Mientras la investigación avanza, la familia del oficial Diego Correa enfrenta serias dificultades económicas tras la exoneración del efectivo. Además, continúa agotando recursos para solicitar la excarcelación.
Desde hace cinco meses, Diego Correa y otros siete policías de Misiones están detenidos bajo la imputación de coacción agravada. La causa, llevada adelante por el Juzgado de Instrucción N°3 a cargo del juez Fernando Verón, se sostiene en un expediente reducido a un conjunto de mensajes de WhatsApp. Mientras la investigación avanza, la familia de Correa enfrenta serias dificultades económicas tras la exoneración del efectivo.
El abogado defensor Sebastián Pérez Dorrego y la esposa de Correa, Solmaira Cabrera, dialogaron con el programa “El País de la Libertad”, a través de Radio Up 95.5 sobre la situación procesal del detenido y las condiciones en las que atraviesan esta detención.
Una investigación basada en un grupo de WhatsApp
Según detalló Pérez Dorrego, la acusación contra Correa y los demás imputados se sostiene en conversaciones privadas dentro de un grupo de WhatsApp conformado por efectivos policiales. “El delito que se les acusa no está configurado. Si revisamos el expediente, el juzgado fundamenta la prisión preventiva en un grupo de mensajes, sin que haya existido una amenaza exteriorizada”, explicó el abogado.
Pérez Dorrego también señaló que Correa colaboró activamente con la investigación desde el primer momento: “cuando lo detienen, entrega su celular y su contraseña voluntariamente. Si no hubiese hecho eso, ni siquiera habrían podido acceder a los mensajes”.
A pesar de esta actitud, la justicia consideró que Correa y los demás imputados podían entorpecer la investigación. “Se los acusa de ser un peligro para la investigación cuando, paradójicamente, la causa nace de la colaboración del propio Correa”, sostuvo el abogado.
Desde que inició el proceso judicial, la defensa ha presentado diversas medidas para revertir la situación de Correa, pero todas han sido denegadas. “Solicitamos una excepción por falta de acción porque no hay delito, pedimos el cese de la prisión preventiva y también presentamos un habeas corpus por detención injustificada”, enumeró Pérez Dorrego.
También anunció que requerirán la incorporación de testimonios para demostrar que no hubo ninguna organización criminal, sino solo un intercambio de opiniones dentro del grupo. “Dentro del celular de Correa hay varios grupos, pero la justicia se basó en uno solo, y de las 20 personas que participaban, solo detuvieron a siete”, argumentó.
Solmaira Cabrera, esposa de Correa, narró las dificultades que enfrenta su familia desde la detención. “Son cinco meses difíciles, económicamente no tenemos sustento propio. Diego mantenía el hogar, sus padres son mayores y su madre es discapacitada”, relató.
A pesar de estar exonerado, Correa no fue formalmente cesanteado de la fuerza, ya que su perfil aún figura activo en el sistema, aunque sin percibir salario. “No tiene ingresos, pero en los registros sigue figurando como efectivo activo”, denunció Cabrera.
Sobre la situación emocional de su esposo, Cabrera aseguró que el impacto en la familia es grande, especialmente para sus dos hijos. “Nuestro hijo menor tiene cuatro años, y para él es difícil entender por qué su papá está en una cárcel de máxima seguridad”, lamentó.
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“No hay justificación para que siga detenido”
Para la defensa, la extensión de la detención de Correa es injustificada y arbitraria. “No hay peligro de fuga. Vive en Misiones desde que nació, su familia está aquí, sus hijos, sus padres. No puede ni quiere irse. No puede entorpecer la investigación porque ya entregó todo su material”, subrayó Pérez Dorrego.
El abogado insistió en que el caso de Correa y los demás detenidos es un “error judicial”, dijo y agregó, “si aplicamos la ley como corresponde, Correa debería estar en libertad y continuar el proceso fuera de la cárcel”, concluyó.
