Tras el rechazo a la apelación presentada y la ratificación de la prisión preventiva para Ramón Amarilla y Diego Correa, ambos policías acusados de sedición y conspiración, el abogado defensor, Ramón Grinhauz, dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y analizó los próximos pasos legales.
El abogado cuestionó la ratificación de la prisión preventiva dictada a los policías acusados de sedición y confabulación. Argumentó que no existen fundamentos objetivos para mantener la medida y anticipó la posibilidad de presentar un recurso de casación.
“Consideramos que la calificación era excesiva y que no se daban los presupuestos básicos para dictar una prisión preventiva”, afirmó Grinhauz, quien explicó que sus defendidos no representan ni un riesgo de fuga ni un peligro para la investigación. En el caso de Amarilla, destacó que “se presentó voluntariamente ante la Justicia y todos los elementos peritados ya están secuestrados”.
Posibles próximos pasos
El rechazo de la apelación no cierra la vía judicial para la defensa, que ya evalúa interponer un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). “Tenemos un plazo de diez días desde la notificación para presentar el recurso. Si la Cámara no lo concede, procederemos con una queja judicial”, anticipó el letrado.
En cuanto a los tiempos, Grinhauz señaló que la feria judicial no afectará el proceso, dado que los expedientes con detenidos continúan su curso. “Esperamos que el STJ se pronuncie con objetividad y rapidez, como corresponde en un Estado de Derecho”, expresó.
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Condiciones de detención
Ramón Amarilla lleva más de 60 días detenido y, según su abogado, aunque recibe visitas de familiares y amigos, la situación sigue siendo compleja. “Nadie está preparado para estar detrás de las rejas, especialmente cuando se siente que la situación es injusta”, señaló.
Aunque en los primeros días se reportaron restricciones a las visitas, Grinhauz confirmó que esta situación se resolvió. Actualmente, Amarilla recibe visitas regulares según el régimen establecido por el Servicio Penitenciario.
Por último, Grinhauz evitó especular sobre la influencia política en el caso, pero subrayó la necesidad de un tratamiento imparcial por parte de la Justicia. “Seguimos confiando en que en algún momento se aplique la ley como corresponde”, concluyó.
