En el marco de su política de austeridad fiscal, el gobierno de Javier Milei implementó nuevas medidas para reducir el gasto público, lo que incluye la congelación de nuevas contrataciones en el ámbito estatal y el establecimiento de estrictos requisitos para el ingreso al sector público. Esta decisión se suma a la política de recorte que ya derivó en la desvinculación de miles de empleados en 2024.
Según los decretos 1148/2024 y 1149/2024, publicados en el Boletín Oficial, se prohibió la contratación de nuevos trabajadores en el sector público nacional. La normativa estipula que, en principio, no podrán realizarse designaciones ni contrataciones de personal de ningún tipo, ya sea de planta permanente, transitoria o por contrato. Además, la medida incluye a aquellos trabajadores bajo el régimen de monotributistas, quienes generalmente firman contratos según la Ley 1.109.
Sin embargo, existen ciertas excepciones que permiten el ingreso de personal en áreas específicas, como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Servicio Exterior de la Nación, los Guardaparques Nacionales y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Asimismo, algunos puestos vinculados al ámbito de la salud también quedan fuera de la restricción.
Uno de los puntos más destacados de la nueva reglamentación es la implementación del sistema «3×1», que establece que, para cada nuevo ingreso al sector público, deberán producirse tres bajas de personal, independientemente de la causa de estas desvinculaciones. Este enfoque busca garantizar que las nuevas contrataciones no aumenten la plantilla estatal, en un esfuerzo por mantener los costos bajo control.
Además, el gobierno exige que los nuevos postulantes a cargos públicos aprueben un examen de idoneidad, que consistirá en una evaluación general de conocimientos y competencias, que deberá ser aprobada antes de diciembre de 2024. La duración máxima de los contratos se ha limitado a junio de 2025.
En esta línea, el año pasado, 2024, el gobierno desvinculó a alrededor de 36.000 empleados públicos. De estos, más de 21.000 eran parte de la administración centralizada y descentralizada, 2.577 pertenecían a las fuerzas de seguridad y militares, y 11.951 trabajaban en empresas estatales. En diciembre, se sumaron más de 2.000 despidos en el Ministerio de Justicia, incluyendo los llamados «contratos ACARA», y más de 100 trabajadores de la Defensoría del Público, que el gobierno planea eliminar en el futuro próximo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió estas medidas al argumentar que la reducción del gasto público permitirá una menor presión impositiva, favoreciendo así la capacidad de inversión del sector privado y devolviendo recursos a los ciudadanos.
aviso_319048Fuente: (Noticias Argentinas)
