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La Policía de Misiones secuestró 8.450 cigarrillos electrónicos, municiones y dispositivos electrónicos durante una serie de allanamientos simultáneos realizados en Bernardo de Irigoyen, en el marco de una investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad de un hombre ocurrida días atrás. Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de San Pedro, también dejaron elementos clave para la causa y derivaron parte del material a la Justicia Federal por presunto contrabando.
Los operativos se desarrollaron el viernes por la noche en distintos domicilios y comercios de la localidad fronteriza de Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones, donde se investigaba el secuestro de un hombre presuntamente vinculado a un conflicto entre grupos delictivos. Durante el avance de la pesquisa, que busca esclarecer un hecho violento con presunto enfrentamiento armado en un rescate policial posterior, los efectivos detectaron y desarticularon un importante circuito de acopio de mercadería ilegal.
En uno de los procedimientos, realizado en una vivienda del barrio Juan Pablo II, los agentes incautaron municiones de calibres 9 mm y .45, además de un DVR, un teléfono celular, chips telefónicos y un pendrive, todos incorporados a peritajes para reconstruir la trama investigada y determinar responsabilidades.
Otro de los allanamientos se concretó en el barrio Costanera, donde se halló el mayor volumen de elementos secuestrados. Allí se decomisaron 8.450 vapeadores valuados en más de $268 millones, junto con municiones calibre .380 y 9 mm, un cargador de pistola Bersa, una notebook, un celular y una llave de vehículo Toyota SW4. El cargamento quedó bajo resguardo judicial y fue derivado al fuero federal de Puerto Iguazú ante la sospecha de infracción al régimen aduanero.
También se realizaron procedimientos en un taller mecánico y un local de transporte de la zona, aunque en estos casos no se registraron resultados positivos.
La investigación judicial continúa abierta y apunta a determinar el grado de participación de los involucrados, así como la posible conexión entre el hecho inicial de privación de la libertad y la red de contrabando detectada durante los allanamientos.
