La suma fue “reconocida” por el gobernador Hugo Passalacqua en el decreto 1082/24, lo que implica que algún funcionario, previamente, concedió el pago por los servicios de seguridad tercerizados, correspondientes al bimestre mayo – junio. El millonario pago que incumple con la ley de contabilidad general, beneficia a una firma que sería propiedad de un oscuro empresario responsable de la muerte de dos empleados de limpieza en 2008.
Segen SRL lo hizo de nuevo. Este martes, el Boletín Oficial de la provincia de Misiones N° 16.174 muestra el contenido del decreto N° 1082, el cual, con fecha 3 de Junio de 2024, confirma el pago de la suma de $223.038.204,22 por una escandalosa “contratación directa” que incumple la Ley de Contabilidad General de la provincia y representa un nuevo episodio de descontrol, discrecionalidad y opacidad en el manejo de los fondos públicos en la administración que encabeza el gobernador Hugo Passalacqua.
Con un agravante: la empresa beneficiada, Segen SRL, está denunciada por despedir a trabajadores que reclaman que se cumpla con el salario de convenio, entre otras violaciones laborales. Además, fuentes consultadas aseguran que esta empresa es del mismo propietario de la desaparecida firma SIP – Armas, una tercerizada que se dedicaba a la limpieza con contratos del Estado renovador, que fue condenada en 2017 por las muertes de dos empleados ocurrida en Posadas, en 2008.
La fría letra del decreto firmado por Passalacqua el 3 de junio pasado, sostiene en su artículo 1°: “reconócese el gasto desde el 1° de Mayo de 2.024 y hasta la fecha del presente Decreto y apruébase y autorízase a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a efectuar desde la fecha del presente Decreto y hasta el 30 de Junio de 2.024 una contratación directa con la firma ‘Segen S.R.L.’, para la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia, destinado a los efectores y por los montos que se detallan a continuación, de conformidad a la propuesta de fs. 02 y los Pliegos de Cláusulas Particulares obrantes a fs. 06/18, encuadrando el procedimiento en los Arts. 44° y 85° apartado 3, inciso d) y su último párrafo, de la Ley VII – N° 11 (antes Ley N° 2.303)”
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En el detalle aparecen todos los montos mensuales y bimestrales que Segen SRL cobró por la prestación del servicio de seguridad en el Ministerio de Salud Pública – Edificio Central ($9.984.108,04); en el Hospital Ramón Gardés ($14.980.472,52); en el Hospital de Puerto Esperanza ($11.235.354,40) y en diversos CAPS, por ejemplo el 508 de Itaembé Guazú o el CAPS de El Porvenir, ambos por $7.490.236,26 por el bimestre.
El monto total de la contratación directa es de $223.038.204,22.
En tanto, el artículo 2°, autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a la liquidación y pago mensual a favor de la firma mencionada en el artículo 1°, previa recepción de lo contratado, con cargo a la partida que se detalla a continuación” del ministerio de salud pública.
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Sobre la cuestionada empresa Segen SRL, cabe recordar que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Seguridad (Sutras) reveló que estuvo echando trabajadores por protestar. “Echaron dos compañeros, no les abonó el sueldo que corresponde, porque dice que es con causa justa, inventaron causas. Uno de ellos (de los despedidos) es candidato a delegado, así que, estamos nosotros muy en la parte legal para pedir la reincorporación”, detalló Soria a este medio
“Y solicitamos el pago de los meses que corresponde el trabajado. Porque esta gente, hay compañeras que estuvo trabajando todo el mes, le despidieron sobre el 30 y le dicen que no le corresponde, abonarle ni siquiera el sueldo de los días trabajados. Le hablé con el dueño, le escribí al dueño y le expliqué: ‘está bien que ustedes consideren que es justo despido, por eso lo vamos a manejar legalmente. Pero los días trabajados, se los tienen que pagar. Eso corresponde, corresponde el proporcional de aguinaldo, el proporcional de vacaciones. Pero es la impunidad de todos estos de estos sectores”, fustigó Soria.
Sobre este tema, Soria hizo una impactante revelación, que explica uno de los motivos por los que el gobierno renovador no realiza licitaciones públicas. “Hay empresas de Buenos Aires que están queriendo entrar a la provincia para poder pagar el sueldo de convenio. Me dicen que pueden llegar a hacerlo, que se puede pagar el sueldo de convenio, o sea, que estos no quieren realidad. El estudio que hacen los empresarios es que la actividad les reporta un veinte por ciento de ganancia y un ochenta por ciento iría a sueldos, impuestos, etcétera. Pero en Misiones (en el sector de las empresas tercerizadas de seguridad) es al revés: el ochenta por ciento de ganancia y el veinte por ciento lo dedican al impuesto o sueldo. Por eso está la situación como está”, disparó Soria, señalando también que la ministra de Trabajo, la renovadora Silvana Giménez, conoce plenamente todos los incumplimientos salariales y laborales en los que incurren las empresas tercerizadas como Segen SRL.
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De acuerdo con Soria, en los CAPS como los mencionados en este polémico decreto, los empleados de seguridad de Segen SRL, apenas perciben un sueldo de unos $300 mil mensuales. Una cifra exigua y hasta miserable, que contrasta con las multimillonarias sumas que recibe Segen SRL, “por contratación directa”, sin ningún tipo de control de la contaduría general de la provincia o del Tribunal de Cuentas de Misiones.
Sobre el proceso de contratación directa, fuentes consultadas remarcaron que no corresponde ni por el monto (el máximo para las contrataciones directas es de unos $3 millones) ni por las formas: porque el servicio de seguridad en hospitales y CAPS no son eventos imprevisibles como un tornado, una granizada o una inundación, para los que se suelen emplear –también– las contrataciones directas. Al contrario, son gastos regulares y corrientes, que por los valores, debieron requerir una licitación pública.
Finalmente, otras fuentes consultadas señalan que Segen SRL pertenece al mismo empresario que manejaba la empresa SIP Armas, una firma dedicada a la limpieza –servicios tercerizados del Estado renovador– que fue condenada en 2017 como responsable por las muertes de dos empleados, ocurrida en 2008. Ese antecedente, no le habría impedido a este oscuro empresario, montar una nueva firma y lograr multimillonarios contratos con el Estado.
