En los primeros días del mes de julio se conocieron las sentencias del juicio contra los policías que habían participado de una revuelta policial en el año 2013 en la provincia de Tucumán. El veredicto determinó que 11 condenas 30 absoluciones por sedición policial. «Se trata del proceso judicial más largo celebrado en nuestra provincia», dijo uno de los abogados de la causa.
Entre los condenados están: Diego Herrera, Federico Castro, Darío Urquiza, Carlos Reyna. Sergio Ogaz, Mario Galarzo, Ariel Herrera, Mario Romano, Luis Alberto Herrera, Lucio Marcelino Medina y Néstor Salinas. Recibieron penas de entre tres y cinco años de prisión.
Pablo Rivera, es abogado de 5 policías tucumanos que fueron absueltos tras el juicio por sedición y en diálogo con el programa “El País de la Libertad” explicó “la verdad que ha sido uno de los juicios más largos que se ha desarrollado en la provincia de Tucumán, pasaron por el recinto de juicio oral más de 220 testigos. Y bueno, por la parte acusadora estaba el Ministerio Público Fiscal y la querella, la provincia asumió el rol de querella y estaba representada por los abogados de la fiscalía de Estado”.
“Creo que quedó demostrado que lo que pasó en Tucumán, en los debates y lo hemos pedido desde las defensas que quienes llevaban adelante el juicio o las acusaciones no tenían pruebas” expresó Rivera y aclaró “yo defendía a cinco imputados que fueron absueltos y fue así porque el Ministerio Público Fiscal levantó los cargos en contra de él diciendo que no poseían pruebas. Pero imaginemos la gravedad de esto, porque mi defendido purgó dos años y tres meses de cárcel en Villa Urquiza, él sufrió una prisión preventiva efectiva en la cárcel, y ahora resulta que once años después, el Ministerio Público argumenta que no tiene pruebas en contra de mi defendido, Pedro Pablo Pérez”.
Cabe recordar que durante la revuelta policial del 2013, la provincia de Tucumán quedó sumida en un caos total debido a la huelga policial. Delincuentes salieron a saquear las calles, por lo que los ciudadanos se vieron obligados a formar barricadas en las esquinas y tomar las armas para defenderse.
La gran mayoría de los participantes de la revuelta fueron acusados de sedición y el abogado Rivera explicó “Sedición es un delito muy grave, significa un alzamiento en armas contra el poder constituido. Uno de los argumentos que sostuvimos fue que hubo responsabilidad de los funcionarios políticos que manejaron muy mal el conflicto y también otro de los argumentos es que se chocaba contra un derecho consagrado en la Constitución, no solamente nacional, sino en la Constitución provincial, que es el derecho a peticionar a las autoridades. Yo creo que se intenta con esta acusación amordazar y acallar los reclamos de los policías, que también son trabajadores”.
Según el código penal, la sedición es uno de los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional contemplado en el artículo 229, y contempla penas de hasta seis años para quienes “sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia, arrancarle alguna medida o concesión”.
Bajo el concepto de sedición se incluye a quienes busquen en contra de los poderes públicos “impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley”.
