Organizaciones sociales se movilizaron este martes frente a la sede de la ANSES en distintas provincias para denunciar el impacto de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional en los sectores más vulnerables. Entre los principales reclamos, exigieron la restitución de alimentos a comedores y merenderos, la implementación de un bono de emergencia y el fin de la persecución a dirigentes sociales.
Graciela de Melo, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), dialogó con “RX – Realidad Mixta” de Radio Up 95.5 y explicó que la medida de lucha se llevó a cabo en todo el país en repudio a un modelo económico que “beneficia a los sectores más poderosos” mientras que “los barrios vulnerados sufren demasiado”.
“Tenemos que empezar a definir a qué hijo mandamos a la escuela porque no tienen zapatillas, un guardapolvo o el kit escolar”, denunció De Melo, graficando el nivel de precarización en el acceso a la educación. Según detalló, el costo de la canasta escolar hoy supera los 250.000 pesos, una cifra inalcanzable para muchas familias.
Además del impacto en la educación, la dirigente señaló que el ajuste se siente con crudeza en la alimentación. “El Estado Nacional ha recortado toda clase de ayuda, no baja un kilo de azúcar, un kilo de leche”, aseguró, en referencia a la falta de asistencia a comedores y merenderos que siguen funcionando gracias a la autogestión de vecinos y voluntarios.
Un bono de emergencia y el pedido de trabajo digno
La movilización incluyó la presentación de un petitorio con puntos específicos. El primero de ellos es la entrega de un Ingreso Familiar de Emergencia Educativa destinado a familias cuyos ingresos estén por debajo de la línea de pobreza. También exigen la restitución de los alimentos para garantizar la alimentación de miles de niños y adolescentes que dependen de los comedores comunitarios.
Otro de los reclamos tiene que ver con la apertura y aumento de los programas sociales, en contraposición con el discurso oficial que estigmatiza a quienes los perciben. “Está muy instalado en la sociedad la idea del vago planero que cobra 78 mil pesos porque no quiere laburar”, dijo De Melo, y aclaró que estos ingresos estaban destinados a unidades productivas que generaban empleo, pero que hoy están paralizadas por la falta de apoyo del Estado.
Leé más: Canasta básica | “Si se actualiza, la pobreza sería mayor”
Criminalización de la protesta
Por último, la referente social denunció el hostigamiento hacia quienes salen a protestar en las calles. “Cada vez que salimos nos encontramos con que estamos encarpetados por la justicia federal”, afirmó, en referencia a la persecución judicial a dirigentes sociales. Aunque reconoció que en la provincia de Misiones todavía reciben asistencia para comedores, advirtió que “si salís a luchar, es palo y represión”, en línea con la política de seguridad del Gobierno Nacional.
De Melo concluyó con un mensaje directo hacia las autoridades: “Dicen tener controlada la inflación, pero cuando vas al mercado te dice otra cosa”. La realidad de los barrios, explicó, desmiente los discursos oficiales y refuerza la necesidad de continuar la lucha en las calles.
