Desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, el gobierno nacional tuvo como política de estado la de meterse en una discusión que la ciudadanía reclamaba desde hace bastante tiempo, pero que la política evitaba por el costo que implica, en un país tan garantista como el nuestro, enfrentarse a los famosos “derechos adquiridos”.
Entre ellos, el tan proclamado derecho a la protesta. Si bien nadie niega que el derecho a huelga tiene respaldo constitucional, en Argentina, como con tantos otros derechos, se lo manipula e interpreta a conveniencia. Así, este derecho terminó deformado hasta justificar cortes de calles, avenidas y rutas sin protocolo alguno y por cualquier causa que se presuma válida.
La discusión sobre los piquetes no es algo que haya surgido con los gobiernos no peronistas de los últimos años. Ya Cristina Kirchner, al final de su segundo mandato, hablaba de legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana, por las manifestaciones que complicaba la vida de la gente. Macri intentó regular los piquetes, sin éxito. La propia Patricia Bullrich, que fue su ministra de Seguridad, reconoció hace poco que el gobierno de Cambiemos no tuvo la voluntad política de avanzar en el tema.
Milei convirtió esto en política de Estado. Casi como primera medida, impulsó un protocolo antipiquetes que Bullrich implementó con respaldo pleno, dotando a las fuerzas de seguridad de equipamiento adicional. No pasaron ni treinta días antes de que el sector piquetero saliera a la calle en pie de guerra, liderado por los Grabois y Belliboni de turno, que vieron en peligro su poder y privilegios. El “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” es claro al establecer que las fuerzas federales intervendrán frente a bloqueos de tránsito, cortes parciales o totales de rutas y otras vías de circulación.
Rápidamente, las calles recuperaron cierta normalidad (en la medida en que algo puede ser normal aquí), y las marchas disminuyeron en número. Sin embargo, la protesta del pasado miércoles tuvo un tinte distinto. La “defensa de los jubilados” fue apenas una excusa para que lo peor de la sociedad saliera a las calles. No eran jubilados quienes se encontraban allí; los pocos que asistieron legítimamente quedaron atrapados en el fuego cruzado de barrabravas que solo buscaban provocar a las fuerzas federales. La marcha degeneró en violencia extrema, con destrozos que el gobierno estimó en 400 millones de pesos y 116 detenidos.
Pero, como si la justicia operara en otro universo, en apenas unas horas, la jueza federal Karina Andrade liberó a los detenidos. ¿Su argumento? El “derecho constitucional a huelga”. ¿El procedimiento? Un mensaje de WhatsApp. Sin declaraciones indagatorias, sin revisar antecedentes penales, sin buscar responsables por los destrozos millonarios. Impunidad exprés, sello del kirchnerismo.
Esto no es casualidad, sino el resultado de años de trabajo del aparato K: construir un sistema de impunidad absoluta. Ya ni siquiera se trata de reclamos legítimos, sino de una maquinaria de desestabilización en la que la violencia busca forzar al gobierno de Milei a cargar con la peor estadística posible: un muerto en una protesta. Solo eso le interesa al kirchnerismo, y no van a parar hasta conseguirlo.
Mañana veremos otro capítulo de esta historia, probablemente aún más violento. En el marco de otra marcha por los jubilados sindicatos, organizaciones sociales, barrabravas y otros actores volverán a las calles. No les importa los jubilados. Nadie marchó cuando Alberto Fernández dejó las jubilaciones en un mínimo de 80 dólares o cuando Massa para solventar la campaña manoteó las cajas previsionales Sino que será para convertir el espacio público en una arena romana, enfrentando a las fuerzas de seguridad en un nuevo intento de desestabilización.
Si algo nos han enseñado estos últimos diez años de alternancia entre kirchnerismo y no kirchnerismo, es que cuando ellos gobiernan, criticar es “de facho”. Pero cuando no lo hacen, es una obligación atacar al gobierno hasta hacerlo caer. Porque el problema nunca fue la política: el problema es que no son ellos los que mandan.
Esperemos que la marcha de mañana deje un balance más favorable, donde el foco de la noticia sea el reclamo genuino de un grupo de jubilados y no imágenes de guerrilleros sobre la avenida 9 de julio rememorando los peores momentos de la subversión en nuestro país. La Argentina quiere volver a ser un país ordenado. Aun parece que falta mucho para lograrlo.
Bryan Villalba…
