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En comunicación telefónica con el programa La Última Rosca, emitido por Radio Up, la abogada Elena Pona abordó el reciente debate sobre la aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay y las diferencias con la normativa vigente en Argentina.
Uruguay avanza con el proyecto de Eutanasia, mientras Argentina debate
“La ley uruguaya constituye la primera normativa de eutanasia en Latinoamérica. Es un acto médico que induce a la muerte digna de una persona, siempre con consentimiento informado, control médico doble y posibilidad de objeción de conciencia por parte de los profesionales”, explicó Pona.
Sobre los requisitos en Uruguay, Pona detalló: “tiene que haber dos médicos que estén de acuerdo, además de un acompañamiento familiar y psicológico. La persona debe estar apta para tomar esta decisión y siempre debe existir cuidado paliativo”.
Según la especialista, este tipo de normativa se diferencia claramente de la ley argentina 26.742 sobre muerte digna, que permite a las personas rechazar tratamientos médicos o suspender aquellos que solo prolongan la vida sin posibilidad de cura. “El paciente puede decidir dejar de recibir tratamientos médicos que no curan su enfermedad, siempre siguiendo un plan previo y con controles médicos, pero no se permite la eutanasia”.
La especialista destacó que uno de los principales desafíos locales es la aceptación social. “En Uruguay, el 77% de la sociedad aprueba este tipo de procedimientos. En Argentina, aún necesitamos un debate fundamentado, multidisciplinario y con información clara a la población”, dijo.
Además, aclaró que la ley argentina contempla situaciones urgentes a través del control judicial: “si no hay un plan previo firmado por el paciente, interviene la justicia para tomar decisiones sobre tratamientos o interrupción de dispositivos vitales”.
Pona también abordó la cuestión ética y médica: “el debate gira en torno a cómo equilibrar el juramento de los médicos de salvar vidas con la decisión de permitir que una persona muera dignamente cuando no hay posibilidades de curación. Es un tema profundamente polémico que requiere discusión y reflexión social”.
Respecto a menores, explicó que la decisión también está sujeta a contralor judicial y participación de defensores o Ministerio Público. Y sobre la influencia religiosa, señaló: “no estoy al tanto de cómo se debatió en Uruguay, pero la Iglesia católica a nivel mundial no admite este tipo de procedimientos, lo que siempre complica la discusión en países más conservadores como Argentina”.
Finalmente, Pona subrayó que la información y la educación sobre derechos fundamentales en salud son clave: “es fundamental que la sociedad conozca los derechos relacionados con la salud y la muerte digna. Este es un tema amplio y sensible, y nuestro rol como especialistas es informar y orientar”, concluyó.
