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El inicio del ciclo lectivo 2026 se verá afectado este lunes 2 de marzo por un paro docente nacional que impacta en 15 provincias. En Misiones, la medida de fuerza impedirá el comienzo de clases en la educación pública, en sintonía con la convocatoria de los gremios docentes nacionales que reclaman una recomposición salarial urgente y una nueva ley de financiamiento educativo.
Misiones entre las provincias donde el paro impide el inicio de clases
La huelga fue anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y luego se sumaron la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), gremios que integran la CGT.
La medida coincide con la fecha prevista para el regreso a las aulas de unos 8,5 millones de estudiantes en todo el país. Entre las provincias afectadas figuran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Juan y Misiones.
Misiones, entre las provincias con salarios más bajos
En el caso puntual de Misiones, el impacto es significativo. Según datos oficiales analizados por el economista Alejandro Morduchowicz, en septiembre de 2025 un docente de jornada simple con 10 años de antigüedad percibía en la provincia un salario de bolsillo de $677.246, el más bajo del país. Esa cifra contrasta con jurisdicciones como Neuquén, donde el mismo cargo superaba el millón cuatrocientos mil pesos.
El reclamo salarial se produce en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo. Informes recientes indican que, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, los salarios docentes cayeron en promedio un 19% a nivel nacional. Además, en los últimos diez años los ingresos del sector descendieron en 21 de las 24 provincias.
Reclamos: salario, FONID y financiamiento
Entre los principales puntos del reclamo se encuentra la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba entre un 8% y un 15% del salario según la provincia, y fue eliminado por el gobierno del presidente Javier Milei hace dos años.
Los sindicatos también exigen la convocatoria regular a la paritaria nacional docente y rechazan el proyecto oficial de “libertad educativa”. En paralelo, reclaman una nueva ley de financiamiento que garantice previsibilidad en la inversión educativa y establezca un piso obligatorio de recursos para el sistema.
Actualmente, el 75% del financiamiento educativo proviene de las provincias y el 25% de la Nación. Sin embargo, distintos informes advierten que entre 2023 y 2025 la inversión nacional en educación obligatoria cayó un 76,5%, mientras que la infraestructura escolar sufrió un recorte cercano al 58,5%.