Al menos una decena de usuarios denunciaron las múltiples y graves falencias que sufren con las nuevas concesionarias del transporte urbano Next, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario en las audiencias públicas, pero el funcionario a cargo del servicio y el representante de las empresas se defendieron en bloque y sostienen que el costo del pasaje debe multiplicarse por 10 para no “trabajar a pérdidas”.
Este lunes se realizaron las audiencias públicas para analizar el costo y el servicio del transporte urbano de pasajeros en Oberá, la instancia legal previa a un nuevo incremento tarifario que se concretará en la “Capital del Monte” al igual que ocurrió en Posadas, después de las elecciones provinciales y municipales, pero semanas antes de las elecciones PASO.
Y en Oberá, tanto el jefe del Área de Movilidad Urbana como el representante legal de las empresas, defendieron un feroz “boletazo” en la segunda ciudad de la provincia. La postura coincidente de empresas y Gobierno municipal es que con el actual costo del pasaje urbano -$70 pesos sin SUBE-, cada pasajero representa una pérdida de $437 a las empresas Next, Tipoka (Guacurarí) y Nuestra Señora del Rosario, pertenecientes ambas al Grupo Zbikoski, que recientemente logró monopolizar el servicio en Oberá.
Según el portal Infoberdigital, el primer orador fue el representante legal de las empresas concesionarias Next y Tipoka (Guacurarí), Facundo Zárate, quien solicitó el incremento del boleto y presentó los supuestos números de las empresas. Sostuvo que el transporte de cada pasajero cuesta unos $1.442, mientras que la tarifa técnica es de 660 pesos por pasajero. Según Zarate, las empresas reciben subsidios por unos $171 y con los $52 que perciben por usuario -con los valores actuales-, están perdiendo $437 por cada obereño transportado en colectivos.
De acuerdo con Zárate, las empresas operan con un déficit total de más de $205 millones, aunque, como se esperaba, no explicó cómo llegaban al número del déficit total. Si el déficit por usuario fuera $437,39 y el déficit total $208.830.083,19, tendría que haber unos 476.274 usuarios en Oberá, para que cada usuario con su déficit alcanzaran ese déficit general.
Sin ruborizarse, el jefe del área municipal de Movilidad Urbana, Fabián Pizzuti, respaldó los números brindados por las empresas del Grupo Zbikoski. Y aseguró que mejoraron las frecuencias de las líneas de colectivos, por un acuerdo con los empresarios.
Acto seguido, los usuarios pudieron hacer uso de la palabra para denunciar todo lo que padecen con el actual servicio del transporte urbano en Oberá, la consabida catarsis que llega después de que las empresas informan sus números y que los funcionarios defienden su gestión.
Así pues, más de una decena de usuarios reclamaron ante concejales y funcionarios -el representante de las empresas no se habría quedado para escuchar la totalidad de los reclamos-, por la carencia de frecuencias, el incumplimiento de los horarios, el cambio de recorridos, los ómnibus que no ingresan a barrios y escuelas, dejando a pasajeros y alumnos abandonados a su suerte. También hubo reclamos por la altura de las unidades, que dificulta el ascenso y descenso de las unidades en las paradas donde no hay veredas.
Y algunos usuarios manifestaron que el servicio, por deficiente que fuera antes, era mejor cuando operaba la concesionaria Capital del Monte, la histórica y única empresa de Oberá que fue desplazada por las firmas del grupo Zbikoski. Un docente afirmó en la audiencia de hoy que con Capital del Monte, había atrasos pero los colectivos pasaban. Además, reveló que antes podían subir y bajar en varios puntos de la ruta 14, frente a El Cóndor, el Austral y Dinco 3, ahora, la nueva empresa del Grupo Z, Nuestra Señora del Rosario, solo para en el km 10, en una zona de monte peligrosa y oscura en invierno.
Con el escenario dado, es un hecho que el boleto aumentará en Oberá, en montos cercanos a los que pretenden las empresas de transporte urbano. Más allá de las quejas de los usuarios y del defensor del pueblo Carlos Bernhardt, quien dijo en la audiencia que no hay control de servicio y que tanto las firmas como los funcionarios no revelan los montos de las multas por incumplimiento de servicios.
