La crisis financiera de Ueno Bank en Paraguay escaló al ámbito judicial este martes, con la detención de dos integrantes de su directorio y una orden de captura contra otros seis directivos de la entidad. Entre las personas arrestadas se encuentra Mariana Torres Rubiani, quien se presentó ante una dependencia policial y quedó a disposición de las autoridades. También fue detenido Julio Daniel Rey Fernández, vicepresidente segundo del banco. Las medidas fueron dispuestas por el Ministerio Público en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles, luego de la denuncia presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP).
La disposición fiscal alcanza a ocho personas vinculadas con la conducción de la entidad financiera. Además de Torres Rubiani y Rey Fernández, figuran Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Cardoni, Diana Leticia Mongelós González, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
La orden fue comunicada a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento inmediato. Una vez concretadas las detenciones, los involucrados deberán quedar a disposición de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
La causa se inició después de que el Banco Central presentara una denuncia penal acompañada por más de 2.000 páginas de documentación relacionada con las operaciones de Ueno Bank. Entre las figuras investigadas aparecen la presunta lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra. La eventual responsabilidad de cada uno deberá determinarse durante el proceso judicial.
El Banco Central del Paraguay informa sobre el pago de la garantía de depósitos a los ahorristas de ueno bank. Se recuerda verificar las indicaciones y actualizaciones del proceso a través de los canales oficiales del BCP. https://t.co/1JYazOCWyd
— Banco Central del Paraguay (@BCP_PY) November 3, 2026
El banco quedó intervenido y los ahorros permanecen congelados
El avance de la investigación penal se produjo pocas horas después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido.
La decisión fue adoptada por unanimidad el lunes 2 de noviembre y comunicada durante la madrugada del martes. Como consecuencia, quedaron suspendidas las operaciones habituales de la entidad, incluidas las transferencias, el funcionamiento de las tarjetas, los cajeros automáticos y la aplicación bancaria.
La situación dejó a millones de clientes sin posibilidad de operar normalmente con sus cuentas y generó incertidumbre sobre la recuperación de los depósitos.
Según el régimen vigente, el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por persona y por entidad financiera, equivalente a 228.300.000 guaraníes, unos 38.000 dólares. El límite se aplica sobre el conjunto de las cuentas de cada titular y no por separado.
El plazo legal para honrar la garantía es de hasta 15 días corridos desde la aprobación de la resolución, con posibilidad de una prórroga por otros 15 días mediante una decisión fundada del Banco Central. Los saldos que superen la cobertura dependerán de los mecanismos de recuperación de activos y compensación de obligaciones.
Créditos a empresas vinculadas y cuestionamientos a la supervisión
Uno de los aspectos que forma parte de la investigación está relacionado con préstamos otorgados a empresas vinculadas con el grupo controlador de Ueno Bank.
El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, había explicado que las tareas de supervisión comenzaron en junio, cuando se detectaron indicios de operaciones crediticias que requerían una revisión más profunda. Según indicó, las relaciones entre las empresas involucradas no surgían directamente de la documentación, por lo que los técnicos debieron reconstruir el recorrido de los fondos.
Durante las verificaciones también se identificaron problemas de liquidez y deficiencias en los expedientes crediticios.
La denuncia presentada por el organismo regulador aportó documentación para que la Fiscalía investigue las operaciones y determine si existieron maniobras irregulares y quiénes pudieron haber participado.
Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay. Además, acordamos con los presidentes de ambas cámaras del congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas. Asimismo, esta ley garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas. Insto a los legisladores de todos los sectores a aprobarlo con la mayor celeridad. El Banco Central debe informar a toda la ciudadanía los plazos y mecanismos de devolución de los fondos garantizados. Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios.
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 3, 2026
Peña pidió la renuncia del titular del Banco Central
La crisis también provocó consecuencias políticas. El presidente paraguayo, Santiago Peña, solicitó la renuncia de Carlos Carvallo, titular del Banco Central, quien había dirigido anteriormente Financiera Ueno antes de asumir al frente del organismo encargado de supervisar el sistema financiero.
Carvallo puso su renuncia a disposición y comunicó que permanecería transitoriamente en funciones para acompañar el procedimiento de resolución.
Por su parte, Peña anunció un acuerdo con los presidentes de ambas cámaras del Congreso para impulsar un proyecto de ley que permita utilizar el Fondo de Garantía y comenzar la devolución de los depósitos. La iniciativa también busca asegurar la recuperación de los recursos públicos, incluidos los del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras cajas jubilatorias estatales.
La dimensión económica del caso es significativa. Según reportes internacionales, Ueno Bank tenía entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos comprometidos, mientras que el IPS mantenía aproximadamente 380 millones de dólares en la entidad.
El mandatario sostuvo que el problema corresponde a una institución particular y no a una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo. También reclamó que los responsables respondan ante la Justicia.
Con las primeras detenciones y la investigación penal en marcha, el caso Ueno Bank suma un nuevo capítulo mientras miles de ahorristas esperan precisiones sobre la recuperación de sus depósitos y el Gobierno busca garantizar los recursos públicos comprometidos.
