Eduardo Scherer sostuvo que miembros de la Comisión de Prevención de la Tortura se entrevistó con dos reclusos que manifestaron sufrir golpes y amenazas, uno de los cuales se negó a radicar denuncias ante el organismo, por estrategia judicial, dado que se presentará en la justicia penal.
En los últimos días, dos internos de la Unidad Penal 2 de Oberá hicieron públicas sus denuncias por hostigamiento y amenazas por parte de, al menos, dos oficiales penitenciarios y desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT), su titular Eduardo Scherer sostuvo al programa Rx – Realidad Mixta, que uno de los reclusos se presentará ante la justicia penal, por lo que no radicó una presentación ante los comisionados.
Según Scherer, desde la creación de la CPPT, se redujo la conflictividad dentro de los penales, y la mayor parte de las denuncias, ahora ya no se centran en los malos tratos sino en cuestiones que tienen que ver con los demorados procesos penales, la necesidad del contacto con sus defensores legales y de conocer el estado de sus causas, entre otros. De acuerdo con el funcionario, a escasos meses del cambio en la conformación de la CPPT, se realizaron 400 visitas por año a reclusos, es decir, más de una entrevista diaria en penales de Misiones.
“El día viernes por la tarde hemos tomado conocimiento de que dos internos alojados en la unidad penitenciaria 2 de Oberá estarían sufriendo, padeciendo algún tipo de maltrato, hostigamiento y amenaza por parte de personal penitenciario que tiene a cargo la custodia y la seguridad. Dada esta situación, el comisionado Fabián Mantau y el doctor Federico Cristaldo, que es el secretario de la CPPT, el sábado por la mañana, alrededor de las siete de la mañana, en sus vehículos particulares, se dirigieron hasta Oberá y se constituyeron en la UP 2 de Oberá y se entrevistaron en forma reservada y confidencial con los dos internos”, detalló el funcionario renovador.
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Producto de esas entrevistas, no quedó radicada ninguna denuncia ante la CPPT, según Scherer, por motivos diferentes. “Uno de ellos no quiso realizar denuncia alguna porque manifestó que ya había tenido contacto con su abogado particular y (este) el día de hoy iba a hacer la presentación ante la Fiscalía de Instrucción en turno de Oberá, es decir, realizar la denuncia en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Provincia de Misiones. Por ende, decidió por una cuestión de estrategia judicial o por sugerencia de su abogado no realizar la denuncia a la comisión”, reveló Scherer.
“Después el comisionado se entrevistó con el otro interno, quien manifestó que recibía por parte del personal penitenciario amenazas, hostigamientos y malos tratos, pero no de una gravedad suficiente que amerite la denuncia penal”, completó el titular de la CPPT.
Por otra parte, según Scherer, solicitaron que se tomen las medidas de protección para los reclusos. “No solamente solicitamos el inicio de los sumarios administrativos pertinentes, porque se pudo identificar a dos penitenciarios (denunciados por las amenazas), solicitamos medidas de seguridad, medidas de protección para los dos internos. ya que se encontraban asustados o amedrentados por la situación”, detalló.
“Así que esa es la intervención de la Comisión y estamos esperando que el abogado particular de uno de los internos realice la denuncia en sede judicial y nos remita copia de la misma para que nosotros corramos vistas al Servicio Penitenciario Provincial”, añadió Scherer, quien relató que las medidas incluyen el aislamiento transitorio de los denunciantes respecto de la población del penal y “se evita el contacto con la guardia que se sospecha o tiene conocimiento que estuvieron en un altercado”. “Y sobre todo haciendo los responsables de la integridad psicofísica de estos internos, quienes deberían arbitrar todos los mecanismos a su alcance para proteger a estas personas”, planteó el abogado.
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“Nosotros vamos a estar haciendo un seguimiento pormenorizado y detallado de la situación no solamente con las visitas sino que tenemos contactos con los familiares y con los abogados y los defensores oficiales, quiénes van a estar informando si alguno de estos internos reciben algún tipo de amedrentamiento, hostigamiento y amenaza. La idea es que se abtengan de realizar cualquier tipo de actitud que agrave la situación”, completó.
“Es importante destacar que son dos vías distintas, una administrativa y otra judicial. Una comprende la investigación de un delito y la otra comprende la investigación de los deberes de funcionarios, como agente de la fuerza de seguridad, si incumple con alguna de las conductas establecidas en su reglamento de funcionamiento interno”, sintetizó Scherer.
Consultado sobre su gestión al frente de la CPPT, el referente contó que se redujeron “considerablemente los índices de conflictividad en las unidades penales. Nosotros ahora en el mes de octubre vamos a cumplir 8 años de trabajo. Se están disparando los mecanismos institucionales para la conformación de la nueva CPPT, que va a funcionar a partir del mes de octubre con integrantes del Poder Ejecutivo, dos integrantes del Poder Legislativo”, precisó.
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“Ee va a desarrollar en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el procedimiento de selección en audiencia pública para los integrantes de las organizaciones civiles que tienen antecedentes en materia de derechos humanos, quienes van a componer la comisión que va a funcionar los próximos cuatro años”, explicó Scherer.
De acuerdo con el funcionario llegaron a realizar 400 visitas anuales a penales en Misiones y “a medida que nosotros fuimos incrementando las visitas de control y monitoreo en todos estos espacios de restricción de libertad, en los primeros años rondábamos un promedio de 60 – 80 por año y en los últimos años, pasamos las 400 visitas por año. Quiere decir que en promedio, hay un funcionario de la Comisión de Prevención de la Tortura en uno de estos espacios de restricción de libertad realizando su actividad. Superamos el promedio diario y con esto hemos logrado bajar significativamente esos índices la violencia institucional, que dejó de estar en los primeros puestos”, subrayó.
“De cada diez que nosotros entrevistábamos, ocho, nueve hacían referencia a cuestiones de índole de violencia física o institucional. Esto ha mutado, y hoy sí podemos decir que los reclamos más recurrentes por parte de los privados de su libertad, están relacionados a la cuestión de índole procesal, la celeridad de sus causas, el tema de las prisiones preventivas, los contactos con sus defensores, información del estado de sus causas”, describió Scherer, quien admitió que a principios de año, con el cambio de gobierno hubo reclamos de los presos por la falta de alimento en las unidades penales de Misiones.
