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El economista Claudio Montiel, integrante de la consultora Centrix, aseguró que existen recursos disponibles para cumplir con la Ley de Financiamiento para las universidades sin comprometer el equilibrio fiscal. En diálogo con Realidad Mixta, programa que se emite por Radio Up, explicó que el Presupuesto 2027 prevé una partida de libre disponibilidad del Tesoro Nacional que podría utilizarse para reforzar los recursos destinados a las universidades públicas.
Según el análisis presentado por el especialista, las universidades necesitarían entre $2,4 billones y $3,6 billones adicionales para cumplir con lo establecido por la ley, por encima de los aproximadamente $7,3 billones contemplados en el proyecto presupuestario para el sector.
“Para cumplir con la ley se necesitan entre 2,4 y 3,6 billones de pesos más de lo que ya se está proponiendo en el presupuesto 2027”, explicó Montiel.
Fondos disponibles para financiar las universidades
El economista señaló que una de las claves de la discusión está en una partida del Tesoro Nacional de libre disponibilidad, cuyos recursos pueden ser utilizados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con los cálculos de la consultora Centrix, esa partida alcanzaría los $6 billones en 2027, con un incremento del 114% respecto de 2026.
Para Montiel, esos fondos podrían constituir una alternativa para atender las necesidades del sistema universitario sin modificar el resultado fiscal previsto por el Gobierno nacional.
“Lo que nosotros proponemos es tomar los 2,4 billones que necesitás para las universidades y sacarlos de esta partida de libre disponibilidad que el Tesoro se reserva para usar discrecionalmente el año que viene”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que la discusión no debería centrarse exclusivamente en la disponibilidad de recursos, sino también en las prioridades del gasto público.
“En lugar de usarlo discrecionalmente para negociar con los gobernadores, para la campaña política o para cuestiones que quizás responden más a la política nacional, usarlo para las universidades”, afirmó.
El economista remarcó que, desde su perspectiva, esa reasignación permitiría atender las obligaciones vinculadas con la ley sin abandonar el objetivo de mantener las cuentas públicas equilibradas.
Cuánto dinero se necesita para cumplir la ley desde ahora
Durante la entrevista con Realidad Mixta, Montiel también presentó un cálculo sobre los recursos que serían necesarios si el Gobierno nacional decidiera cumplir con la normativa desde el momento actual y no únicamente de cara al presupuesto del próximo año.
Según explicó, el Tesoro Nacional cuenta actualmente con una partida de $1,9 billones que no se está utilizando y que está destinada a sostener la liquidez del organismo.
Sin embargo, el economista indicó que cumplir con la ley desde ahora y hasta diciembre demandaría alrededor de $4,4 billones, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el equipo jurídico y económico de Centrix.
“Esa misma partida de plata que no se está usando es de 1,9 billones de pesos hoy guardados para sostener la liquidez del Tesoro”, precisó.
A partir de esos números, Montiel cuestionó el argumento de que el cumplimiento de la ley necesariamente implicaría comprometer el equilibrio fiscal. Su planteo apunta a analizar qué partidas presupuestarias podrían reasignarse para atender las necesidades universitarias.
La pérdida salarial de los docentes universitarios
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la situación salarial de los trabajadores de las universidades públicas. Montiel advirtió que, pese a las recomposiciones otorgadas durante el año, los ingresos docentes continúan por debajo de los niveles registrados antes del cambio de Gobierno.
El economista explicó que, tomando como referencia a un docente que percibía 100 pesos en noviembre de 2023, su salario actual equivaldría a 78 pesos en términos reales, incluso después de la recomposición salarial aplicada en julio.
“Con esa recomposición incluida, un docente que cobraba 100 en noviembre de 2023, hoy cobra 78”, señaló.
El dato representa, según su análisis, una pérdida del 22% del poder adquisitivo respecto de aquel período.
Montiel aclaró que también se desempeña como docente universitario, aunque remarcó que su exposición se basa principalmente en el análisis técnico y económico realizado junto con el equipo de la consultora.
En ese marco, consideró que la recomposición salarial constituye uno de los principales desafíos del financiamiento universitario y advirtió que los incrementos presupuestarios destinados a infraestructura no resuelven por sí solos el deterioro de los ingresos del personal.
Nueve de cada diez pesos se destinan a salarios
Al analizar la composición del presupuesto universitario, Montiel explicó que aproximadamente nueve de cada diez pesos transferidos a las universidades se destinan al pago de salarios.
Esa proporción incluye los ingresos de docentes, trabajadores no docentes y personal administrativo, entre otros integrantes de las instituciones.
Por ese motivo, sostuvo que la discusión presupuestaria debe contemplar especialmente la recomposición de los ingresos del personal universitario, además de las necesidades vinculadas con el mantenimiento edilicio, el equipamiento y el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
“Cuando uno analiza su presupuesto, nueve de cada diez pesos que se le gira a la universidad son para salarios”, explicó.
Desde su perspectiva, reforzar las partidas destinadas a infraestructura resulta insuficiente si no se atiende al mismo tiempo la pérdida de poder adquisitivo de quienes trabajan en el sistema universitario.
Menos docentes y dificultades para sostener la actividad académica
Montiel también advirtió sobre una reducción de la planta docente universitaria. Durante la entrevista, afirmó que se perdieron más de 10.000 docentes en el sistema universitario nacional, una cifra que atribuyó al escenario que atraviesa el sector.
El economista señaló que las diferencias salariales y las condiciones de contratación pueden impulsar a algunos profesionales a buscar otras oportunidades laborales.
En particular, mencionó que las universidades privadas pueden ofrecer remuneraciones entre un 15% y un 20% superiores a las del ámbito público, además de condiciones de mayor estabilidad en determinados casos.
“Hay colegas que te dicen: ‘Me voy a una universidad privada porque me pagan un poco más’”, relató.
También describió las dificultades que enfrentan algunos docentes para sostener sus ingresos durante todo el año, debido a modalidades de contratación que no garantizan necesariamente el pago de los doce meses.
Para Montiel, esta situación excede la discusión sobre una partida presupuestaria puntual y plantea un problema más amplio sobre las condiciones laborales y la capacidad del sistema universitario para retener a sus profesionales.
Montiel defendió el equilibrio fiscal, pero pidió discutir las prioridades del gasto
Durante el diálogo con Radio Up, el economista aclaró que está a favor de mantener el equilibrio fiscal y consideró que Argentina no debería volver a una situación de déficit en las cuentas públicas.
“Yo estoy a favor del equilibrio fiscal. Como economista, creo que Argentina no se puede dar hoy el lujo de entrar en déficit fiscal”, afirmó.
Sin embargo, sostuvo que defender el equilibrio de las cuentas públicas no impide discutir cómo se distribuyen los recursos disponibles.
En ese sentido, propuso analizar si una parte de los fondos que el Estado conserva para utilizar discrecionalmente podría destinarse al financiamiento universitario, en lugar de priorizar otros gastos o compromisos políticos.
“Dentro del marco del equilibrio fiscal, es importante darnos una discusión manteniendo el equilibrio fiscal: cómo manejamos los gastos del Estado”, planteó.
El especialista consideró que el debate debería concentrarse en las prioridades presupuestarias y evitar las descalificaciones políticas que, a su entender, dificultan la discusión sobre cuestiones estructurales.
Cuestionamientos al Gobierno por el debate público sobre las universidades
Consultado sobre las declaraciones oficiales vinculadas con el financiamiento universitario, Montiel cuestionó los planteos que, según su interpretación, desvían la discusión de los datos presupuestarios.
El economista sostuvo que el debate debería enfocarse en los recursos disponibles, el cumplimiento de la ley y las necesidades concretas de las instituciones educativas.
También criticó los pedidos dirigidos al periodismo para que presente la discusión de determinada manera y consideró que ese tipo de intervenciones no contribuye a mejorar el debate público.
“La verdad es que no colabora con el debate público pedirle al periodismo que no diga las cosas como son”, afirmó durante la entrevista.
Para Montiel, la discusión de fondo consiste en determinar cuáles son las prioridades del Estado y qué lugar ocupa el financiamiento de las universidades públicas dentro de ellas.
En ese contexto, insistió en que la controversia no debería limitarse a una confrontación entre oficialismo y oposición, sino que tendría que incorporar datos concretos sobre ingresos, gastos y alternativas de reasignación presupuestaria.
La ley de financiamiento universitario, en el centro de la discusión
El planteo de Centrix se produce en medio de la controversia por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y las obligaciones que establece para el Estado nacional.
Durante la entrevista, Montiel hizo referencia a las decisiones adoptadas por el Congreso y al pronunciamiento judicial que, según señaló, exige el cumplimiento de la normativa.
Desde su perspectiva, esos antecedentes refuerzan la necesidad de encontrar una solución presupuestaria que permita atender las obligaciones legales sin abandonar la meta fiscal.
“Hay una discusión bastante falsa en esto de no poder sentarnos a discutir qué es lo que queremos para el sistema universitario”, sostuvo.
El economista consideró que los datos sobre las partidas presupuestarias disponibles permiten abrir una discusión más concreta sobre las alternativas para financiar a las universidades.
Su propuesta consiste en reasignar recursos del Tesoro Nacional para cubrir parte de las necesidades del sector, en lugar de considerar que cualquier aumento del financiamiento universitario implica necesariamente un deterioro del resultado fiscal.
De esta manera, la consultora Centrix puso sobre la mesa una alternativa que combina el cumplimiento de la ley, la recomposición salarial y el sostenimiento del equilibrio fiscal.
El debate, según el planteo de Montiel en Realidad Mixta, pasa por definir qué gastos debe priorizar el Estado nacional y cómo distribuir los recursos disponibles para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
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