En noviembre de ese año, la causa pasó al juzgado federal de Posadas y no hubo avances en la investigación por la presunta malversación de fondos vinculada con dirigentes y familiares de funcionarios del CGE que aparecían contratados como “docentes” a través de escuelas fantasma. Entre los imputados están la secretaria de Economía del Conocimiento y exdiputada nacional Flavia Morales, el expresidente del Consejo, Mauricio Maidana y la diputada provincial Karen Fiege, entre otros.
La causa iniciada en septiembre del 2017 con la denuncia penal de dos secretarias generales de sindicatos docentes de Misiones, respecto de la posible malversación del Fondo de Incentivo Docente y del Adicional Compensador –más conocido como Artículo 9–, permanece “cajoneada” en el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la jueza Verónica Skanata.
Así lo indicaron fuentes con acceso al expediente, que ratificaron que desde hace 6 años no hay movimientos con ese expediente, ni se avanzó en medidas de prueba para dilucidar responsabilidad y determinar qué pasó con los millones de pesos que fueron cobrados por diputados, funcionarios y familiares de funcionarios que estaban inscriptos como docentes en “escuelas fantasmas” (inexistentes) y que no dictaban clases frente a aulas. Los supuestos delitos se habrían cometido entre 2012 y 2016, según la documentación presentada por las denunciantes.
De acuerdo con las fuentes consultadas por Radio Up 95.5, luego de presentar la denuncia ante la Fiscalía de Instrucción Nº 6 de Posadas, en septiembre del 2017, acudieron al juzgado federal que preside la jueza María Romilda Servini de Cubría, ante quien ratificaron y ampliaron la denuncia por fraude y malversación de fondos. Para noviembre de ese año, el juzgado de instrucción 6 de Posadas, no convocó a los docentes a ampliar su denuncia. Y en ese año, la jueza Servini remitió el expediente –por motivos de competencia jurisdiccional– al juzgado federal de Posadas, que preside la magistrada Skanata.
Dado que la causa pasó a un juzgado de Misiones, y por el temor a que la causa no avance –como efectivamente ocurrió– por entonces, las denunciantes radicaron una denuncia por la malversación de fondos a la Oficina Anticorrupción, que tampoco avanzó en la investigación durante la gestión de Cambiemos.
Actualmente, la causa está paralizada y las denunciantes no pudieron tener ni siquiera una audiencia con la jueza Skanata, encargada de investigar la denuncia penal contra el Ministerio de Educación y el Consejo General de Educación.
En la denuncia presentada por Estela Genesini (sec. gral. del sindicato Udnam) y Mariana Lescaffette (sec. gral. del Semab) se brindan pruebas de unas 1.700 personas que estaban cobrando el incentivo docente y el adicional compensador, sin dictar clases en escuelas, y sin pertenecer a la planta funcional de un establecimiento educativo real. Se trata de funcionarios, parientes y allegados de estos, diputados, exdiputados y exfuncionarios renovadores que estaban inscriptos con diversos CUISEs “fantasmas”, escuelas que no existían pero estaban inscritas en el Código Único de Identificación en el Sistema Educativo con un número apócrifo.
En la lista de los “beneficiados”, llamados “ñoquis” del sistema educativo misionero –eran personas que no dictaban clases, pero cobraban fondos nacionales destinados a docentes– figuran la exdiputada nacional Flavia Morales (actual secretaria de Economía del Conocimiento), el expresidente del Consejo General de Educación, Mauricio Maidana, el entonces contador del CGE, Mario Fabián Kruki, la actual diputada provincial renovadora, Karen Fiege y la exdiputada provincial Lucía Ana Gryceniuk –quien presidía la Comisión de Educación en la Legislatura. Además, estarían imputados como partícipes el exgobernador y actual senador Maurice Closs, el diputado provincial y gobernador electo, Hugo Passalacqua, y los exministros de Educación, Luis Jacobo e Ivonne Aquino.
En la denuncia, aparece documentación que apunta a que Kruki recibía un sueldo de 21 horas superiores (Cuise 1657), mientras que la ex Directora de Enseñanza Primaria María Lucía Glum percibía sueldos también por 21 horas superiores (Cuise 2504). También aparecen médicos de Salud Laboral, y abogados de Asuntos Jurídicos, junto con la por entonces, directora de prensa de la Gobernación de Misiones, Karen Fiege.
Asimismo, Florencia Conde, hija del exvocal del CGE Conde, también cobraba horas cátedra a través de supuesto trabajo docente en otra escuela (Cuise 1931). En tanto, Valeria Verónica Alustiza, la hermana del exvocal del CGE Alustiza, percibía horas en la escuela del Cuise 1921.
Por su parte, la ex diputada provincial Lucía Ana Gryceniuk, según la denuncia, cobraba un paquete de horas dentro de los programas de Ministerio (identificadas por el Cuise 8500). Esta renovadora presidió la Comisión de Educación de la Legislatura hasta 2016, con el agravante, de acuerdo con la denuncia, de percibir sueldo por horas medias siendo que es maestra de grado. Todos los mencionados, además, cobraban FONID y Artículo 9 Adicional Compensador, de ahí que surge que la denuncia por supuesta malversación de fondos nacionales, constituye un delito federal.
