El concejal de la Capital del Monte dialogó con “La Última Rosca” de Radio Up 95.5 y se hizo eco de los nuevo y repetidos reclamos al servicio urbano de transporte.
En este sentido, el edil resaltó el incumplimiento de la empresa que presta el servicio y las dificultades que enfrentan los usuarios. “No se cumple ninguna parte del acuerdo, o sea, del contrato que firmó el Ejecutivo Municipal con las empresas prestatarias”, afirmó Ramírez, refiriéndose a problemas en la frecuencia y a la falta de seguridad y accesibilidad para los pasajeros más vulnerables, como niños, ancianos y personas con movilidad reducida.
Uno de los principales reclamos que expuso el concejal está relacionado con el sistema de pago mediante código QR, el cual, según Ramírez, presenta dificultades técnicas y limita el acceso de ciertos sectores de la población al servicio. “Es muy complicado que las familias, especialmente las familias carenciadas, puedan darle un celular a un niño de la escuela”, indicó. Además, Ramírez resaltó el riesgo que enfrentan los menores, quienes podrían ser blanco de robos o asaltos al llevar dispositivos electrónicos para pagar su pasaje.
En respuesta a los inconvenientes con el QR, se trabaja con la SUBE misionera, similar a la tarjeta SUBE utilizada en otras ciudades. Sin embargo, el elevado costo de esta tarjeta, que se estima en 10,000 pesos, generó aún más complicaciones entre los usuarios y autoridades. “La tarjetita tiene un costo de 10,000 pesos. También consideramos que es una locura, consideramos que es un abuso”, subrayó Ramírez.
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Por otro lado, el concejal también cuestionó el reciente anuncio de la inauguración de una parada de colectivo en el centro de la ciudad, una obra que, según él, dista mucho de las condiciones en las paradas de los barrios periféricos. “Hay barrios que no tienen todavía ni siquiera un poste que señale que es una parada de colectivo. Y menos aún una paradita del colectivo urbano con techo como para proteger al usuario de la inclemencia del tiempo”, puntualizó Ramírez.
La responsabilidad de instalar refugios en las paradas recae en la empresa concesionaria, pero, ante el incumplimiento, el municipio debería intervenir, explicó el concejal. Sin embargo, Ramírez denunció una falta de transparencia en el municipio respecto al manejo del contrato y de los recursos. “Nosotros desde el mes de diciembre venimos haciendo pedidos de informes con respecto a la cantidad de pasajes que mensualmente pica la empresa. Sin embargo, no recibimos ningún tipo de respuesta del municipio”, aseguró.
En palabras del concejal, el objetivo es lograr un servicio de calidad para Oberá. En tanto, denunció que actualmente se está lejos de ese estándar en la “ciudad que brilla”, como se espera de Oberá.
