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El Gobierno nacional profundizó el ajuste del gasto público durante octubre y registró una caída real interanual del 9,7% en los pagos de la Administración Pública Nacional (APN). La reducción fue la segunda más importante de 2026, después del recorte del 14% registrado en febrero, y volvió a tener como principales afectados a las provincias y las universidades.
Los datos surgen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó la evolución del gasto público durante los primeros diez meses del año. El relevamiento muestra que la política de reducción de las erogaciones impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, continuó impactando sobre distintas partidas presupuestarias, en el marco del objetivo oficial de sostener el equilibrio fiscal y cumplir las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre enero y octubre, el Gobierno acumuló una diferencia de $2,86 billones entre los gastos devengados y los efectivamente pagados por la Administración Pública Nacional. Se trata de obligaciones que cuentan con autorización para su ejecución, pero que todavía no fueron desembolsadas.
El Gobierno acumuló $2,86 billones en pagos pendientes
La diferencia entre el gasto devengado y el efectivamente pagado constituye la denominada deuda flotante. Este indicador permite observar cuánto dinero comprometió la Administración Pública Nacional y cuánto logró desembolsar durante un período determinado.
Hasta el 31 de octubre, el gasto devengado de la APN alcanzó los $115,2 billones, mientras que los pagos efectivos sumaron $112,3 billones. La brecha entre ambos registros explica los $2,86 billones pendientes de cancelación.
La evolución de esta diferencia también forma parte de los indicadores que observa el equipo técnico del FMI durante las revisiones de las cuentas públicas.
En ese contexto, el organismo internacional ya anunció la aprobación de la tercera revisión del acuerdo con Argentina, aunque todavía resta la decisión formal del Directorio Ejecutivo para completar el procedimiento y habilitar el desembolso correspondiente.
Cabe aclarar que la Administración Pública Nacional representa aproximadamente el 90% del sector público nacional, pero no comprende la totalidad de sus componentes. Incluye la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de la seguridad social. El universo del sector público nacional también contempla fondos fiduciarios y organismos financieros.
De acuerdo con el IARAF, durante los primeros diez meses de 2026 el gasto público efectivamente pagado registró una caída real del 4,2%, mientras que el gasto devengado retrocedió un 3,2%. La diferencia entre ambos indicadores fue de un punto porcentual.
La motosierra volvió a profundizarse en octubre
El informe del IARAF señala que, de los diez meses analizados, en siete se habría registrado una disminución real interanual del gasto primario pagado.
La mayor contracción ocurrió en febrero, cuando la caída llegó al 14% en términos reales. Octubre volvió a mostrar una reducción significativa, con un retroceso del 9,7%, muy por encima de la baja del 0,7% observada en septiembre.
La comparación interanual en términos reales contempla el efecto de la inflación y permite dimensionar la evolución del poder de compra de los recursos destinados al funcionamiento del Estado y al financiamiento de sus distintas políticas.
El resultado de octubre reflejó una nueva aceleración del ajuste, con recortes especialmente pronunciados en las transferencias destinadas a las administraciones provinciales y al sistema universitario.
Provincias y universidades, entre las principales afectadas
El mayor impacto del ajuste durante octubre se concentró en las transferencias del Estado nacional a las provincias. Según las estimaciones del IARAF, las transferencias corrientes a las jurisdicciones provinciales disminuyeron un 71,2% en términos reales interanuales.
A su vez, las transferencias de capital a las provincias registraron una contracción del 60,8%. Estos recursos tienen incidencia en el financiamiento de obras, infraestructura y distintos proyectos de inversión pública.
El tercer retroceso más importante correspondió a las transferencias corrientes destinadas a las universidades, que cayeron un 46,8% respecto de octubre del año anterior.
La reducción de los fondos nacionales representa otro indicador del impacto de la política de ajuste sobre el financiamiento de las instituciones universitarias, en un contexto de restricciones presupuestarias para el funcionamiento del sistema educativo superior.
El informe también identificó retrocesos en otras partidas del gasto público:
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Transferencias a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros organismos del sector público nacional: -14,6%.
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Inversión real directa: -13,7%.
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Transferencias corrientes al sector privado: -11,2%.
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Remuneraciones: -10,6%.
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Bienes y servicios: -0,6%.
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Jubilaciones y pensiones: -0,1%.
Los porcentajes reflejan la variación real interanual estimada para octubre y permiten identificar los rubros sobre los que se concentró la reducción de las erogaciones estatales.
En octubre los pagos superaron al gasto devengado
Un dato particular del comportamiento fiscal de octubre es que, durante ese mes, los pagos realizados habrían superado el monto del gasto devengado. Esto implica que el Gobierno no habría incrementado la deuda flotante y que, por el contrario, habría logrado reducirla en aproximadamente $300.000 millones.
Según el relevamiento del IARAF, el gasto devengado del mes alcanzó los $12 billones, con una disminución real interanual del 5,4%.
En tanto, los pagos efectivos sumaron $12,3 billones, lo que representó una caída real del 9,7% frente al mismo período del año anterior.
La diferencia entre ambos registros permitió cancelar obligaciones pendientes de períodos anteriores y reducir parcialmente el volumen de deuda flotante acumulada.
De esta manera, las cifras de octubre muestran dos movimientos simultáneos: una contracción significativa del gasto público en términos reales y una reducción de las obligaciones pendientes de pago.
El desafío del Gobierno de Luis Caputo continúa centrado en sostener las metas fiscales comprometidas con el FMI, mientras la distribución del ajuste vuelve a colocar a las provincias, las universidades y distintas áreas del sector público entre los principales sectores alcanzados por la reducción de recursos.
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