En las últimas semanas, la provincia de Río Negro se posicionó en el centro de una polémica de gran envergadura debido a la decisión de ser el lugar donde finalmente se va instalar una planta de Gas Natural Licuado (GNL), en lugar de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, otro de los inconvenientes se da por el lugar escogido, siendo este en una zona de alta conservación ambiental. En este sentido, el abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, dialogó con Radio Up 95.5 durante el ciclo “El País de la Libertad” y expresó su fuerte oposición a este proyecto, calificándolo como “una verdadera locura” y advirtiendo sobre los peligros ambientales que conlleva.
Según Viale, la provincia de Río Negro tuvo que modificar su legislación de manera apresurada y regresiva para permitir la instalación de este puerto petrolero. “Río Negro tuvo que modificar su legislación para permitir la instalación de un puerto petrolero porque tenía una ley provincial que no permitía este tipo de actividades en este golfo”, afirmó, destacando el valor de conservación de la zona, que incluye áreas protegidas como la emblemática Península de Valdés.
Además, el abogado señaló que estas reformas legislativas son contrarias a la Constitución y al Tratado de Escazú, un acuerdo internacional firmado por Argentina que establece el principio de no regresión en materia de protección ambiental. “Se está flexibilizando en materia ambiental, algo que es inconstitucional y que va en contra del Tratado de Escazú», afirmó Viale, comparando estas medidas con las políticas ambientales regresivas adoptadas por líderes como Donald Trump y Jair Bolsonaro.
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Además de la legalidad del proyecto, Viale también hizo hincapié en los riesgos ambientales concretos que representa la instalación de la planta de GNL. “Este tipo de puerto lo que va a hacer es acentuar notablemente los riesgos de un desastre ambiental”, advirtió, explicando que el aumento en la actividad portuaria y la presencia de buques incrementa la probabilidad de derrames de petróleo y otros accidentes, lo que podría tener consecuencias catastróficas para la biodiversidad de la región.
La oposición al proyecto no se limita a los abogados ambientalistas. Según Viale, existe una gran movilización de sectores costeros y organizaciones locales que se oponen a la instalación de la planta, especialmente en áreas turísticas como Las Grutas, un centro turístico de gran importancia en la región.
“Gran parte de la población de Las Grutas se opone a esto. Ven el puerto como una amenaza constante”, comentó, subrayando que la promesa de generación de empleo y desarrollo económico no compensa los riesgos ambientales y sociales que implica el proyecto.
En este sentido, Viale cuestionó la posibilidad de compatibilizar los intereses de desarrollo económico con la protección del medio ambiente. “Por supuesto que hay posibilidad de compatibilidad, lo que pasa es que este tipo de emprendimientos, como la planta de GNL, no buscan ningún tipo de compatibilidad”, completó, criticando la manera en que estos proyectos se imponen sin considerar las normativas ambientales y sociales.
