En lo que parece la sentencia de muerte de la ley de bioinsumos, el organismo nacional informó a los diputados provinciales Miguel Núñez y Carlos Rovira a través de un informe oficial, que los productos que el ministerio del Agro, el IMAC y otros organismos provinciales vienen repartiendo desde hace más de un año, no están aprobados, no deben contener sellos del SENASA y no pueden aplicarse en forma concentrada porque se trata de insecticidas. Además, entre las múltiples irregularidades cometidas se aclara que estos productos ni siquiera se pueden fabricar en Misiones como lo está haciendo la empresa AgroSustentable.
La polémica con los “bioherbicidas” y su potencial para reemplazar al glifosato parece haber terminado. Es que un escándalo político e institucional de alcances imprevisibles se desató en las últimas horas al hacerse público el lapidario informe del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) sobre la situación de los “bioinsumos” que el gobierno provincial viene repartiendo en las chacras de Misiones desde hace más de un año, violando casi todas las normas conocidas y posiblemente afectando el ecosistema y el medioambiente de la provincia, al emplear como “herbicidas” lo que en realidad son insecticidas administrados aplicados de manera hiperconcentrada.
A través de una nota oficial, el organismo nacional brindó un informe detallado sobre la situación de los “bioinsumos” que fabrica la empresa AgroSustentable de manera ilegal en la biofábrica de Posadas, según se desprende de las consideraciones del SENASA remitidas formalmente a los diputados provinciales Miguel Núñez (del PRO, quien solicitó el informe) y Carlos Rovira (de la Renovación, quien impulsó la Ley VIII – N° 103 de “promoción de los bioinsumos”) el pasado 9 de agosto.
El informe al que tuvo acceso este portal, deja en claro que los “bioherbicidas” que están siendo repartidos y aplicados en cientos (o miles) de hectáreas misioneras, carecen de todo aval del Senasa y que se están violando las normas más elementales. Este accionar del Ministerio del Agro y otros organismos provinciales – posiblemente el IMAC (Instituto de Macroeconomía Circular)– acarrearía consecuencias civiles y penales, sin mencionar la contaminación del suelo con insecticidas a niveles que aún no se puede determinar. La nota dirigida a Núñez con copia a Rovira, número (NO-2024-84651369-APN-DNPV#SENASA) hace referencia al informe solicitado en la reunión que productores agropecuarios misioneros y el mencionado diputado del PRO mantuvieron con autoridades del SENASA en Buenos Aires, a fines de julio.
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“Me dirijo a Usted en referencia a lo solicitado en la reunión mantenida el 23 de julio de 2024 junto con representantes de los diversos sistemas productivos de la provincia de Misiones. En virtud de ello, llevo a su conocimiento que los productos alcanzados por su consulta están registrados por la empresa BIOINSECT S.R.L., la que es titular de los registros que se detallan a continuación:
*N° de registro 41184 – marca BIORETARD – clase de uso: Insecticida – Acaricida – Coadyuvante – Fitorregulador
*N° de Registro 41100 – marca BIOHFRB – clase de uso: Insecticida – Acaricida – Coadyuvante
*N° de Registro 41013 – marca BIOINSECT – clase de uso: Insecticida – Acaricida – Coadyuvante
“En virtud que los registros de BIOINSECT S.R.L., están referenciados en el registro de un tercero, el que es elaborado por la empresa autorizante en Tucumán, no deben ser elaborados en otro establecimiento diferente al del registro original de la empresa que autoriza. En caso de ser elaborados en otro establecimiento distinto al de origen, correspondería tramitar otro registro como origen adicional del producto formulado”, aclara el crítico informe que apunta a una presunta irregularidad que estaría cometiendo la empresa AgroSustentable, con el aval del ministerio del Agro y el de Industria.
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Asimismo, prosigue la nota remitida por el SENASA, los “productos citados son elaborados a base de Mezcla de Esteres y Jabones Provenientes de ácidos de Aceites Vegetales Transesterificados con Sucrogliceridos al 80% y no poseen la clase de uso herbicida aprobada.”
“La ampliación de uso como herbicida debe ser solicitada, presentada y tramitada por la empresa titular del registro original del cual se referencian los demás registros, cumpliendo con lo establecido en la Resolución SAGPyA Nº 350/1999”, subraya el SENASA dejando en claro que el producto conocido como “bioherb” que la provincia viene distribuyendo en cientos de chacras misioneras, es un insecticida que no puede emplearse como herbicida, como lo pretende el gobierno provincial para “promocionar” los bioinsumos, prohibiendo el empleo del glifosato y otros herbicidas químicos.
En tanto, “todos los productos aprobados y registrados en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal deben expenderse y distribuirse identificados con las etiquetas aprobadas por la Dirección de Agroquímicos y Biológicos de SENASA de acuerdo con lo establecido por las Resoluciones SAGPyA N°350/1999 y Senasa N°367/2014”.
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En un tramo saliente de la nota remitida a Rovira, el SENASA detalla lo siguiente: “La empresa AGRO SUSTENTABLE S.A. no posee registros de sustancias activas ni productos formulados fítosanitarios bajo su titularidad, por lo que los productos fitosanitarios que distribuya deben estar identificados con sus rótulos aprobados a nombre de las empresas titulares de los registros, no pudiendo contener el logotipo de SENASA”. Esto quiere decir, entre otras cosas, que los productos entregados por la empresa al gobierno de la provincia, y repartidos por organismos provinciales, no deben contener el rótulo del SENASA como se lo puede observar en las múltiples imágenes que circulan sobre estos “ensayos” completamente ilegales que se vienen concretando en Misiones desde, por lo menos, principios del 2023.
Por último, el SENASA aclara cuál es la superficie máxima en la que podrían realizarse las pruebas de los bioinsumos utilizados como herbicidas por las autoridades provinciales, previa autorización del organismo rector.
“Asimismo le informo que los productos formulados entregados a cualquier título, es decir, vendidos o por entrega gratuita con destino a ensayos o pruebas deben cumplir con la Resolución Senasa N°324/2011 previo a su distribución, la que limita la superficie total de las pruebas a VEINTE (20) hectáreas totales en todo el país y los mismos no pueden contener en su identificación el logotipo de Senasa”, señala el SENASA en el documento enviado el pasado 9 de agosto a Rovira, que deja al desnudo la irregularidad más flagrante cometida por las autoridades provinciales, es decir, el empleo de un producto ilegal en cientos o miles de hectáreas en la provincia.
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El informe y nota lleva la firma del Director Nacional de Protección Vegetal del SENASA, Diego Quiroga, es decir, la máxima autoridad en el área de los fitosanitarios. Las consecuencias legales de este reporte, que liquida toda pretensión de reemplazar los herbicidas homologados por los “bioherbicidas” (en realidad insecticidas) que fabrica AgroSustentable, son de alcance imprevisible. Uno de los que estaría investigado, si se iniciara una acción penal por la distribución ilegal de estos productos, sería el ministro del Agro, Facundo López Sartori. Y otro, sería el CEO de AgroSustentable, Joaquín Basanta.
Por otra parte, este informe viene a confirmar lo que sospechó el ingeniero agrónomo Manfredo Seifert, quien dialogó con este portal sobre una prueba empírica que realizó con macetas en su chacra, comprobando la toxicidad de los bioherbicidas de AgroSustentable repartidos por el gobierno provincial: utilizados en la concentración recomendada por las autoridades misioneras, el producto no sólo destruyó lombrices, sino que directamente las disolvió en la tierra.
Asimismo, el informe no sólo desmiente lo que el gobierno provincial y la empresa en cuestión vienen sosteniendo públicamente sobre los bioherbicidas –que son amigables con el ambiente y que pueden reemplazar al glifosato–, sino que recalca que la autoridad de control de estos productos es el SENASA y no el ministerio del Agro, como lo pretende el gobierno provincial.
