Los productores yerbateros decidieron tomar la drástica medida para visibilizar la crisis que atraviesa el sector. Bajo el lema “Todos unidos por la yerba mate”, se convocaron a una movilización este viernes 22 de noviembre a las 18 horas en la Rotonda del Kilómetro 9 de Comandante Andresito.
La protesta tiene dos objetivos principales: exigir un “precio justo” por la hoja verde de yerba mate y reclamar la restitución de las funciones regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), debilitadas tras la promulgación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 del presidente Javier Milei en diciembre pasado.
La movilización se suma a una medida de fuerza ya iniciada el lunes por la noche, cuando un grupo de 150 productores acordó suspender la cosecha de verano (zafriña) como forma de presión a los secaderos, exigiendo un mejor precio por la materia prima.
En diálogo con este medio, el productor y referente del sector Juan Jones, sostuvo que “hoy en día nos pagan alrededor de 200 pesos por kilo, y en algunos lugares incluso menos. Después de descontar los costos, al productor le quedan solo 50 pesos de bolsillo, un precio que no alcanza ni para mantener la estructura de las chacras ni para cubrir los gastos de vida básicos”.
La crisis actual no se explica solo por los bajos precios, sino también por una sobreoferta manipulada que beneficia a los grandes actores del mercado, como los secaderos y molineros. Según Jones, estos actores aprovechan la ausencia de regulación para presionar a los pequeños productores.
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“Hablan de superproducción, pero están desesperados por comprar. Abren los secaderos, pero sin fijar precios adecuados. ¿Para qué vamos a vender si no nos alcanza ni para cubrir los costos? Preferimos dejar la yerba en la planta antes que trabajar a pérdida”, explicó.
Esta decisión de no cosechar es un acto de resistencia que, según los productores, busca frenar un círculo vicioso en el que se vende la hoja verde por precios irrisorios. “Como dice el dicho, vender en estas condiciones es comerse la cola. Si no paramos entre todos, no vamos a tener una respuesta”, subrayó Jones.
A este escenario de crisis se suma el impacto del DNU 70/23, que despojó al INYM de su capacidad para regular la actividad y fijar precios de referencia.
Los productores denuncian que esta desregulación solo beneficia a los grandes molineros, mientras los pequeños pierden toda capacidad de negociación. “El INYM era nuestra herramienta para garantizar precios justos y sostenibles. Sin eso, quedamos a merced del mercado y de los más poderosos”, señaló Jones.
“Esto no es solo por los productores, es por toda la economía de la región. Necesitamos que se nos escuche y que se tomen medidas concretas para proteger a las familias yerbateras y a toda la comunidad que depende de esta actividad”, concluyó.
