El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina presentó su informe anual titulado «Deudas sociales en la Argentina del siglo XXI (2004-2024): fin de ciclo y futuro abierto». Este análisis profundiza en las privaciones socioeconómicas que afectan a amplios sectores de la población, mientras alerta sobre la necesidad de un desarrollo inclusivo y sostenible para superar los problemas estructurales que enfrenta el país.
El informe destaca que las deudas sociales no solo reflejan carencias materiales, sino también la incapacidad de garantizar derechos básicos plasmados en la Constitución Nacional. Entre 2004 y 2024, el país consolidó tasas de pobreza estructural, con pisos que alcanzan el 25%, y de indigencia en torno al 6%. A finales de 2024, el 44,6% de la población se encuentra en situación de pobreza, afectando a 23,2 millones de personas.
Agustín Salvia, director del ODSA, enfatizó que los problemas sociales deben abordarse con políticas públicas integrales. «No basta con estabilizar la macroeconomía; hace falta generar empleo genuino y fomentar la inclusión social. Solo así se podrá romper la trampa de la pobreza», señaló durante la presentación.
La infancia sigue siendo el sector más golpeado por las desigualdades. Según el informe, el 65,5% de los niños y adolescentes vive en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza, y el 19% está en situación de indigencia. Además, el 57% de los menores depende exclusivamente del sistema de salud pública.
Entre los indicadores más preocupantes, el informe evidencia un deterioro del empleo pleno, que cayó al 39,7% en 2024. Paralelamente, el trabajo precario creció hasta el 27,8%, mientras que la tasa de desempleo se mantiene en 8,9%. Esta dinámica refleja una mayor dependencia de la economía informal y la autoexplotación familiar en los sectores más vulnerables.
Por otro lado, el informe también analiza la segmentación socioeconómica del país, revelando que el 30% de los hogares pertenece a clases pobres estructurales, mientras que apenas el 3% conforma la élite económica.
La inseguridad alimentaria severa alcanzó al 12,5% de los hogares en 2024, un aumento respecto al 11,8% registrado en 2023. Uno de cada cuatro hogares no logra asegurar las comidas diarias, lo que agrava la vulnerabilidad social. Además, el 27,1% de las familias reportó no haber podido pagar servicios básicos como luz, gas o agua durante el último año.
El informe concluye con un llamado a establecer reformas estructurales que superen la fragmentación social y económica del país. «Es urgente definir políticas orientadas a la inversión, la creación de empleo y la cohesión social», indicó el equipo del ODSA. En este sentido, Salvia destacó la importancia de un pacto político que permita proyectar el desarrollo con equidad, estabilidad y justicia social.
(Fuente: Informe «Deudas sociales en la Argentina del siglo XXI (2004-2024): fin de ciclo y futuro abierto»)
