La litigiosidad relacionada con las obras sociales y las prepagas experimenta un marcado incremento a nivel nacional por incumplimientos de las empresas, según la abogada especialista en salud, doctora Miriam Medina. "Las prepagas están liberadas y apoyadas por el gobierno, pero no cumplen deliberadamente con las prestaciones", alertó en diálogo con Radio UP.
La profesional detalló que, ante la falta de respuestas concretas por parte de estas entidades, los afiliados no tienen otra alternativa que iniciar reclamos judiciales. "No es una cuestión de ganas o voluntad, sino la única vía disponible para resolver situaciones que muchas veces afectan la salud con urgencia", precisó.
Respecto al funcionamiento de la justicia, la abogada comentó que, aunque la misma trata de actuar en la medida de sus posibilidades, está saturada por la cantidad abrumadora de casos. "Si no iniciás el reclamo, menos probable es que haya una respuesta. Claro que quisiéramos que los procesos fueran más rápidos, pero la situación actual es compleja y generalizada en todo el país", explicó.
Los litigios relacionados a obras sociales crecen en todo el país
Los casos que llegan son diversos y ocurren en provincias como Misiones, Salta y Santa Cruz. Muchos usuarios pagan cuotas elevadas a prepagas que incumplen con las coberturas acordadas. Esto dificulta que las personas puedan costear un abogado para denunciar estos incumplimientos, a pesar de la gravedad de algunas situaciones.
Entre los reclamos más urgentes se encuentran casos de pacientes oncológicos, pero también niños con discapacidad, como aquellos con autismo, que no reciben servicios esenciales como el transporte escolar. Esto implica que no puedan asistir a sus centros de contención y rehabilitación, dañando su salud integral aunque no esté en riesgo inmediato la vida.

Al respecto, la abogada enfatizó en Arriba la Radio que los amparos no se inician por un deseo ociosos de los usuarios: "La gente no tiene plata para hacer un amparo, por eso acude a servicios gratuitos". Por eso, se valoran herramientas alternativas para resolver conflictos.
La Mediación Prejudicial en Materia de Salud, la PROMESA de Nación
En este contexto, entrará en vigencia próximamente el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud, conocido como PROMESA. Este sistema será obligatorio para prepagas y obras sociales en casos no urgentes y busca evitar que las controversias lleguen directamente a la justicia.
El PROMESA está pensado para resolver disputas menos urgentes, como demoras en estudios o provisiones de insumos —pañales, leche maternizada— y pretende ser un mecanismo ágil con plazos breves, entre cinco y siete días para audiencias y resoluciones.

Sin embargo, en casos de urgencia o tratamientos vitales, sigue siendo recomendable acudir directamente a la vía judicial mediante amparos para garantizar la atención rápida y efectiva.
Esta nueva instancia busca descongestionar el sistema judicial, que en 2024 registró 10.910 juicios relacionados con salud, de los cuales 7.602 fueron contra obras sociales y 2.470 contra prepagas. En lo que va de 2025, se iniciaron 838 nuevos casos. El Ministerio de Justicia coordina el PROMESA con participación del Ministerio de Salud para capacitar mediadores especializados, en un intento por mejorar la resolución de los conflictos sanitarios.
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