En una histórica reunión en Dos de Mayo, de la que participaron productores, empresarios pymes, exportadores primarios y representantes de Coninagro, CRA, SRA y FAA, el sector ratificó su pedido para que se postergue o sea derogada la norma provincial que prohíbe el uso de herbicidas químicos.
Con la presencia de una docena de asociaciones rurales, productores, agricultores, empresarios pymes y exportadores primarios, acompañados por referentes de la Mesa de Enlace del campo (CRA, SRA, FAA y Coninagro), diputados y dirigentes políticos, se desarrolló una histórica asamblea en la Picada Indumar en la localidad de Dos de Mayo.
Allí se acordó un pronunciamiento en contra de la entrada en vigencia de la Ley de Bioinsumos, que prohíbe el uso de herbicidas y fertilizantes químicos a partir del 2025. Este proyecto impulsado por el diputado provincial y exgobernador Carlos Rovira, está hecho a medida de la empresa Agro Sustentable, la única productora de “bioinsumos” que aún no están aprobados por el Senasa y por la FDA norteamericana.
Los productores y dirigentes que participaron de la asamblea en Dos de Mayo, acordaron proponer un abordaje inmediato del tema en la próxima sesión legislativa de la Cámara de Representantes de Misiones. Por medio de un tratamiento sobre Tablas del Proyecto que propone la Derogación de los Artículos 7 y 8 de la Ley III Nº 103 “Ley de Promoción de Bioinsumos”, presentado en el mes de febrero en la Cámara de Representantes, o bien, con el otorgamiento de una prórroga consecuente con los tiempos necesarios para encontrar un reemplazo para los herbicidas químicos, que sea un producto biológico de resultados comprobados en las actividades agropecuarias y forestales misioneras y que sea de costos accesibles para los productores.
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Este medio cubrió in situ la histórica asamblea, de la que participaron representantes de CONINAGRO, Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), FEDECOP, Sociedad Rural de Misiones, Sociedad Rural Ovina Caprina, Equina y Porcina de Misiones, Asociación de Ganaderos Unidos del Alto Uruguay, Asociación Civil Agricultura Forestal, APICOFOM, AMAYADAP, Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM), Movimiento de Trabajadores del Alto Uruguay, Asociación Agro Ganadera de Bernardo de Irigoyen, La Soberana, Productores Autoconvocados, y la Asociación Civil de Productores Forestales Ganaderos.
Dirigiéndose a los productores, uno de los referentes nacionales de Coninagro, subrayó que la prohibición de glifosato “era un tema que hoy afecta a la agenda del sector en la provincia, pero que puede trascender la provincia y convertirse en un problema para la agenda del sector a nivel nacional”.
“Por eso, (…) el año pasado yo quisiera leer puntualmente cuáles son las acciones que hizo la mesa de enlace, entendiendo las consecuencias que tomaron las autoridades en las legislativas, en la Provincia de Misiones, hizo la presentación el 15 de septiembre del 2023, las cuatro entidades del sector que componen la mesa de enlace, (…) promovieron la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la ley VIII – N° 103 que dispone la prohibición del uso del glifosato en todo el territorio de la provincia a partir del 2025”, puntualizó.
“Eso fue el 15 de septiembre del año pasado. El 22 de noviembre del 2023 se emitió el dictamen del Procurador General de la Nación (Eduardo Casal), quien se pronunció a favor de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia para entender en esta causa. Eso es lo que está a favor, es decir, que la hemos presentado en el ámbito que corresponde y necesitamos que se pronuncie. Y el 22 de mayo del 2024, presentamos el escrito en la causa, solicitando a la Corte Suprema de la Nación, su pronunciamiento en el menor tiempo posible ante todo el daño que produce la demora ante la invención de la operatividad normativa de la ley sancionada”, señaló el referente.
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Tal es el compromiso “que ha asumido” y lo que “ha realizado la acción concreta sobre este tema, las entidades nacionales del sector. Yo quiero decir que lo que es importante es el acompañamiento de las entidades, pero lo que es muy importante es lo que acá está pasando. Son los propios productores y la presencia de la política, porque esto no es una cuestión de que uno entiende una posible confrontación con la política. Esto se va a resolver desde la política”, aclaró el dirigente de Coninagro.
“Creo que el sector tiene bien en claro cuál es su función que genera riqueza, pero además producir cantidad de alimentos, en condiciones de calidad, sanidad e inocuidad y en armonía con el medio ambiente”, enfatizó el dirigente, recogiendo lo que había mencionado un funcionario del Senasa.
“Ya el sector ha dado más de un ejemplo de lo que está dispuesto a hacer cuando hacemos los aportes que hacemos a las cajas de las distintas administraciones nacionales, provinciales y municipales y cuando además tenemos la idea de seguir produciendo. Así que nadie más que nosotros está asumiendo el compromiso que tenemos un tema tan importante como la producción de comida, garantizar la soberanía con seguridad alimentaria y que de eso depende cómo tratemos nuestro medio ambiente para tener una continuidad en el tiempo”, enfatizó.
Asimismo, el dirigente puso de relieve que van a seguir “acompañando lo que ustedes deciden, poder seguir siendo un actor más para lograr la reunión con la dirigencia política de la provincia, para explicarle las consecuencias para nada favorables que tiene ni para el sector, ni para el resto de la comunidad, ni para el conjunto de las economías regionales, este tipo de decisiones tomadas con ausencia del actor principal que es el productor, pero también de la comunidad científica que es la que acá se va manifestando. Para algo tenemos nuestras universidades nacionales, para algo forman esas universidades nacionales los profesionales que nos asesoran, para algo investigan, para algo tenemos el SENASA, para algo tenemos un INTA, que todas serán perfectibles, están para mejorarse, pero que no podemos desconocer la trayectoria, el aporte y el reconocimiento internacional que tienen”, puso de relieve el dirigente, apuntando a la falta de una certificación del Senasa para los bioinsumos que el gobierno de Misiones pretende que suplanten al glifosato y otros herbicidas químicos.
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Para este referente, el SENASA “garantiza a los otros mercados determinadas cuestiones como las que mencionamos, no lo de la calidad, sanidad e inocuidad del alimento que producimos, cuando va a afuera (exportación). Y que obviamente lo garantizamos también para el mercado interno. Así que nuestra predisposición de lo que ustedes resuelvan hoy, llevarlo a nivel nacional, acompañar en las acciones desde la mesa de enlace, como lo estábamos haciendo, y la preocupación de hacer entender”, subrayó.
“No se pueden tomar decisiones así con la ausencia de los actores de la comunidad científica y de los actores de la producción”, sentenció.
Por su parte, Darío Bruera, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM), fue lapidario con el gobierno renovador y con los diputados del oficialismo provincial, por sancionar una ley que perjudica a todos los misioneros.
“Quiero pedirles a los integrantes de la Mesa de Enlace que nos representan que vayan con más ímpetu y que sigan apretando la justicia para que se expidan a la brevedad sobre esta cuestión porque, realmente es una inconstitucionalidad. Y no solo una inconstitucionalidad sino que nos deja fuera la competencia de los productores misioneros y es un ataque directo a los productores misioneros”, fustigó Bruera.
Y en esta línea, remarcó que con la ley Rovira de los Bioinsumos, “no estamos protegiendo a la población, porque a Misiones va a seguir entrando productos, fideos, carne, maíz, no sé, pollo, lo que se consuma en misiones, va a seguir entrando en otras provincias que se producen con glifosato. O productos que se producen en otros países con glifosato. O sea, no vamos a estar cuidando la población”, disparó.
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“Tampoco vamos a estar cuidando el ambiente. Porque vamos a tener que recurrir a productos químicos mucho más potentes, para controlar la maleza que hoy lo hacemos. O vamos a tener que recurrir a métodos de control mecánico o manuales, volviendo a viejas recetas que tando daño hicieron a la agricultura”, advirtió Bruera sobre métodos mecánicos de desmalezamiento que terminan dañando el suelo.
La ley de bionisumos “atraviesa a todos los productores, atraviesa al pequeño productor, atraviesa al productor grande, al mediano. La atraviesa al yerbatero, al tealero, al forestal, al ganadero. Nos atraviesa a todos, sin duda. Esto no es una cosa menor”, enfatizó Bruera, insistiendo en que la ley Rovira de los Bioinsumos, también afectará al control de plagas por medio de los insecticidas químicos, también prohibidos desde 2025.
Esta “es una medida que ataca directamente a (nosotros). El gobierno provincial no solamente que no tiene política productiva, sino que está en contra del campo productor misionero. Estas personas quieren que se termine la generación que está trabajando hoy en este país y que no venga más nadie, porque nos están obligando a volver a carpir, nos están obligando, en un tiempo que estamos con una provincia start-up, que estamos con el mundo, con el boom de la tecnología, y esto viene a sacarnos herramientas de trabajo. Muchachos, pensemos un poco, veamos que vamos a hacer, pero este no es el camino creo que acá hay que volver, repensar esta ley” o “derogarla”, para que “no entre en vigencia”, sentenció.
De la reunión participaron diputados provinciales del PRO y de Activar, dirigentes de la UCR y del Partido Agrario y Social, todos alineados con el reclamo de los productores para que no les prohíban el uso de herbicidas, insecticidas e insumos agropecuarios que están aprobados a nivel nacional e internacional.
