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Las organizaciones de productores yerbateros avanzan en la elaboración de un proyecto de ley provincial de emergencia yerbatera, una iniciativa que pretende brindar herramientas legales para proteger a la producción primaria frente a la crisis que atraviesa el sector tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
El abogado Federico Padolsky, quien trabaja junto a distintas asociaciones de productores, explicó, en diálogo con Radio Up, que el proyecto aún se encuentra en etapa de elaboración, aunque ya se avanzó en los fundamentos constitucionales que sostendrán la iniciativa.
"Todavía no elaboramos el articulado de la ley. Lo que sí desarrollamos son los fundamentos jurídicos que demuestran que la Provincia tiene facultades para dictar una ley de emergencia", señaló.
Según indicó, la norma no necesitaría una estructura extensa, sino que podría contener pocos artículos siempre que cuenten con un sólido respaldo constitucional.
La base jurídica: los derechos de productores y tareferos "siguen vigentes"
Padolsky sostuvo que el principal argumento radica en que los derechos de los productores, las familias agrarias y los tareferos no desaparecieron con la modificación del funcionamiento del INYM.
Explicó que esos derechos forman parte del denominado bloque de constitucionalidad, integrado por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
"Los derechos de la producción primaria subsisten independientemente de que haya cambiado la naturaleza jurídica del organismo que los protegía", afirmó.
En ese sentido, consideró que el Estado provincial tiene el deber de garantizar la continuidad de esa tutela cuando entiende que el Estado nacional dejó de hacerlo.
La Provincia tendría facultades para intervenir
Uno de los puntos centrales de la propuesta consiste en sostener que Misiones conserva competencias suficientes para intervenir en defensa de la producción yerbatera.
Padolsky recordó que el sistema federal argentino establece que las provincias delegaron únicamente determinadas atribuciones al Estado nacional, mientras conservaron el resto de sus competencias.
A partir de ese principio constitucional, sostuvo que la Provincia podría dictar reglamentaciones destinadas a proteger los derechos afectados tras la implementación del DNU 70/2023, que eliminó las facultades regulatorias del INYM para fijar precios.
Precio mínimo sostén: una de las medidas que analizan
Aunque aclaró que el proyecto todavía no fue redactado en su totalidad, el abogado adelantó que una de las herramientas que podrían incorporarse sería la fijación de un precio mínimo sostén para la hoja verde.
Según explicó, no se trataría de intervenir sobre el precio de mercado, sino de establecer un valor que garantice la sustentabilidad económica de la producción primaria.
"La sustentabilidad de la familia agraria era uno de los objetivos que protegía el INYM. Hoy esa sustentabilidad pasa, en gran medida, por asegurar un precio mínimo", expresó.
Remarcó además que esa posibilidad sería jurídicamente viable dentro de las competencias provinciales.
Denuncian una transferencia millonaria de ingresos
Otro de los argumentos que impulsa la propuesta se relaciona con las consecuencias económicas que, según los productores, dejó la desregulación del mercado.
Padolsky aseguró que existe una importante transferencia de recursos desde el sector primario hacia la industria concentrada.
"Ya se habla de una transferencia cercana a los 1.000 millones de dólares desde los productores hacia la industria", afirmó.
Para el abogado, esta situación representa incluso una afectación al derecho de propiedad tanto de productores como de tareferos, al percibir ingresos inferiores a los que consideran necesarios para sostener la actividad.
Derechos constitucionales que, según los productores, deben protegerse
La propuesta también fundamenta la emergencia sobre la necesidad de preservar distintos derechos constitucionales, entre ellos:
- El derecho a la propiedad.
- La protección del trabajo rural.
- La defensa de la familia agraria.
- La sustentabilidad de la producción primaria.
- La preservación del ambiente.
- El ordenamiento territorial.
Padolsky sostuvo que todos estos derechos poseen protección constitucional e incluso respaldo en tratados internacionales sobre derechos humanos.
Mesa de trabajo con productores y referentes del sector
La elaboración del proyecto reúne a una amplia mesa de trabajo integrada por distintas organizaciones yerbateras.
Participan representantes de APAM, Movimiento Agrario de Misiones (MAM), Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay, Yerbateros y Tareferos, ACTIM, Impulso Yerbatero, exdirectores del sector productivo del INYM y el representante de Misiones en el directorio del INYM, Ricardo Maciel.
Además del proyecto legislativo, el espacio analiza nuevas políticas públicas y un plan de acciones para enfrentar la crisis que afecta a los pequeños productores.
El proyecto sería presentado al gobernador
Padolsky adelantó que la intención es finalizar la propuesta durante la próxima semana para elevarla al gobernador de Misiones.
El objetivo es que sea el Poder Ejecutivo quien remita la iniciativa a la Cámara de Representantes para su tratamiento.
En paralelo, explicó que también se trabaja sobre herramientas administrativas que el Gobierno provincial ya posee y que podrían implementarse sin necesidad de esperar una sanción legislativa.
También solicitarán reuniones con el gobernador y el Obispo
Como parte de la estrategia institucional, las organizaciones buscarán mantener una audiencia con el gobernador de Misiones y con el obispo de Posadas.
Según indicó Padolsky, el obispo ya manifestó verbalmente su respaldo al reclamo y recibiría a los productores durante la próxima semana.
La intención es aprovechar la presencia de representantes del interior provincial para avanzar en ambas reuniones durante la misma jornada.
Críticas a la Justicia por la demora
Finalmente, el abogado expresó su preocupación por la falta de respuestas judiciales frente a los planteos realizados contra la desregulación del sector.
Consideró que la demora en resolver las medidas solicitadas dejó a miles de productores en una situación de indefensión.
Recordó además que, pese a que existieron decisiones cautelares relacionadas con la normativa del INYM, esas resoluciones nunca llegaron a ejecutarse plenamente, prolongando un escenario que, según afirmó, profundizó la crisis económica de la producción yerbatera.
Misiones avanza con obras en 80 escuelas para asegurar el regreso a clases tras el receso invernalhttps://t.co/eBIpycRlnE pic.twitter.com/ddm4GhPXIT
— Radio Up (@radioupar) July 19, 2026
