El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este martes una nueva consulta popular que busca introducir profundas reformas en la Constitución: el escrito apunta a permitir la instalación de bases militares extranjeras, reducir el número de diputados y llevar a juicio político a jueces constitucionales.
La iniciativa incluye siete preguntas y, según confirmó el propio mandatario, el gobierno prevé que el referéndum se realice a fines de diciembre, siempre que cuente con el aval de la Corte Constitucional. Se trata de la segunda consulta de este tipo impulsada por Noboa desde que asumió la presidencia en noviembre de 2023, en un contexto de creciente violencia criminal. Solo entre enero y junio de este año, el Ministerio del Interior registró 4.621 homicidios.
“Estas 7 preguntas les dan el poder a los ciudadanos de escoger, de una vez por todas, si queremos, como nación, enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo”, escribió el presidente en su cuenta de X (ex Twitter), al presentar los ejes del nuevo plebiscito.

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Consulta popular en Ecuador
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es la posibilidad de permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. La reforma, que fue aprobada en junio por la Asamblea Nacional -controlada por el oficialismo-, deberá ser ratificada por la ciudadanía en las urnas.
Otros temas incluidos en la consulta apuntan a una reforma institucional de fondo: la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, la desaparición del consejo encargado de designar autoridades de control como el fiscal general, y la reducción del número de asambleístas, actualmente fijado en 151. También se plantea la posibilidad de someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional.
Esta ofensiva reformista en Ecuador se suma a la consulta popular realizada en abril de 2024, donde Noboa obtuvo un respaldo significativo: nueve de las once preguntas fueron aprobadas, entre ellas la extradición de ciudadanos ecuatorianos y el endurecimiento de penas para delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo.
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