Así lo manifestó Raúl Panero, presidente de la Federación de Legítimos Usuarios de Armas de Argentina (FLUAA), en diálogo con Radio Up 95.5, donde expuso su visión sobre la necesidad de una reforma en la legislación de armas.
El próximo 7 de agosto, el Congreso de la Nación Argentina discutirá un tema crucial que ha estado en el centro del debate público: la desregulación de la tenencia de armas.
En diálogo con este medio, Panero subrayó que es esencial para el Estado tener un control claro y preciso sobre las armas en circulación. “Es importante que el Estado tenga registro y claridad de la cantidad de estos materiales”, afirmó Panero, quien cree que un mejor registro contribuiría a una mayor seguridad y a la prevención del uso indebido de las armas.
Además, criticó duramente las políticas anteriores que, según él, han complicado el proceso para los legítimos usuarios de armas. En esta línea, recordó que la privatización de los exámenes psicofísicos para obtener o renovar la tenencia de armas ha creado obstáculos significativos.
“Se pusieron cientos de trabas”, explicó, refiriéndose a la privatización que afectó a unos 600.000 usuarios legítimos que no pudieron renovar su condición debido a la falta de acceso a las clínicas autorizadas en su región.
Cabe señalar que el FLUAA respalda el proyecto de ley en debate, argumentando que facilitar la registración de armas generaría mayor claridad y control. “Siempre es mucho mejor un arma que esté bajo el control del Estado”, dijo Panero, quien también defendió la periodicidad de cinco años para la renovación de los exámenes psicofísicos, alegando que es un período razonable para garantizar la seguridad sin crear cargas innecesarias.
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Sin embargo, esta perspectiva encuentra un contraste significativo en las opiniones de Valeria Mustoni, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Mustoni quien, en diálogo con este medio, criticó la propuesta desde una óptica diferente, afirmando que registrar armas no aborda los problemas estructurales que afectan a la seguridad pública.
“Este proyecto se plantea desde el sálvese quien pueda”, sostuvo Mustoni, añadiendo que el enfoque del Gobierno está desviado. Según ella, “las políticas actuales no resuelven los problemas urgentes de la población, sino que permiten a los ciudadanos manejar la seguridad de manera individual”.
Mustoni argumentó que la verdadera problemática radica en la gestión del delito por parte de las fuerzas de seguridad, que a menudo están involucradas en la comercialización ilegal de armas. “Las fuerzas de seguridad son las que manejan la comercialización de armas y drogas”, afirmó, citando casos de corrupción y mala gestión que perpetúan el ciclo de violencia. Para Mustoni, el registro de armas es una solución superficial que no aborda las causas profundas del problema.
Además, Mustoni cuestionó la idea de que la legalización y registración de armas contribuirán a una mayor seguridad.
“La verdad es que estamos muy lejos de una solución real. Lo que se está promoviendo es una especie de justificación de la inseguridad a través de la portación de armas”, manifestó Mustoni, a la par que indicó que “el verdadero enfoque debería ser en garantizar condiciones de vida dignas para todos, especialmente para aquellos en situaciones más vulnerables”.
