La situación de OSPRERA, la obra social de los trabajadores rurales, atraviesa una crisis sin precedentes, según denunció Rubén Alves, exsecretario general de UATRE en Misiones. En agosto, la Superintendencia de Servicios de Salud intervino la entidad debido a irregularidades financieras, pero el problema parece haber escalado.
“Es una situación lamentable y muy preocupante. Estamos echando por la borda años de trabajo. Hoy la obra social no puede cumplir ni siquiera con las prestaciones médicas obligatorias”, afirmó Alves en diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5.
En Misiones, OSPRERA cuenta con 70.000 titulares afiliados más sus familias. Sin embargo, las prestaciones están suspendidas en la mayoría de las clínicas y las cirugías se reprograman indefinidamente.
“Se está consiguiendo remedio a cuenta gotas. Los afiliados no logran turnos ni atención. Es una situación desesperante”, describió el exdirigente gremial.
Denuncias de corrupción y mala administración
Alves apuntó directamente a la gestión nacional de UATRE y Osperera como responsables de la debacle:
“La única responsable es la mala administración de la Comisión Nacional. Faltó muchísima plata, 3.500 millones, según la auditoría. Mientras tanto, los directivos cobraban sueldos siderales y acá no te reintegraban ni un pasaje al afiliado. Fue el colmo de los colmos”.
En un giro que Alves calificó de “insólito”, el interventor designado por la justicia, Acuña, fue nombrado director de la obra social tras su paso por la intervención.
“Imagínense qué acuerdo habrán hecho. El mismo interventor que debía regularizar la obra social hoy forma parte del directorio”, subrayó.
Además, cuestionó la aprobación de balances falsos por parte del Congreso Nacional del gremio en 2023:
“Presentaron los estados contables diciendo que todo estaba en perfecto estado, y al mes la obra social fue intervenida de nuevo por faltante de dinero. Esto muestra la connivencia entre el gremio y los interventores”.
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Responsabilidades locales
En Misiones, Alves señaló directamente a los responsables de UATRE y Osperera: Raúl Morín, Carmelo Rojas y Ricardo Blanco.
“Son los que levantaron la mano para aprobar los balances y la gestión del interventor. Hoy no pueden ni dar la cara a los afiliados. Son cómplices de una causa que involucra un faltante millonario”, afirmó.
Alves también criticó el sistema de corresponsabilidad gremial, que obliga a los trabajadores del sector yerbatero a mantenerse en Osperera:
“Si los afiliados tuvieran libertad de elegir, esta obra social no tendría a nadie. Es una situación muy complicada que afecta a miles de familias”.
Las denuncias de Alves reflejan el colapso de un sistema que debería garantizar derechos básicos para los trabajadores rurales y sus familias. Con tratamientos oncológicos en riesgo y la atención médica paralizada, los afiliados de OSPRERA enfrentan una grave crisis humanitaria.
“Estamos muy preocupados. Esto no es solo un problema financiero, es un problema de vida o muerte para muchas personas”, concluyó Alves.
