En Argentina, las provincias retienen en promedio 1,6 meses de recaudación por adelantado en concepto de ingresos brutos, según un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA). Sin embargo, la provincia de Misiones se posiciona como el caso extremo, acumulando retenciones que equivalen a 14 meses de recaudación.
Para entender este fenómeno, “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 dialogó con Raúl Karabén, contador público y especialista en tributos, quien explicó que los Ingresos Brutos “representan el 95% del total de la recaudación propia de Misiones”.
Este dato refleja la importancia estratégica para sostener la caja provincial, especialmente en un contexto donde las transferencias por coparticipación federal no alcanzan para cubrir las necesidades fiscales locales.
Además, el especialista destaca que, aunque las retenciones a cuenta del impuesto son legales, su uso excesivo y la falta de mecanismos de devolución generan un desbalance significativo. “Misiones no devuelve los saldos a favor salvo que haya una orden judicial. Esto lleva a una acumulación masiva de fondos que, en la práctica, pasan a ser un impuesto más”, denunció.
Un sistema que triplica el gravamen
Uno de los principales problemas radica en la superposición de regímenes de retención y percepción sobre un mismo hecho imponible. Según Karabén, “cuando comprás una bolsa de harina, el molino aplica una percepción del 3,31% a cuenta del impuesto. Luego, al ingresar a la provincia, se paga nuevamente por la aduana local, y finalmente, al venderla, el supermercado retiene otro 3,31%. Además, cuando depositás el pago en el banco, te vuelven a retener”.
Este esquema no solo encarece los costos operativos, sino que también genera saldos a favor que, en muchos casos, nunca son recuperados. “Se calcula que en Misiones hay un 11% de sobrecarga fiscal en comparación con provincias vecinas como Corrientes”, señaló el experto, destacando la asimetría tributaria entre jurisdicciones.
Por otra parte, Karabén también enfatizó las dificultades para acceder a certificados de no retención, herramientas que permitirían aliviar la carga tributaria de quienes tienen saldos a favor. “A diferencia de la AFIP, donde el sistema emite automáticamente este tipo de certificados, en Misiones el proceso es extremadamente lento y muchas veces ni siquiera se otorgan”.
Esta inercia administrativa tiene un trasfondo financiero: “La provincia necesita los fondos, y eso hace que las devoluciones sean inexistentes o extremadamente demoradas. Es una situación que se agravó con la estabilización de precios, porque ahora los saldos retenidos se vuelven más visibles”.
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Riesgos legales para los funcionarios públicos
La acumulación de fondos sin devolución plantea también un dilema legal. Karabén adviritó que “si el Estado se apropia de fondos más allá de lo que corresponde y no arbitra mecanismos para devolverlos, se corre un riesgo penal. Aunque el Estado no es sujeto punible, los funcionarios que toman estas decisiones sí lo son”.
Este riesgo, según el especialista, podría materializarse si en el futuro se revisan las políticas actuales. “Mientras continúe la conducción actual, quizás no sea un problema, pero si cambia la administración, podrían surgir responsabilidades legales para quienes gestionaron estos fondos”.
El problema de los ingresos brutos no es nuevo, pero fue profundizándose. “Esta situación se viene agravando de manera progresiva. En los últimos años pasamos de 12 meses a 14 meses de recaudación retenida”, detalló Karabén.
A pesar de las reuniones entre sectores económicos y la administración provincial, no se han implementado soluciones estructurales. “Hemos planteado en distintas instancias la necesidad de automatizar los reintegros o reducir las percepciones. Pero hasta ahora, la respuesta ha sido mínima”, concluyó.
