Estudiantes de nivel secundario que participantes del Primer Parlamento Estudiantil de Eldorado denunciaron actos de maltrato por parte de la presidenta del Concejo Deliberante, Cristina Bandera, y otros empleados de la institución. Las acusaciones incluyen actos de censura y amenazas, y tres concejales presentaron un escrito dirigido a la presidenta del Concejo para pedir explicaciones sobre los hechos.
El Parlamento Estudiantil se creó para que los estudiantes secundarios puedan presentar sus proyectos en el Concejo Deliberante sobre temas de su interés. Su dinámica replica el funcionamiento del Concejo, permitiendo que los estudiantes elijan autoridades y trabajen en comisiones para debatir y aprueben iniciativas que ayuden a mejorar la vida de los estudiantes eldoradenses.
El lunes 28 de octubre se realizó la elección de autoridades del Parlamento Estudiantil, y los estudiantes habían alcanzado un consenso previo para la elección. Sin embargo, según su versión, Bandera habría intervenido deliberadamente para favorecer a un candidato de su preferencia, alterando lo decidido por los mismos estudiantes.
Este accionar provocó indignación entre los estudiantes, y uno de ellos, perteneciente al CEP 16, expresó su repudio públicamente. No obstante, las autoridades decidieron suspender la transmisión en vivo, que fue retomada solo después de la elección de autoridades.
Durante la reunión, en un ambiente de tensión, los estudiantes reafirmaron sus denuncias sobre maltrato, manipulación de la votación mediante presión verbal y censura hacia quienes tenían opiniones contrarias. Bandera insistía en que los estudiantes no reflejaban la realidad, lo que intensificaba el clima, al punto de que algunas escuelas consideraron retirarse del Parlamento, aunque finalmente continuaron.
Reunión con los concejales
En la sesión en comisión se convocó a una reunión entre Bandera, los concejales y directivos de las instituciones presentes, con la participación del asesor legal del municipio, Germán Chemes.
En este encuentro, en un ambiente aún más caldeado, los directivos reiteraron su rechazo a lo sucedido, resaltando que este tipo de acciones no educan en la convivencia democrática, y señalaron que varios estudiantes se sintieron vulnerados, ignorados y amenazados. Chemes planteó en un momento que, de comprobarse las amenazas, podría iniciarse una denuncia penal.
(Fuente: El territorio)
