Entre los varios puntos de reclamo del frente educativo, que amparados legalmente por UDNAM convocaron a una huelga de 24 horas, se advierte sobre los bajos salarios de trabajadores y jubilados del sector, el mal funcionamiento del SUNA y la falta de sanción sobre hechos de corrupción con cargos que son de público conocimiento e involucran, entre otros al expresidente del Consejo, Alberto “Colita” Galarza.
Los docentes misioneros se preparan para una nueva movilización en Misiones. Este lunes, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) y la Unión Docente Nueva Argentina Misiones (Udnam) informó al Consejo General de Educación (CGE) y al Ministerio de Trabajo de la provincia sobre la convocatoria y los motivos de la huelga de 24 horas que concretarán este 23 de octubre, con movilizaciones locales en distintos puntos de la provincia, en reclamo de sueldos dignos y un saneamiento del sistema educativo de Misiones, jaqueado por numerosas maniobras de corrupción con institutos superiores y horas docentes en las que fueron nombrados hijos de funcionarios y exfuncionarios, siendo el caso de Alberto “Colita” Galarza –ex titular del CGE– acaso, el más resonante hasta la fecha.
La nota remitida a la titular del CGE, Daniela López, por la secretaria general de Udnam (inscripción gremial N° 2.329/04) Estela Genesini informa sobre la convocatoria a un “paro sin asistencia a los lugares de trabajo, para el día Miércoles 23 de Octubre de 2024; ello acompañado de acciones: asambleas, movilizaciones, marchas, etc.”
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Las causas de la convocatoria al paro docente en Misiones
“Motivan esta resolución:
*El agravio sufrido por el conjunto de los trabajadores ante la ausencia de recomposicion salarial comunicada por el gobierno el día 17/10/24 en la escuela normal ee.uu. del brasil. situación que agrava la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores de la educación, inmersos en una grave crisis económica.
*El reclamo de la continuidad de la mesa salarial que recomponga el salario docente.
*La necesidad de salarios dignos para activos e inmediata movilidad jubilatoria a los pasivos.
*La exigencia de condiciones dignas de trabajo, con la infraestructura adecuada.
*El rechazo al mal funcionamiento del s.u.n.a. que fuera implementado como herramienta de trabajo.
*La exigencia se arbitren los medios para el inmediato esclarecimiento y sanción a los responsables de los hechos de corrupción que se vienen denunciando y que son de público conocimiento.
*El repudio a la criminalización y la judicialización de la protesta –reclamar salario no significa delito ni sedición ni atentar contra el orden público.
*La designación de personal de servicio respondiendo a la matrícula de las instituciones y las características edilicias.
*La necesidad de salarios dignos y el pase a planta permanente para cocineras y personal de servicios y provisión de ropa y calzado.
*El urgente aumento de la partida de comedor.”
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Entre los reclamos harto conocidos por todos los docentes misioneros, que actualmente quedaron con un piso salarial de $500 mil (para la maestra de grado sin antigüedad) se destaca la mención a la judicialización de la protesta salarial –como viene ocurriendo desde mayo, cuando se dio el llamado “misionerazo”, es decir, el reclamo conjunto de docentes, sanitarios y policías–, y la referencia a los hechos de corrupción con el reparto de horas superiores y cargos docentes y jerárquicos a familiares y allegados a funcionarios y exfuncionarios renovadores.
El caso más resonante, que sigue sin ser esclarecido por el CGE, es el que rodea al Instituto Politécnico Superior Misiones N° 1, en el que el extitular del consejo, Alberto “Colita” Galarza goza de 18 horas superiores. En ese mismo establecimiento, y nombrados por Galarza, aparecen en la planta orgánica el rector Ramón Arroyo, que cobra como rector y como coordinador, junto a su esposa Eleonora Ziessmann –docente y “coordinadora” a la vez, en el mismo instituto– y el hijo de ambos – nombrado como “profesor”–. Ese es sólo uno de los escándalos por el reparto de horas y cargos a familiares de funcionarios y militantes de la agrupación renovadora Adomis, que siguen sin ningún tipo de resolución. Pese al reclamo y las denuncias de gremios docentes.