Esta decisión se dio a partir de un requerimiento del juez federal Sebastián Casanello, quien consideró concluida una parte de la investigación que involucra a Belliboni y otros acusados.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este lunes el envío a juicio oral de Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero, por presunta administración fraudulenta, extorsión y amenazas relacionadas con el programa social Potenciar Trabajo. La causa se centra en el presunto abuso de poder por parte de Belliboni, quien, según la acusación, habría montado un sistema extorsivo para controlar y manejar a miles de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a nivel nacional. Según el fiscal, el dirigente sindical habría manipulado la voluntad de los beneficiarios, aprovechando su vulnerabilidad y sometiéndolos a amenazas e intimidaciones, como la privación de alimentos o de su único medio de subsistencia, con el objetivo de obtener ganancias ilegítimas y consolidar un esquema de poder político.
En su dictamen, Pollicita señala que Belliboni y otros implicados en la causa formaron parte de una organización criminal que utilizó recursos públicos destinados a los planes sociales con fines ajenos a su propósito original. De acuerdo con la investigación, la agrupación Polo Obrero se habría apropiado de millonarios fondos públicos mediante la simulación de gastos con facturación apócrifa, lo que permitió su desvío hacia actividades políticas, en su mayoría vinculadas al Partido Obrero.
El origen de la investigación radica en denuncias presentadas por el Gobierno de Javier Milei, que alertaron sobre presiones a los beneficiarios del programa para participar en marchas y piquetes. Los fiscales aseguran que los beneficiarios no solo entregaban parte de su ayuda estatal, sino que también eran forzados a contribuir a las actividades políticas del PO bajo la amenaza de perder sus ayudas sociales.
El requerimiento del fiscal Pollicita, que comprende un extenso dictamen de más de 279 carillas, señala que la investigación demostró que los acusados defraudaron al Estado a través de la apropiación ilegítima de fondos públicos. Estos recursos eran entregados como subsidios a la agrupación Polo Obrero, que los habría desviado en beneficio propio y de terceros.
Además de Belliboni, otras 16 personas fueron procesadas en el marco de la causa, y la Cámara Federal porteña ya confirmó esas decisiones. En cuanto a los funcionarios nacionales que habrían tenido algún grado de responsabilidad en los hechos, la investigación sigue en curso.
La acusación puso de manifiesto una matriz delictiva que, valiéndose de las necesidades de un sector vulnerable de la sociedad argentina, permitió ejercer poder de forma ilegítima sobre los beneficiarios, con el fin de manipularlos y obtener un lucro indebido.
En caso de que la solicitud del fiscal sea aceptada, Belliboni y el resto de los imputados serán juzgados en un futuro juicio oral, donde se detallarán las pruebas reunidas durante la investigación.
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Fuente (Noticias Argentinas)
