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El ciudadano uruguayo Pablo Daniel Rodríguez Laurta fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia tras cumplirse el plazo inicial de 120 días de prisión preventiva. Está acusado como presunto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género contra su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio, además de ser investigado por el crimen del chofer Martín Sebastián Palacio.
El operativo de traslado se realizó el miércoles desde Córdoba bajo estrictas medidas de seguridad, Laurta permanecerá alojado en Concordia hasta que se concrete una audiencia ante el Juzgado de Garantías N°4, donde la Fiscalía solicitará la prórroga de la prisión preventiva al considerar que existe peligro de fuga.
Al arribar a la ciudad entrerriana, el acusado realizó breves declaraciones ante la prensa y afirmó: “La Justicia no investigó el secuestro y los abusos a mi hijo”, y luego agregó: “Quiero que se sepa la verdad”.
En paralelo, la investigación por el homicidio del chofer Martín Palacio a quien Laurta habría contactado para un traslado y posteriormente asesinado y desmembrado para robarle el vehículo se encuentra concluida y la Fiscalía evaluaría solicitar la elevación a juicio.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la noche del 7 de octubre del año pasado Palacio se reunió con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia tras acordar un viaje hacia Córdoba. Los investigadores sostienen que ambos ya se conocían y que el imputado había contratado al remisero en ocasiones anteriores. Luego del crimen, parte del cuerpo fue ocultada en la localidad de Estación Yeruá y el acusado continuó viaje hacia Córdoba a bordo del Toyota Corolla de la víctima.
Finalmente, en la capital cordobesa, Laurta habría cometido el doble femicidio de Giardina y Zamudio. Posteriormente, incendió el vehículo en la zona de Altas Cumbres y fue detenido días después en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Mientras tanto, la causa por el doble femicidio ya fue remitida a juicio en Córdoba y podría derivar en una condena a prisión perpetua. Las autoridades judiciales avanzan ahora en la coordinación de los procesos abiertos en ambas provincias.
