La lucha contra la mala praxis en Argentina tiene un rostro: el de los familiares de las víctimas que buscan justicia en un sistema que, según denuncian, los ignora. Miriam Barrios Gross es una de esas voces. Desde 2014 pelea por el caso de su madre, Edith Gross, quien falleció tras una colonoscopía mal realizada en Eldorado. Su lucha, sin embargo, trasciende lo personal: busca que la Ley Nicolás sea aprobada para evitar que otros pasen por el mismo calvario.
“Yo llevo diez años y medio con esto. Mi mamá falleció en julio de 2014”, comenzó relatando, en diálogo con “La Última Rosca” de Radio Up 95.5.
Edith Gross estaba en tratamiento por un cáncer de colon en Posadas. Como parte de su recuperación, necesitaba realizarse una colonoscopía prequirúrgica, pero la falta de cupo en la capital misionera la obligó a viajar a Eldorado. Allí, el procedimiento quedó en manos del doctor Horacio Horrisberger.
“Mi mamá tenía patologías cardíacas, no podía recibir anestesia”, explicó Miriam. “Es por eso que se trataba en Posadas, porque tenía un equipo de médicos. Estaba muy bien atendida ahí y estaba en la etapa final de su tratamiento”. A pesar de estos antecedentes, el médico decidió aplicar un medicamento contraindicado.
“Se puso en conocimiento a este médico de toda esa situación. Él aceptó hacerle la colonoscopía. Y, bueno, le inyectó midazolam en vena directo. O sea, lo que no tenía que recibir mi mamá, se lo inyectó directamente en vena y la mató directamente ahí en la camilla en su consultorio”.
El caso, dice Miriam, es un claro ejemplo de cómo la negligencia médica puede acabar con una vida en segundos. “Pasó por arriba de todos los protocolos que existen para ese tipo de estudios”, señaló con indignación.
Una condena que no se cumple
Tras la muerte de su madre, Miriam inició una batalla legal que la llevó a enfrentar todo tipo de obstáculos. «Hice la denuncia penal ese mismo año», recordó. “Nos elevaron a juicio en 2016. Recién en 2019 estuvimos en juicio porque se inhibieron los jueces. Era todo un tema”.
Finalmente, el médico fue condenado, pero la pena no fue efectiva. “Se inhabilitó al médico y él seguía ejerciendo igual”, denuncia. «Fui a informar esto al juzgado. Me dijeron que no tenían elementos para hacer el control. Entonces, me tuve que encargar yo de buscar las pruebas”.
En este punto, es donde la lucha de Miriam se tornó aún más desgarradora. Para demostrar que el médico seguía atendiendo pacientes, tuvo que enfrentarlo cara a cara. “Nos tuvimos que sentar a una consulta con este médico que no nos reconoció ni por nombre ni por cara”, relató. “Conseguí las pruebas que me pedía la justicia: el turno con el sello del sanatorio, el nombre del médico, una receta con la matrícula y la firma, un pedido de estudio. O sea, todo lo que me pedía la justicia lo conseguimos. Hicimos la denuncia”.
Pero el esfuerzo fue en vano. “Hasta el día de hoy la justicia se me ríe en la cara”, contó, con una mezcla de rabia y resignación.
El médico fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación. “O sea, no va preso”, explicó. “No es prisión efectiva”. En teoría, si quebrantaba la condena, sí debía ser detenido. “En este caso hubo un pedido de detención. El fiscal Fretes hizo el pedido de detención, presenté la nueva denuncia con las pruebas… y eso está en el juzgado de la doctora Lloy, que archivó la causa porque consideró que no hubo violación a la condena”.
Miriam reveló que el argumento de la jueza para archivar la causa fue que la sentencia “no estaba firme”. “Se basa en una presentación de un recurso extraordinario que hicieron en la Corte Suprema, pero si la jueza ponía eso en su computadora o si levantaba el teléfono y preguntaba el estado del expediente, le iban a decir que ya no existe más porque fue archivado”.
La necesidad de la Ley Nicolás
Casos como el de Edith Gross son más comunes de lo que se cree. La ONG “Víctimas de Mala Praxis”, liderada por Gabriela Covelli, lucha por la sanción de la Ley Nicolás, que busca modificar el Código Penal para tipificar la mala praxis como delito.
“Desde que inicié la denuncia en 2014, fui viendo que dentro de la justicia hay muchas fallas”, dijo Miriam. “La mala praxis no está penada. No existe en el Código Penal. A nosotros nos mandan al artículo 84, que es homicidio culposo, como si fuera un accidente de tránsito”.
El proyecto de ley busca evitar que casos como el de su madre se repitan. “Nosotros con esta ley lo que apuntamos es a que no le pase más a nadie. Que no me pase a mí, que no te pase a vos, que no le pase a mi hijo, que no le pase al que queda”.
La ley también propone la creación de un registro nacional de médicos condenados. “Es muy común encontrar casos de médicos condenados que se van a otra provincia y siguen trabajando”, denunció. “Si en Eldorado condenan a un médico, en Corrientes nadie sabe lo que pasó”.
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Una lucha sin descanso
Miriam y otros familiares de víctimas utilizan las redes sociales como herramienta de presión. “Por ejemplo, el senador Arce es el vicepresidente de la Comisión de Salud del Senado. Nosotros lo que hacemos es comentar en cada publicación, hacer el pedido, tenemos un hashtag”, explicó.
El camino, sin embargo, está lleno de frustraciones. “Para mí, que no se haya votado la ley, la verdad es que me hace sentir estafada”, confesó. “Tuvimos mil promesas, todo era ‘sí, sí, sale, seguro que sí’, y después no”.
El trabajo detrás del proyecto fue enorme. “Hemos tenido cientos de conferencias por Zoom con médicos, con abogados, con diputados, con senadores”, contó. “No es algo que nos juntamos cinco locos y queremos esta ley. Hay un enorme trabajo de profesionales atrás”.
A pesar de todo, Miriam no deja de luchar. “Nosotros, los familiares de víctimas, a veces nos convertimos en investigadores, en abogados, en un poco médicos porque tenemos que empezar a buscar información”, reflexionó.
Su vida cambió para siempre. “Yo podría haber dicho: ‘bueno, la sentencia está firme, acá terminó’. No, ahí empezó. Tuve que empezar a vigilar yo que el médico no siga trabajando”.
Y concluyó con una frase que resume el dolor de quienes enfrentan la impunidad: “Es un dolor que uno lleva toda la vida, no es que decís ‘bueno, lo condenaron, ya está, cumplió’. No. Eso se lleva toda la vida”.
