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Con nuevas reglas para la contratación, el Ejecutivo busca abrir el juego a más empresas y eliminar el esquema de cartelización vigente por décadas. También se moderniza el registro de cocontratantes.
El Gobierno nacional avanza con un cambio estructural en el régimen de contratación de obra pública, con el objetivo de eliminar la cartelización, abrir el mercado a nuevos actores y fomentar la competencia. La modificación quedó formalizada a través de la Disposición 24/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), publicada en el Boletín Oficial.
La normativa apunta a derribar las barreras de ingreso que impedían participar a empresas sin experiencia en obra pública local, incluyendo constructoras del ámbito privado y firmas extranjeras. A partir de ahora, se podrán presentar garantizando capacidad técnica con patrimonio o avales, sin necesidad de antecedentes previos en obras estatales.
El nuevo sistema reemplaza los antiguos mecanismos de evaluación, especialmente el polémico criterio de "capacidad constructiva", que durante décadas funcionó como filtro excluyente en favor de las empresas históricas del sector. Esa metodología era señalada como base para repartos preacordados y poca transparencia en las adjudicaciones.
Además, se implementa el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), un registro unificado que exigirá inscripción previa para participar en licitaciones públicas. Este sistema moderniza y centraliza la información de proveedores, contratistas y concesionarios del Estado.
Con la eliminación de la Disposición N.º 16/2019, los requisitos documentales también se reducen notablemente: ya no será necesario presentar balances y certificaciones de hasta 10 años de antigüedad. La evaluación ahora prioriza capacidad operativa actual por sobre el historial.
La medida forma parte del paquete de reformas impulsado por el Decreto 206/2025 y busca generar más transparencia, menos burocracia y más competencia real, permitiendo el ingreso de nuevos jugadores a un sector históricamente cerrado.
