El conflicto sobre la situación procesal de los ocho ex policías destituidos y exonerados tras la acusación de sedición del pasado mes de septiembre sigue generando controversia y preocupación.
La abogada laboralista Roxana Rivas, representante legal de los afectados, dialogó con “El País de la Libertad” y explicó el camino judicial y las dificultades encontradas, al tiempo que cuestionó la independencia del sistema judicial provincial.
“Lo que se presentó fue una acción de amparo en el Juzgado Laboral N°2, poniendo en crisis la forma en que estos trabajadores fueron separados de sus cargos”, apuntó Rivas. Según la abogada, el procedimiento administrativo vulneró derechos fundamentales de los ex agentes y dejó a sus familias en “estado de extrema vulnerabilidad”, agravado por la falta de ingresos.
Rechazo judicial y falta de garantías
La acción de amparo fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia. En palabras de Rivas, “nos dicen que no era la vía adecuada, pero también lo esperábamos porque buscábamos agotar las instancias judiciales locales”. Ahora, el caso está ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero “suponemos que también será rechazado”, agregó. Ahora, la estrategia apunta a llevar el reclamo a la Corte Suprema de Justicia.
Un aspecto que genera inquietud es la presunta parcialidad del sistema judicial. Rivas recordó que la presidenta del STJ estuvo presente durante la comunicación del decreto que exoneró a los agentes: “No hay garantías de imparcialidad si ya se manifestó en favor de la medida”. Además, cuestionó si “realmente creen que en este escenario algún juez local va a fallar a favor de ellos”.
Derechos laborales vulnerados
Los ex policías no solo enfrentan un proceso penal por sedición, sino que también quedaron fuera del sistema laboral sin percibir siquiera el porcentaje salarial que les corresponde estando cesantes. “Esto los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad”, subrayó la abogada, recordando que el impacto se extiende a sus familias. “Estas personas están detenidas, y toda la dinámica familiar se ve complejizada”.
En tanto, Rivas mencionó que las resoluciones judiciales fueron cuestionables en su celeridad. “Presentamos el amparo temprano en la mañana, y minutos después ya estaba el rechazo ‘In límine’, sin que se haya dado vista al fiscal ni se haya analizado el pedido”, denunció. “Es como si la decisión ya estuviera tomada de antemano”.
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Reforma y agravamiento de la situación policial
Por otro lado, la abogada se refirió al reciente decreto que modifica el reglamento para destituciones, facilitando la exoneración de policías. “Esto agrava la situación, porque endurece las sanciones y debilita las garantías”, afirma Rivas. Aunque algunos agentes lograron reincorporarse mediante negociaciones colectivas, la abogada destacó que, en casos como este, “los intereses en juego son mucho más grandes”.
Si el STJ rechaza el recurso extraordinario presentado la semana pasada, la defensa apelará a la Corte Suprema. Sin embargo, Rivas anticipó que la resolución no llegará este año: “El Superior Tribunal maneja otros tiempos. Lamentablemente, creemos que no resolverá este año”.
Para la abogada, la clave está en salir de las instancias provinciales. “La justicia provincial no va a actuar de forma independiente a menos que haya una bajada de línea que lo permita. Es importante llevar esto a nivel federal, donde esperamos un análisis más imparcial”, concluyó.
