Tras una investigación de Nación Media estos recursos habrían sido utilizados para campañas de persecución selectiva contra sectores políticos específicos. El convenio en cuestión fue firmado el 10 de septiembre de 2020, en plena pandemia, entre el gobierno del ex presidente Mario Abdo Benítez y USAID.
Con un presupuesto total de 50 millones de dólares, incluyendo una contrapartida local de 5 millones, el acuerdo tenía como objetivos el fortalecimiento del Estado de derecho, el avance de oportunidades económicas formales, la mejora del control ciudadano y la continuidad de actividades previas de la agencia en el país.
Sin embargo, la periodista Rossana Escobar, jefa de Investigación de Nación Media, sostiene que este programa habría sido instrumentalizado con fines políticos.
“Este convenio legalizó la corrupción en el sentido de que, desde el inicio, no tenía un interés real en combatir la impunidad o fortalecer la transparencia. En cambio, los fondos fueron canalizados a organizaciones no gubernamentales que se aliaron con sectores de la oposición para generar campañas de presión mediática y escraches selectivos”, afirmó en una entrevista con medios paraguayos.
Fondos millonarios y agenda política
Uno de los ejes más cuestionados es el de “Control Ciudadano”, ejecutado a través de una red de ONGs y periodistas que, según Escobar, tenían una agenda claramente definida. “Pensábamos que estas organizaciones civiles eran movimientos genuinos contra la corrupción, pero en realidad formaban parte de una estrategia financiada para desestabilizar a un sector político en particular”, denunció.
Asimismo, según la investigación de Nación Media, el programa “Más Ciudadanía, Menos Corrupción” habría sido clave en esta estructura. Coordinado por Camilo Alcaraz, este espacio articuló la denominada “Coalición por la Legalidad”, que agrupaba a diversas organizaciones encabezadas por figuras vinculadas a la oposición. En ese sentido se reveló que Alcaraz tiene un contrato con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) hasta 2025 por un total de G. 792 millones.
El convenio con USAID también es señalado como un escudo que blindó la administración de Abdo Benítez frente a denuncias de corrupción. “A Marito nunca lo escracharon. Mientras tanto, se atacaba únicamente a un sector específico, lo que demuestra un claro sesgo en la ejecución de estos fondos”, apuntó Escobar.
Millones para periodistas y medios de comunicación
La investigadora resaltó que ciertos medios de comunicación hacían caso omiso a los escandalosos casos de corrupción en el Gobierno de Abdo durante la pandemia. A lo cual podría presumirse que recibían su contrapartida.
“Tenían una hoja de ruta. A Marito nunca lo escracharon. Van a decir que el Gobierno de Mario Abdo no tenía denuncia de corrupción, no hicieron eco de absolutamente nada. ¿Quién eran los aliados? Todos políticos de la oposición. Entraron para hacer ruido, desestabilizar, pero orientado exclusivamente hacia un lado, que era el grupo cartista. Tenían espacios en los medios, que pensábamos que realmente eran entrevistas genuinas, hasta que después empezaron a aparecer las facturas. A nivel local nosotros fuimos muy vapuleados, realmente muy estrechados y muy perseguidos por esta situación, porque éramos un grupo chiquitito, diminuto que se ponía en contra toda una red de periodistas sagrados, de medios sagrados”, esgrimió.
Ahora se supo que, según WikiLeaks, la agencia de cooperación supuestamente entregó “casi 500 millones de dólares a través de una ONG financiada secretamente por el gobierno de Estados Unidos, Internews Network (IN)”.
El documento que cita datos del 2023 detalla que IN ha trabajado con “4.291 medios de comunicación, produciendo en un año 4.799 horas de emisiones que llegan a hasta 778 millones de personas y ‘formación’ de más de 9.000 periodistas”.
Posición de Trump
El presidente Trump, desde el inicio de su segundo mandato el 20 de enero, arremetió contra Usaid, la principal agencia de distribución de ayuda humanitaria estadounidense en el mundo.
El mandatario republicano ordenó congelar la ayuda exterior estadounidense, salvo algunas excepciones, mientras se revisa durante 90 días si se ajusta a sus objetivos de política exterior.
Entre los fondos comprometidos están unos 58.000 millones de dólares en programas sanitarios y de emergencia a 120 países, siendo Colombia, Haití, Venezuela y Guatemala los que más aportes recibían en América. El viernes, el mismo Trump volvió a pedir el cierre de la agencia, cuyos empleados pasarían en el próximo mes de 10.000 a menos de 300, según The New York Times.
(Fuente: La Nación PY)
