En un reciente intento por derogar la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina, la Legislatura de Córdoba debatió una propuesta presentada por el legislador Rodrigo Agrelo, del partido Encuentro Vecinal. La iniciativa buscaba dejar sin efecto la aplicación de esta ley en la provincia, lo que generó rechazo en diferentes agrupaciones.
Pate Palero, directora ejecutiva de católicas por el Derecho a Decidir en Argentina, expresó su preocupación ante esta situación, calificando la propuesta como “una iniciativa forzada y descolgada, sacada de contexto”. Según Palero, esta medida es un claro intento de “poner el tema en agenda” para avanzar en los intereses de ciertos sectores conservadores que históricamente se han opuesto a los derechos reproductivos y sexuales.
“La discusión en la Legislatura fue impulsada por un legislador que pertenece a una organización civil con la que hemos tenido numerosos desencuentros”, indicó Palero en referencia al legislador Rodrigo Agrelo y agregó “esta organización ha intentado obstaculizar el acceso a métodos anticonceptivos y la educación sexual integral. Su objetivo parece ser siempre el mismo: restringir derechos y por eso siempre quieren volver al tema”.
El resultado de la votación en la Legislatura cordobesa reflejó un contundente rechazo a la propuesta de Agrelo, con una mayoría de votos en contra. “Hubo una mayoría aplastante que aceptó el despacho de comisión de no aprobar el proyecto”, afirmó Palero. Sin embargo, ella destacó la necesidad de seguir informando y educando sobre los derechos reproductivos, ya que algunas de las posturas en apoyo a la derogación estaban basadas en argumentos desinformados o erróneos.
Palero subrayó que la Ley 27.610 es una normativa de orden público y, por lo tanto, de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino. “Es importante entender que ninguna provincia puede contradecir una ley nacional en temas de salud pública. Intentar hacerlo sería un acto de rebeldía jurídica y tendría serias implicancias legales y constitucionales”, agregó.
