Por primera vez, el Estado argentino tomó una medida que generó una profunda preocupación a las comunidades indígenas: la derogación, mediante decreto, de la prórroga de la Ley 26.160, conocida como la Ley de Emergencia Territorial Indígena.
Mariana Katz, abogada del Equipo de Pueblos Originarios del SERPAJ, dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y expuso las implicancias del decreto: “El impacto que ha tenido en las comunidades es de mucha movilización, de mucha preocupación. Ya se venía viendo la posibilidad por el voto en contra del Estado argentino en Naciones Unidas, algo que nunca había sucedido”.
Este cambio, que obliga a las comunidades a judicializar sus reclamos de relevamiento y titularización de tierras, lo que derivó en una gran preocupación en los pueblos originarios y en los organismos que defienden sus derechos.
La Ley 26.160, sancionada en 2006, establecía un marco legal para relevar y conocer la situación territorial de las comunidades indígenas, además de suspender los desalojos. Katz explicó que su importancia radicaba en proteger a los pueblos frente a intereses económicos que buscan desplazar a las comunidades: “Hoy, las tierras que antes no importaban a nadie son codiciadas por el poder económico”.
La falta de continuidad en el relevamiento territorial deja a las comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema. Solo tres de las 150 comunidades indígenas de Misiones cuentan con el título comunitario sobre sus tierras. Según Katz, “El relevamiento técnico jurídico catastral es un instrumento público que debería haber garantizado la propiedad comunitaria, pero en Argentina no existe una ley que lo permita”.
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La abogada también destacó que, a pesar de la derogación, el Estado sigue teniendo responsabilidades: “No porque se derogue la ley significa que los jueces y ejecutivos provinciales pueden desconocer todo el sistema jurídico vigente”. Este sistema incluye el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, Katz subrayó la inacción y las demoras del Estado en avanzar con los relevamientos: “Por cuestiones presupuestarias y por la falta de comprensión de los legisladores sobre el trabajo intercultural, nunca se terminó de implementar la ley como correspondía”.
Finalmente, la abogada remarcó que las divisiones internas en las comunidades no pueden usarse como excusa para justificar esta situación: “La responsabilidad siempre está en el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal”, completó.
Con esta decisión del Poder Ejecutivo, los pueblos originarios enfrentan un panorama incierto, donde deberán acudir a la justicia para reclamar sus derechos territoriales.
