Según el referente y exdirector del INYM Sergio Delapierre, productores se reunieron en Wanda y acordaron conformar una sola asociación para negociar precios con la industria, en el contexto de la desregulación del mercado que impulsa el gobierno nacional, y llegar incluso a un paro de cosechas antes de la zafriña, para lograr precios dignos. Y descargó munición gruesa contra el ministerio que preside Facundo López Sartori, quien está en la mira de la justicia federal por los manejos turbios con los bioherbicidas truchos y el FET.
En fuertes términos se expresó el productor y referente yerbatero Sergio Delapierre, respecto de la presente crisis del sector que, con la pérdida de facultades del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) para fijar precios en el marco del DNU 70/23 del presidente Javier Milei, está recibiendo precios viles por parte de la industria, la gran favorecida por la desregulación yerbatera. El referente reveló al programa Rx – Realidad Mixta, que hay un consenso generalizado en crear una sola asociación que negocie precios con la industria, en crear un consejo de asesores que intervenga en el ministerio del Agro, y en la declaración de la emergencia yerbatera en la provincia y a nivel nacional.
Según Delapierre la crisis actual no se había visto en Misiones, desde los años 90s, cuando, durante las administraciones de los exgobernadores Ramón Puerta y Carlos Rovira, se atravesaron 10 años de desregulación del mercado que pulverizaron los precios productivos y desembocaron en los Tractorazos de 2001 y 2002.
“Tuvimos una reunión el día viernes (30 de agosto) en la localidad de Wanda con productores. Lo que surgió fue, en primer lugar, una adhesión completa a conformar un solo grupo, una sola asociación a los fines de gestionar y pelear por los derechos de los productores, los productores primarios, defender el precio, etcétera, hacer una sola asociación que sea que tenga poder”, comentó Delapierre.
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Y amplió: “Inclusive estamos preparándonos para tomar contacto con la industria de la yerba mate para empezar a conversar por un precio que sea el que piden los productores, un precio razonable, no la miseria que se está cobrando en este momento, porque se está hablando de parar la cosecha con el inicio de la ‘zafriña’, que tiene lugar durante el mes de diciembre, después de la suspensión de cosecha de dos meses. Lo que diversos sectores, este, están organizando es un paro de cosecha hasta que no haya una un precio razonable para el productor primario”, detalló Delapierre, en declaraciones que encienden las alarmas en los grandes industriales y el gobierno provincial.
En esta línea, Delapierre planteó: “queremos tener una asociación que con dos o tres personas se sienten en una mesa de concertación y nos pongamos de acuerdo con la industria de mejorar los magros valores de la yerba mate de este año”.
Consultado al respecto de la relación del sector con el gobierno provincial, Delapierre sostuvo que los productores coinciden en que hay un “diálogo roto, en cuanto a que no estamos trabajando en forma conjunta como deberíamos estar haciéndolo. Y nos referimos fundamentalmente a toda esta trifulca que se armó con el tema del glifosato, sí, glifosato no, que al final, por la gran presión de los medios de la producción, se logró revertir lo que iba a ser el año que viene, la prohibición del uso del herbicida”, detalló el productor, poniendo de relieve la importancia de la movilización que obligó al gobernador Hugo Passalacqua a firmar un decreto prorrogando el uso del herbicida glifosato, que es el que está aprobado por el SENASA y la FDA norteamericana.
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Y con cierta suspicacia, Delapierre planteó que el uso del glifosato debe prorrogarse “hasta que, por supuesto, algún laboratorio internacional que tenga renombre, que tenga una estructura científica adecuada, presente un producto que sea más amigable con el medio ambiente. Pero por el momento, el herbicida que todos utilizamos es el que mejor resultado da en la protección del suelo y la microfauna”, disparó el productor, en obvia alusión a los bioherbicidas truchos que provee la empresa Agro Sustentable, cuyo CEO Joaquín Basanta es un socio comercial de Ramiro Rovira –el hijo del exgobernador, actual diputado y presidente del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira.
En cuanto a si la pelea contra la ley de bioinsumos que defiende la provincia y beneficia casi exclusivamente a Agro Sustentable SA, distanció a los productores del ministerio del Agro, Delapierre aclaró: “nosotros no queremos distanciarnos con el ministro del agro ni con el gobierno provincial. Queremos salir adelante, pero hay cosas que se rompen, no por acción nuestra, sino por omisión del gobierno. (Por ejemplo) el no habernos llamado para discutir el tema de la prohibición del herbicida. Eso fue un error. Después, el otro error es que se abandonó totalmente el compromiso del gobernador de ir a Buenos Aires para pelear por el instituto nacional de la yerba mate (INYM)”, fustigó Delapierre.
“Nosotros sabemos que es difícil la topada, que no va a ser fácil, que el gobierno nacional está en plena desregulación de todo. Pero nosotros tenemos que seguir gestionando y, sobre todo, acudir al gobierno nacional porque tenemos una llave que es fundamental, que son los votos que Misiones tiene en sus manos para cuando llegue el momento de votar lo que le pida al gobierno central (en el Congreso de la Nación), gobierno central y centralista”, lanzó Delapierre.
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Asimismo, el dirigente yerbatero se quejó porque el gobierno provincial no atiende a los sectores productivos y reveló algunas de las propuestas que están impulsando, que, de concretarse serían históricas. “Proponemos lo siguiente: que se cree una mesa asesora o el nombre que se les ocurra, una mesa asesora del misterio del Agro. Queremos conformar, tenemos la gente, pocas personas pero de los diversos sectores, y para empezar con el tema de la yerba mate, que es el más urgente, tener una mesa asesora, sentarnos en el ministerio, y que nos den atención permanente a todo lo que se quiera hacer y lo que necesitamos”, sostuvo.
“Eso sería, fundamental. Y si dicen que eso genera un costo, pues sí. Que a nuestros asesores, las personas que sean designadas, por lo menos que se le pague el combustible. También tenemos una solución para eso. Nosotros quisiéramos de una buena vez por todas, que el Misterio del Agro no funcione más en Posadas. Deben trasladarlo a una localidad central, como ser Dos de Mayo, que era la idea que teníamos originalmente, que trasladen ahí, el sector del Ministerio del Agro que sea necesario, y que nos quede cerca a todos para poder trabajar”, argumentó Delapierre, insistiendo que estando el ministerio en la zona centro, productores de todas las zonas estarán equidistantes del organismo, al contrario de lo que ocurre actualmente.
Pero Delapierre no se quedó allí y avanzó con propuestas, no exentas de críticas. “Respecto a que si hay que utilizar recursos, el Ministerio del Agro tiene propiedades importantes o el gobierno, en Posadas, que se podrían poner a la venta y comprar un terreno en Dos de Mayo y tener el ministerio donde debe estar. No la ciudad de Posadas”, dijo.
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“Lo que queremos es que cuando se hable de asesores, se eliminen la cantidad de asesores que hay, que son todos ñoquis, que los saquen a todos, que terminen de poner plata en las asesorías que no sirven para nada, y que le den ese dinero a los pocos asesores que podemos tener nosotros, aunque sea para pagarle el combustible (del traslado) No pedimos nada más que eso. La gente (asesores yerbateros) va a trabajar ad honorem, no tiene ningún problema, pero que no nos vengan con que no hay recursos, que no se puede hacer”, sentenció Delapierre.
“Otro punto importante que consideramos es que tenemos que ver de declarar la emergencia yerbatera, la emergencia provincial, y que nuestros diputados y senadores nacionales hagan las gestiones para declarar la emergencia yerbatera nacional. Porque de seguir esto así, esto va a ser el abandono de miles de chacras. La gente va a abandonar la limpieza, va a caer la producción, sobre todo del pequeño productor. Y se va a seguir concentrando la actividad como está pasando con el té”, advirtió lapidario, Delapierre.
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Ante la consulta de Rx – Realidad Mixta, sobre si el momento actual es comparable a alguno en el pasado, Delapierre no dejó lugar a dudas y apuntó a los gobiernos neoliberales de los años 90s. “Desde la década del noventa, que fue la peor situación, cuando teníamos un período de prácticamente diez años, sin regulación de cosechas, sin regulación de precios, sin fijación de precios. Ese fue el peor momento”, sostuvo.
“Ahora se está repitiendo, hemos caído a valores de menos de 200 pesos por kilo de hoja verde. Hoy un productor me dijo, ‘tuve que vender mi yerba puesto camión’, o sea, en planta a 100 pesos. Con lo que le sacan la corresponsabilidad (gremial, el pago para el blanqueo de los tareferos), el tipo le quedan 70 pesos por kilo, o sea, no hay no hay discusión de eso. Estamos en una crisis muy pronunciada y no podemos esperar solamente del lado de la Nación, que vengan las soluciones. Tenemos que gestionar algo y es lo que tenemos preparado”, detalló Delapierre, sobre la medida de fuerza que organizan los colonos.
En esta línea, Delapierre remató: “Los productores cansados de esperar respuestas, hemos decidido generar una asociación entre todos, que se ocupe de tener dos o tres referentes que se van a sentar a hablar con la industria, y llegaremos o no a un acuerdo. En función del cual, si no hay acuerdo, la decisión mayoritaria es de parar la cosecha. Y no arrancar la zafriña y tratar de aguantar lo más posible hasta que haya un cambio de posición por parte de los precios de la industria”, dijo.
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Y apuntó al gobierno provincial y la industria yerbatera, sobre la crisis social que podría producirse en diciembre, cuando los 15 mil o 20 mil cosecheros de la yerba –tareferos– no puedan cosechar por el paro yerbatero.
“Nosotros creemos que la industria tiene la forma de trasladar precios al productor, no hay ninguna razón para que no lo haga. Por lo tanto, esa es la decisión, pero nosotros pedimos más. Pedimos que la provincia vaya pensando en hacerse cargo de conseguir un dinero para los tareferos que van a quedar sin trabajo durante la zafriña, porque eso va a ser un golpe en la sociedad trabajadora muy importante. Y nosotros no nos vamos a hacer responsables de eso”, consignó.
“El estado provincial recauda muy bien cuando el precio de la yerba es el correcto. Y toda la actividad económica de la provincia anda bien. Entonces, creemos que el gobierno de la provincia sale ganando (si) apuesta a invertir unos pesos en mantener a los tareferos, que son un eslabón muy débil, con su dinero suficiente como para mantener a su familia, hasta que se vuelva a arrancar la cosecha, en el caso de que todo salga como se está organizando”, explicó Delapierre, anticipando un conflicto grave con los molinos yerbateros, los grandes beneficiados con el DNU 70/23.
