Con la llegada del verano, la falta de guardavidas capacitados está marcando la agenda de los municipios, quienes enfrentan serias dificultades para adherirse a la Ley Provincial de Seguridad Acuática. Esta problemática quedó en evidencia en Oberá, donde se decidió prorrogar por otro año la suspensión de la adhesión a dicha ley debido a la insuficiencia de personal habilitado.
Franco Bacigalupi, director general de Seguridad Acuática de Misiones, dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y explicó que esta situación tiene un origen claro: la escasez de escuelas de formación. “El problema es que Oberá no está generando guardavidas. Si bien Posadas tiene dos escuelas habilitadas, muy pocos egresados eligen trabajar en Oberá u otras localidades”, detalló Bacigalupi.
Además, establecer nuevas escuelas no es una tarea sencilla. Bacigalupi subrayó que el costo de mantener una pileta durante todo el año para prácticas es uno de los principales obstáculos. “La mayor carga horaria de una escuela de guardavidas es el entrenamiento y salvamento, que requieren instalaciones adecuadas. Esto implica un gasto elevado, y muchos municipios no cuentan con esos recursos”.
La formación, una tarea pendiente
Actualmente, en Misiones existen dos escuelas de guardavidas, ambas en Posadas, respaldadas por el municipio y el Ministerio de Educación. Estas instituciones tienen un plan de estudios riguroso que incluye 730 horas de formación. Sin embargo, Bacigalupi destacó que no todos los aspirantes cumplen con los requisitos básicos: “Aquí llegan personas que creen que la escuela es para aprender a nadar, pero el ingreso exige ya saber hacerlo”.
Además, en localidades como Eldorado y Candelaria, los intentos por abrir nuevas escuelas se han encontrado con trabas administrativas y financieras. “Hay recursos humanos en los municipios, pero falta coordinación para reunir a los profesionales necesarios. Mientras tanto, seguimos sin generar guardavidas locales”, añadió.
Otro factor que complica la implementación de la ley es la resistencia de algunos empresarios de balnearios y piletas a contratar guardavidas por los costos que implica. “Siempre digo: el costo de un guardavidas no se compara con el costo de una víctima. Sin embargo, muchos propietarios siguen viéndolo como un gasto innecesario”, enfatizó Bacigalupi.
Por su parte, municipios interesados en adherirse a la ley, como Alem, no avanzan debido a la falta de profesionales. Según Bacigalupi, “la ley exige que el municipio gestione sus propios recursos para contar con guardavidas. No podemos suministrar personal desde la provincia”.
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La migración de guardavidas, otro desafío
La calidad de los guardavidas misioneros es reconocida a nivel nacional e internacional, lo que llevó a muchos a buscar oportunidades en otros países. “Lamentablemente, los municipios nos dicen: ‘Los formamos y se van’. Esto sucede porque los salarios en otros lugares, como Brasil o Europa, son mucho más atractivos”, explicó Bacigalupi.
La decisión de Oberá de suspender su adhesión a la Ley Provincial de Seguridad Acuática despertó el debate. Bacigalupi señaló que, aunque no es la mejor opción, entiende la situación: “Prefiero un guardavidas con título, aunque no tenga la reválida anual, que alguien que no sabe nadar. Pero debemos buscar soluciones estructurales, porque estas decisiones solo aplazan el problema”.
Conscientes del riesgo que implica la falta de personal calificado, los municipios y la provincia enfrentan el reto de garantizar la seguridad acuática. Mientras tanto, Bacigalupi insistió en la importancia de invertir en formación y en fortalecer la presencia de guardavidas en todo el territorio. “La vida no tiene precio, y cada esfuerzo para preservarla vale la pena”.
