El presidente Javier Milei enfrenta una denuncia penal por la promoción de la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales. La presentación judicial apunta a una posible violación de la Ley de Ética Pública, ya que el mandatario utilizó su cuenta oficial para difundir un activo financiero de un emprendimiento privado.
El abogado constitucionalista Rodrigo Bacigalupi, dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y explicó que la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación deben investigar los antecedentes del vínculo del presidente con los creadores de la criptomoneda. En caso de comprobarse una irregularidad, se podría avanzar en un proceso judicial y eventualmente en un juicio político.
“La justicia tiene en última instancia el control sobre la legalidad y legitimidad de los actos de gobierno. Pero antes de eso, hay mecanismos administrativos que pueden y deben actuar, como la Oficina Anticorrupción”, afirmó Bacigalupi.
Una posible infracción a la Ley de Ética Pública
La controversia radica en que Milei utilizó su cuenta oficial, certificada como presidente de la Nación, para impulsar la criptomoneda. Según Bacigalupi, “a primera vista, aparece una incompatibilidad. El presidente no puede actuar de manera incompatible con sus deberes”.
Uno de los puntos clave en la investigación será determinar si existió un interés personal o comercial en la promoción de la criptomoneda. “Milei debe demostrar que fue un interés institucional y no personal”, enfatizó el abogado.
Además, advirtió que incluso si no hubo intención de beneficio económico, podría haber responsabilidad legal: “Con el solo hecho de haber participado y haber generado esto, ya sería imputable la comisión de un delito”.
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¿Es posible un juicio político?
En el plano constitucional, un posible juicio político contra Milei requeriría una mayoría agravada en la Cámara de Diputados para avanzar en la acusación, y luego el Senado actuaría como tribunal juzgador.
“El juicio político es lo que la Constitución permite para remover del cargo a un representante que cometió un delito”, explicó Bacigalupi. Sin embargo, recordó que no existen antecedentes en Argentina de un juicio político contra un presidente que haya avanzado más allá de la comisión en Diputados.
Por ahora, la denuncia penal está en sus primeras instancias. Las próximas semanas serán clave para determinar si la justicia encuentra mérito para avanzar con una investigación formal y si el Congreso toma medidas en consecuencia.
