El Concejo Deliberante de Oberá aprobó, por mayoría, una nueva prórroga de la suspensión de la adhesión a la Ley Provincial de Seguridad Acuática. La medida, impulsada por el oficialismo y defendida por la Dirección de Turismo y Cultura de la ciudad, generó un intenso debate, especialmente por parte del interbloque PRO, que rechazó la iniciativa al considerar que compromete la seguridad de la comunidad.
En este sentido, la concejal del PRO, Mara Frontini, dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y cuestionó duramente esta resolución y expuso los riesgos de contratar personal no capacitado para la temporada 2024-2025.
“Se aprobó un expediente que dice que van a contratar guardavidas con o sin prueba de suficiencia aprobada. Es decir, personas que no están habilitadas para la tarea. Eso es inaceptable”, advirtió Frontini, quien junto al interbloque PRO votó en contra de la medida.
“Es como si en la clínica donde trabajo, al no tener médicos suficientes, decidiéramos que estudiantes de medicina de segundo o tercer año cubran las guardias. No podemos jugar con la vida de las personas”.
Un año perdido con promesas incumplidas
La prórroga aprobada esta semana no es la primera. Según explicó Frontini, el año pasado se tomó la misma decisión, pero con el compromiso de capacitar guardavidas durante 2024. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió. “El año pasado se suspendió la adhesión con la promesa de que durante todo este año se harían los cursos de habilitación. Hoy estamos en noviembre y seguimos en la misma situación”, afirmó.
Frente a esta falta de avances, la concejal expresó su escepticismo ante los nuevos compromisos asumidos por el oficialismo. “Ahora dicen que lo van a hacer en 2025, pero si no lo hicieron este año, ¿por qué debería creerles? Yo me guío por los hechos, y los hechos son que no cumplieron”, señaló.
La Ley Provincial de Seguridad Acuática regula las condiciones que deben cumplir los espacios recreativos con acceso a espejos de agua, como balnearios, arroyos y piletas, y exige la contratación de guardavidas habilitados. En Misiones, solo cuatro municipios están adheridos a esta ley: Candelaria, Eldorado, Posadas y Oberá. Sin embargo, con esta nueva suspensión, Oberá evitará cumplir con esos compromisos durante la temporada 2024-2025.
“Según la carta orgánica, es el Concejo Deliberante quien debe garantizar la seguridad e higiene pública. Pero aprobar esta prórroga es hacer todo lo contrario. Es comprometer la seguridad de nuestra comunidad y de los visitantes que vienen a Oberá”, destacó Frontini.
La concejal también advirtió sobre la gravedad de permitir que personas sin capacitación trabajen como guardavidas. “Si ocurre un accidente esta temporada, ojalá no pase, pero si sucede, yo no voy a ser responsable. No firmé ni voy a firmar una ordenanza que ponga en riesgo vidas humanas”, aseguró.
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El respaldo oficialista y los argumentos
El expediente fue aprobado con los votos de cinco concejales del oficialismo renovador: Pablo Ullón (presidente del Concejo), Verónica Noguera (vicepresidenta), Marcelo Sedoff, Maximilian Binder y Carina Sánchez. Según Frontini, el argumento principal del Ejecutivo Municipal es la falta de personal habilitado para el trabajo. “Tuvieron todo el año para hacer una capacitación y no hicieron absolutamente nada”, afirmó.
El interbloque PRO, conformado por tres concejales, presentó un dictamen de minoría rechazando la medida. “Desde el interbloque dijimos claramente que no íbamos a aprobar este expediente. No estamos dispuestos a firmar algo que exponga a los obereños y a los turistas a situaciones peligrosas”, explicó Frontini.
La votación, realizada este martes, terminó con la aprobación de la prórroga por mayoría oficialista. “La decisión ya está tomada, pero eso no significa que sea la correcta. Es una irresponsabilidad absoluta”, añadió la edil.
Oberá cuenta con alrededor de diez clubes con piscinas habilitadas, además de varios arroyos utilizados por la comunidad y visitantes. Sin guardavidas habilitados, estos espacios quedarán expuestos a posibles incidentes. “Recordemos que, además, se realizan competencias de natación en estas piletas. No es solo una cuestión de recreación, sino de garantizar condiciones seguras para todos los que usan estos lugares”, enfatizó Frontini.
“Esto no es solo un trámite burocrático. Estamos hablando de vidas. Y nosotros no vamos a ser cómplices de una medida que las ponga en peligro”, concluyó Frontini.
