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En una entrevista concedida al programa "Realidad Mixta" por Radio Up, Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), encendió las alarmas frente al nuevo esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno Nacional, que incluye la instalación de nuevas casillas de peaje.
Tras la polémica por la posible instalación de un nuevo punto de cobro en Puerto Rico, Misiones, el referente vial fue contundente: no se trata de un peaje legítimo, sino de un impuesto al tránsito ilegal y distorsivo que encarece toda la economía argentina.
Un falso peaje que castiga el bolsillo de todos los argentinos
Lasca instó a los medios de comunicación a corregir la terminología para dar el debate con rigor técnico y constitucional: "No digan que aumentó el peaje; digan que aumentó el impuesto al tránsito. El peaje constitucional exige tres requisitos mínimos: una obra previa finalizada, inversión de capital y una vía alternativa libre de pago. Cobrar sobre rutas existentes, destruidas y amortizadas, sin colectora alternativa, configura una doble imposición e inconstitucionalidad manifiesta", aseveró.
El coordinador de CONADUV explicó que el costo del canon vial no afecta solo a quien posee un automóvil, sino que se traslada inmediatamente al precio final de los alimentos, bienes de consumo y pasajes de transporte público.
De 44 a 98 cabinas de cobro: un peaje cada 90 kilómetros
El plan del Ejecutivo nacional prevé la suma de 54 nuevas estaciones de cobro, lo que representa un incremento superior al 100% en la red vial nacional:
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Frecuencia asfixiante: Los conductores se encontrarán con una cabina de pago en promedio cada 90 kilómetros.
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Ruta Nacional 11: En el tramo de 500 km que une Chaco con Santa Fe, se proyectan 5 peajes.
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Ruta Nacional 3: Para conectar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el puerto de Bahía Blanca se deberán abonar hasta 8 peajes.
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Impacto en el transporte de cargas: La acumulación de tarifas por eje provoca que un solo camión llegue a abonar entre 20 y 30 millones de pesos al año únicamente en concepto de pasadas de peaje.
El mito de la "inversión privada": Riesgo cero y financiamiento estatal
Frente a los anuncios oficiales de concesionamiento privado, el titular de CONADUV desmintió el ingreso de capitales de riesgo:
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Servicio insignificante: Las empresas adjudicatarias únicamente prevén tareas básicas de maleza y bacheo (corte de pasto y tapado de pozos), descartando obras estructurales de duplicación de calzada o autovías para evitar las colisiones frontales.
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Financiamiento público indirecto: Las firmas participantes acceden a crédito a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) garantizado por el fondo estatal FOGAR.
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El caso del Puente Rosario - Victoria: Registró aumentos tarifarios de hasta el 400% tras el ingreso de un nuevo concesionario privado para cobrar tarifa en una obra ya financiada por el Estado.
La caja de los combustibles: USD 3.500 millones desviados por año
Lasca rechazó la premisa oficial de la falta de presupuesto público para sostener la infraestructura caminera:
"El impuesto a los combustibles recauda cerca de 3.500 millones de dólares anuales. Es una mentira que 'no hay plata'. Con ese presupuesto se podrían construir 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año, con mantenimiento completo a cargo de Vialidad Nacional y totalmente libres de peaje."
Un llamado a los gobernadores, intendentes y legisladores
Frente al rechazo expresado por autoridades de la provincia de Misiones y mandatarios de distintos puntos del país, la posición de la CONADUV es inflexible:
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Sin atajos ni parches: Exigen suspender los pedidos de exenciones o tarifas diferenciadas localizadas ("pases libres") y recurrir a la Justicia para declarar la ilegalidad de las concesiones.
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Inacción legislativa: Denuncian que los bloques oficialistas y aliados han ausentado o congelado el debate de proyectos viales alternativos en la Comisión de Obras Públicas del Congreso.
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Urgencia en seguridad vial: Con estadísticas que rondan las 4.000 muertes y 100.000 heridos anuales por siniestros viales en Argentina, el comité insta a tratar la red caminera como una política pública prioritaria para el desarrollo logístico y la preservación de vidas humanas.
