Así lo manifestó Marina Dávalos, Secretaria General de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) en Misiones, en diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5, denunciando la grave situación salarial que atraviesan los empleados del poder judicial misionero.
En momentos en que el presupuesto para el Poder Judicial en Misiones tendrá un incremento del 155% para el año 2025, Dávalos expuso las dificultades económicas que enfrenta el personal judicial, especialmente en los escalafones administrativos.
Según reveló, los salarios de los empleados administrativos con nueve o diez años de antigüedad están muy por debajo de la canasta básica para una familia tipo, que ronda los 900 mil pesos. “Hoy, un ingresante en planta permanente, en el primer escalafón administrativo, con una antigüedad de nueve años, está percibiendo 701 mil pesos, con el beneficio de transporte incluido. Sin ese beneficio, el salario sería de 660 o 670 mil pesos”, afirmó. Este monto es casi un 30% menor al valor de la canasta básica de septiembre de 2024.
Además, la sindicalista destacó que solo los cargos jerárquicos alcanzan un salario cercano a los 900 mil pesos, mientras que un gran porcentaje de la planta laboral se encuentra bajo contratos temporales, lo que refleja una situación de inestabilidad laboral. “Todavía hay un porcentaje importante de personal contratado, y si no tenés la suerte de ingresar en planta permanente, comenzás como auxiliar contratado en el escalafón administrativo”, explicó Dávalos.
En cuanto al ajuste salarial en función de la inflación, la dirigente señaló que los aumentos son insuficientes para mantener el poder adquisitivo: “Aun con los incrementos otorgados, estamos muy por debajo de lo que es lo básico y esencial para una familia tipo de cuatro integrantes. Si comparás la inflación con el aumento salarial, el impacto es insignificante en el monto total que percibís”.
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Por otra parte, la sindicalista también denunció la falta de paritarias en la provincia: “Nosotros reclamamos una dignificación salarial, pero no hay paritarias. No se debaten los aumentos salariales, ya que las decisiones se toman unilateralmente. Todos dependemos de los lineamientos del Poder Ejecutivo”.
Finalmente, Dávalos resaltó la importancia de una mejor redistribución de los recursos en el ámbito judicial, más allá de las inversiones en tecnología y capacitación: “Apelamos a la sensatez de los funcionarios para que se reconsidere lo salarial, porque no puede haber un trabajador judicial que gane por debajo de los índices de pobreza. La justicia tiene una carga emocional y mental enorme en su trabajo diario, y eso debe ser reconocido en términos salariales”, concluyó.
