A cuatro meses de su detención, el dirigente barrial Cristian Cabral sigue enfrentando restricciones y denuncias por supuestas amenazas contra un funcionario, en lo que constituye una clara persecución política. La causa en su contra, que Cabral calificó de “frenada” y “sin pruebas”, volvió a cobrar notoriedad en redes y medios nacionales, en un contexto de críticas hacia el gobierno provincial por su manejo de la disidencia.
Cristian Cabral fue detenido el 27 de junio luego de un operativo policial realizado de madrugada en su hogar, donde se incautaron dispositivos electrónicos sin que se le mostrara documentación de la orden de allanamiento. “Ellos me sorprenden a la madrugada reventando mi casa y yo automáticamente quedo incomunicado,” relató en diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5.
A su vez, afirmó que el procedimiento se realizó “de noche y de forma arbitraria”, sin respetar los derechos básicos de su familia y sin considerar la presencia de menores en la vivienda.
Cabral fue acusado de enviar mensajes de amenazas anónimos a través de un número de teléfono que, asegura, nunca poseyó, y que se habría activado a su nombre sin verificar su identidad. “Alguien se abrió una línea a mi nombre y con eso empezó a enviar mensajes”, declaró. Ante lo que considera una falta de pruebas sólidas, Cabral explicó que incluso pidió una pericia caligráfica para desvincularse del mensaje que fue escrito a mano, pero que dicha prueba “jamás” fue realizada.
A pesar de la falta de avances en la investigación, Cabral sigue bajo restricciones de circulación. “No puedo salir más de 24 horas de mi domicilio, tengo una perimetral de mil metros sobre la persona que declaró en una casa en la que no vive, que es cerca de la mía, por lo tanto, me priva de circular por mi propio barrio”, denunció, quien además está impedido de asistir al Ministerio de Educación, lo que obstaculizó su capacidad de terminar sus estudios técnicos y continuar con su proyecto de enseñanza de criptomonedas en el secundario.
Justicia desigual y medidas de presión
Por otro lado, Cabral denunció un trato desigual en la administración de justicia, señalando que cuando personas de su comunidad reportan amenazas o delitos, estos casos rara vez prosperan. “Cuando un vecino de mi barrio denuncia que le entran a su casa y le ponen un cuchillo en el cuello, no pasa nada. Pero cuando un ministro denuncia que amenazan, te revientan la casa, te quitan todas tus cosas y hasta te privan de tu libertad”, expresó.
Además, el dirigente sostuvo que el procedimiento en su contra fue, en esencia, una forma de intimidación. “Lo primero que quisieron fue apretarme y decirme ‘mirá que te pueden dejar preso de ocho meses a tres años’”, afirmó, pero enfatizó que en ningún momento se ha dejado amedrentar y que invita a otros a no ceder. “Si no están dispuestos a que sus hijos vivan de rodillas, anímense a pararse frente a lo que es injusto”.
El caso se sumó a otras situaciones similares denunciadas en la provincia. Según Cabral, su caso es uno más en un sistema donde se están usando figuras legales para silenciar voces críticas. “Es un sistema mecánico que ellos están usando contra todo aquel que piense distinto a ellos”, sostuvo Cabral. La provincia, según detalló, presenció una serie de operativos de detención y retención de dispositivos, a menudo realizados en horarios irregulares.
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En este sentido, Cabral citó el caso de Florencia Aguirre, la tiktoker detenida en un operativo similar por críticas al gobierno, lo cual revela un patrón de represión hacia quienes expresan opiniones disidentes.
Además, el diario La Nación publicó recientemente un informe sobre la distribución gratuita de agroquímicos producidos por una empresa con fuertes lazos con la dirigencia provincial. Según el medio, la denuncia derivó en amenazas contra quienes participaron en la investigación, e incluso contra la periodista que la firmó. Esta intimidación mediante amenazas de cárcel por “difusión de fake news” generó aún más controversia en redes y medios nacionales.
Por último, Cabral reveló que presentó denuncias en la Comisaría de la Mujer por lo que considera malos procedimientos en su caso, destacando la falta de protección hacia los menores presentes durante el allanamiento. “Ellos te atropellan la casa, le hacen pasar mal a tus hijos, ellos no perdonan criatura, y eso a mí me duele y me preocupa”, completó.
