preocupada porque “esta restricción que se les impone (a los 12 dirigentes) les está vulnerando otros derechos, que es el objetivo final”.
En esta línea Rivas insistió en que la justicia interviene “bastante selectivamente, cuando ya tienen a las fuerzas de seguridad disponibles, y porque parece que ese (el daño a la legislatura) es un delito y no todos los otros desbordes de otros grupos. Es parte de las prácticas que se aplican para darle una salida penal a algo (el conflicto salarial) que tendría que tener una salida política”, concluyó.
