El diputado provincial Miguel Núñez (PRO) se presentó en los juzgados federales de Comodoro Py, para que se investigue si hubo malversación del Fondo Especial del Tabaco por la compra de “bioherb” un producto que la provincia difundió como “reemplazo” del glifosato y estuvo distribuyendo durante meses en chacras misioneras, pese a no estar aprobado por el SENASA.
El escándalo por los bioherbicidas truchos llegó a Comodoro Py. En las últimas horas, el diputado provincial Miguel Núñez se presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6, para que se investigue al Ministerio del Agro de Misiones por la presunta malversación del Fondo Especial del Tabaco (FET) en el marco del escándalo por la posible compra y distribución de miles de litros de “bioherbicidas” ilegales, no aprobados por el SENASA en Misiones.
La semana pasada se conoció que el organismo nacional informó a Núñez y al diputado provincial Carlos Rovira, que la empresa Agro Sustentable SA, a través de una subsidiaria, sólo tiene registrados tres productos y ninguno de ellos fue aprobado ni cumple la función de herbicida, por lo que el “Bioherb” que el ministerio del Agro y otros organismos provinciales estuvieron repartiendo en las chacras misioneras como “reemplazo orgánico” del glifosato, en realidad es un insecticida ilegal, utilizado en forma concentrada, y fabricado sin los permisos correspondientes –el SENASA confirmó a Núñez y Rovira que Agro Sustentable no tramitó los permisos para fabricar en Misiones este producto que no es un herbicida.
El escándalo político de consecuencias penales impacta de lleno en la gestión del ministerio del Agro, en el relato de Rovira y todo el gobierno renovador sobre la viabilidad de la Ley VIII – N° 103 de “promoción de los bioinsumos” que prohíbe la aplicación de glifosato y otros herbicidas químicos a partir de 2025 y deja en la mira a Joaquín Basanta, el CEO de Agro Sustentable, quien figura como socio de Ramiro Rovira, el hijo de Carlos Rovira, en el INPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual) porque recientemente ambos registraron la marca “Imprevisible”.
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De acuerdo con el portal especializado en la producción agropecuaria, Bichos de Campo, Núñez presentó la denuncia para que se investigue la posible malversación del Fondo Especial del Tabaco (FET) ante la Secretaría Nro. 12 del mencionado juzgado ubicado en los tribunales federales de Comodoro Py.
Previamente, Núñez presentó un proyecto de comunicación en la Cámara de Diputados de Misiones –el lugar controlado por Rovira– para conocer si el Estado provincial había pagado por los bioinsumos que reparte, por el momento gratuitamente en las chacras misioneras. El diputado del PRO también presentó denuncias administrativas en el SENASA por la distribución del bioinsumo llamado “BioHerb” que es producido por Agro Sustentable SA en la planta inaugurada en abril de 2024 en el parque industrial de Posadas.
De acuerdo con la publicación de Bichos de Campo, una empresa del mismo grupo que lidera el CEO Joaquín Basanta, llamada BioInsect SRL, tenía tres registros ante Senasa, pero ninguno cumplía las funciones de herbicidas, sino que se trata de insecticidas y acaricidas que está permitido que se fabriquen en la planta de BioInsect en Tucumán y no en Misiones.
“Por Decreto 486 de fecha 19/04/23, Oscar Alberto Herrera Ahuad, (ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Representantes) instruyó a los Ministros de Salud Pública, del Agro y la Producción, y de Ecología y Recursos Naturales y Renovables, a que lleven todas las acciones y emitan todos los actos administrativos correspondientes en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de aprobar lo solicitado por la empresa Agro Sustentable SA”, argumentó Núñez en su presentación ante el juzgado federal ubicado en la calle Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
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“No obstante, resulta llamativo que dos días después de firmado el citado Decreto, el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, por Resolución 091 de fecha 21/04/23 autorizó a la empresa a realizar, ante la Dirección de Recursos Vitales, el registro y la ampliación del uso del Producto ESTEN 80, Registro SENASA 36335, ampliando su uso como herbicida de contacto y herbicida total pos emergente, en base a los satisfactorios resultados obtenidos de los ensayos realizados por el Ministerio del Agro y la Producción. Parece claro que en apenas dos días resulta imposible que el Ministerio haya podido realizar algún ensayo”, continuó el planteo de Núñez ante la justicia federal.
En esta línea de argumentación, el diputado provincial recordó el inicio de la aplicación de ese bioinsumo a campo, que fuera promocionado por dirigentes provinciales en distintos medios de comunicación oficiales, y la consecuente denuncia realizada en SENASA, además de la reunión que mantuvo con el vicepresidente de ese organismo, en la que, entre otras cosas, le informaron que para aprobarse un herbicida, deben realizarse pruebas durante 10 años por lo que es imposible reemplazar el glifosato por un “bioherbicida” en 2 años, que es el plazo que otorga la ley de promoción de los bioinsumos que presentó Rovira y se aprobó en la Legislatura en 2023.
En la presentación ante la Justicia Federal, Núñez añadió la información difundida por el portal agrario Bichos de Campo. “En una Asamblea llevada a cabo el 12 de enero del corriente año de la Cooperativa Agrícola de Puerto Rico, sito en ciudad de Puerto Rico Misiones, una funcionaria del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones deslizó que los fondos para la compra del producto supuestamente autorizado a la empresa Agro Sustentable SA provienen del Fondo Especial del tabaco (FET) creado por la Ley 19.800, es decir de fondos recaudados por la Nación Argentina”, indicó Núñez en esta nueva denuncia.
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Así aparecen los indicios sólidos de presunta malversación del FET, el principal recurso de financiamiento del Ministerio del Agro de Misiones –se estima que el FET representa cerca del 70% del presupuesto del ministerio ahora presidido por el politólogo Facundo López Sartori. De acuerdo con el portal mencionado, en el último informe de Ejecución Presupuestaria 2023, elaborado por la Coordinación de Tabaco en el marco de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en la asignación correspondiente a la provincia de Misiones aparecen dos erogaciones “sospechosas” vinculadas al FET.
Una por $25.690.471,29 para la “Sustitución de Fungicidas e Insecticidas Químicos Sintéticos por Productos Biológicos en Cultivo de Tabaco”; y otra por $511.261.964,40 para la “Provisión de Bioinsumos para el desarrollo de una actividad tabacalera ambientalmente responsable”. Pese a estos planes declarados, la mayoría de las muestras de este producto “BioHerb”, fabricado por la firma Agro Sustentable, fue distribuidas por el Ministerio del Agro a productores tealeros y yerbateros, de acuerdo a lo constatado por Núñez, in situ. Esta maniobra es coherente con el discurso oficial del gobierno provincial, presentando al “bioherbicida” –que en realidad es un insecticida/acaricida– como el producto “milagroso” creado en Misiones para sustituir el glifosato.
Por esta razón, Núñez solicitó al Fiscal Federal que “se proceda a investigar la posible existencia de delitos”. En total son más de $536 millones de pesos, pero en los pasillos del ministerio se habla de una suma cercana a los $3 mil millones, destinados a los “bioinsumos” de Agro Sustentable SA.
