El archivo de la causa por el uso de bioinsumos como el glifosato en Misiones, impulsada por el diputado Miguel Núñez y patrocinada por el abogado Fernando Acosta, continúa generando controversia, no solo en el ámbito judicial, sino también en la esfera política y mediática de la provincia. El abogado Acosta explicó la situación actual de la causa y su participación como denunciante.
La decisión del juez Ariel Lijo de archivar la causa fue fuertemente cuestionada por Acosta, quien alegó que el proceso judicial no se llevó a cabo de manera transparente y que aún hay espacio para nuevas denuncias, especialmente considerando las pruebas adicionales que han surgido en los últimos meses.
En diálogo con Alejandro Chini y Bryan Villalba en el programa “La Última Rosca” de Radio Up 95.5, el abogado Acosta explicó en detalle su participación en la causa y las irregularidades que, a su juicio, caracterizaron el manejo del expediente. “Mi participación fue como patrocinante letrado del diputado Miguel Núñez”, aclaró de entrada, enfatizando que su rol fue estrictamente profesional y que la denuncia fue presentada en base a documentación y pruebas que, en ese momento, indicaban la posible comisión de un delito.
“El trabajo profesional fue, como en toda denuncia penal, transmitir la noticia del probable delito que se podría estar cometiendo derivado de las documentales y pruebas que nosotros teníamos o de las que teníamos conocimiento”, explicó.
En este sentido, Acosta destacó que la denuncia fue presentada ante el fiscal de turno, pero que, sorprendentemente, “no fuimos notificados en el expediente en ningún momento para ratificar la denuncia. Ni siquiera fue notificado el denunciante, que es el diputado Miguel Núñez”, subrayó. Este paso, según Acosta, era crucial en el proceso judicial, ya que solo después de la ratificación de la denuncia el denunciante puede constituirse como querellante y tener un papel activo en la investigación. “Hay un paso muy importante en el orden procesal que no sabemos por qué no se cumplió”, afirmó con desconcierto.
La labor del fiscal y el archivo de la causa
Por otro lado, Acosta abordó la cuestión del rol del fiscal en el archivo de la causa. Según el abogado, en cualquier denuncia penal, “no se le puede exigir al denunciante que aporte todas las pruebas. Eso es tarea del fiscal”. Sin embargo, en este caso, el fiscal no impulsó la investigación como se esperaba, y finalmente la causa fue archivada sin una investigación exhaustiva. “Evidentemente no hubo intención de investigar acá”, afirmó Acosta, sugiriendo una falta de interés por parte del fiscal en esclarecer los hechos denunciados.
A su vez, el abogado cuestionó la decisión del juez Ariel Lijo de archivar la causa sin que se haya dado la oportunidad de ratificar la denuncia. “Desconozco las causas del juez Lijo de archivar la denuncia”, declaró, añadiendo que la falta de notificación a los denunciantes y la ausencia de un proceso adecuado generan muchas dudas sobre el manejo del caso.
A pesar de este revés, Acosta fue enfático al señalar que el archivo de la causa no constituye un cierre definitivo. “Esto no hace a cosa juzgada. Puede dar lugar a que se presenten otras denuncias del mismo tema, más con las últimas pruebas que han surgido en los últimos meses”, afirmó.
En esta línea, Acosta se refirió a la aparición de nuevas pruebas relacionadas con el uso de glifosato en la provincia, que terminaron por salir a la luz desde que se presentó la denuncia inicial en agosto de 2023. “Después de esa fecha, hubo muchas pruebas que también se hicieron públicas y que cambian totalmente la situación”, explicó.
Estas pruebas adicionales, según el abogado, refuerzan las sospechas de irregularidades en el uso de este herbicida y hacen aún más incomprensible la decisión del fiscal de no investigar a fondo. “Es decir, en las redes de información, en todos los periódicos, hay más que pruebas, información que inexplicablemente el fiscal no las miró”, criticó Acosta.
Este hecho llevó a que varias personas, incluidas las directamente afectadas por el uso del glifosato, expresen su intención de presentar nuevas denuncias. “Creo que eso va a acontecer por las inquietudes que me están haciendo llegar”, adelantó Acosta. Para él, las pruebas emergentes hacen que la denuncia inicial cobre mayor relevancia y abre la puerta a una posible reapertura del caso.
Además, dejó en claro que la decisión de archivar la causa “no inhibe al diputado Núñez o a quien quiera de poder presentar otras denuncias referidas a este mismo hecho”.
Campaña de desprestigio y ataques personales
Por otra parte, Acosta también denunció lo que considera una campaña de desprestigio en su contra, impulsada por sectores del poder provincial. Según el abogado, desde que se presentó la denuncia se mantuvo como objeto de ataques personales a través de medios de comunicación afines al gobierno provincial.
“Hay una orden que se dio desde el poder provincial a los medios allegados al poder de escracharme, con la evidente intención de sacarme de lado en esta causa”, denunció. El abogado explicó que estos ataques buscan desacreditar su trabajo profesional y poner en duda su capacidad como profesional, lo que considera una clara violación de su derecho a ejercer su profesión libremente.
Acosta, sin embargo, se mantuvo firme en su postura y afirmó que estos intentos de desprestigio no lo disuadirán de seguir adelante con su labor. “Esto constituye un ataque a la profesión. Me están queriendo amedrentar”, declaró, destacando que su único objetivo es llevar adelante su trabajo como abogado en defensa de los intereses de su cliente, el diputado Miguel Núñez, y de todos aquellos afectados por el uso del glifosato en Misiones. “No tengo tiempo para la política. Vivo de la profesión y me dedico a estos temas nada más”, enfatizó.
Acosta recordó que, además de la denuncia archivada, existen otras causas judiciales relacionadas con el uso de glifosato que aún están en trámite, tanto a nivel provincial como nacional. Entre estas, destacó una acción de inconstitucionalidad presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones y otra acción similar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ambas causas están en proceso y, según Acosta, podrían tener un impacto significativo en la regulación del uso de herbicidas en la provincia. “Todavía no hubo pronunciamiento de estos máximos tribunales”, explicó, añadiendo que en ambas causas ya se han emitido dictámenes favorables por parte de los procuradores generales.
Asimismo, Acosta mencionó otra causa presentada en el Juzgado Federal de Oberá, relacionada con un bioinsumo que supuestamente se estaba produciendo en Misiones como sustituto del glifosato. Según un informe del SENASA, este producto no cumplía con las normativas correspondientes, lo que llevó a Acosta a solicitar una medida cautelar autónoma. “El producto que promociona esta firma no estaba siendo elaborado acá en Misiones y no contaba con las autorizaciones correspondientes del SENASA”, explicó.
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Por último, Acosta se refirió a la aplicación del Decreto 1608, que establece las condiciones bajo las cuales se podría prorrogar la entrada en vigencia de la prohibición de este herbicida en la provincia. En este sentido, el abogado fue claro al señalar que la prórroga establecida en dicho decreto no es automática ni generalizada, sino que responde a excepciones específicas.
“En el artículo primero del decreto 1608 se establece que esa prórroga es por excepción, y la excepción es para quienes acrediten algunas condiciones exigidas por las certificadoras respecto a la utilización de los productos en la agricultura”, apuntó Acosta.
Además, indicó que “no solo hay que acreditar que se afecta la producción, sino que hay que formar parte de un procedimiento que ellos llaman ‘amigables con el medio ambiente’, que ni siquiera dicen en qué consiste”.
“Esto está poniendo en serio riesgo la continuidad de la producción en la provincia”, alertó. Para el abogado, la falta de claridad y la imposición de requisitos adicionales sin una infraestructura administrativa adecuada podrían derivar en un conflicto social y económico de gran magnitud. Según él, casi la totalidad del arco productivo de Misiones —78 empresas y productores— se ven afectados por estas medidas. “Estamos hablando casi de la totalidad del arco productivo de la provincia de Misiones, y esta gente, es decir, los dirigentes políticos que están en el gobierno, no quieren ver este problema”, denunció Acosta.
La falta de acción por parte del gobierno provincial, en opinión de Acosta, está llevando a la provincia a un callejón sin salida. «No lo quieren ver. Entonces, es un problema y no puede ser que se esté llevando esto a un conflicto que no lleva a ninguna solución», concluyó.
